El presidente del Congreso, José Bono, se ha mostrado este martes convencido de que la reforma de la Constitución que ha propuesto el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para fijar un límite de déficit, podría hacerse antes de la disolución de las Cortes, prevista para el próximo 26 de septiembre.
Así lo ha asegurado el presidente del Congreso en los pasillos del Congreso al ser preguntado sobre la idea lanzada por el jefe del Ejecutivo en el Pleno extraordinario que celebra la Cámara Baja y que ha sido acogida favorablemente por el líder del PP, Mariano Rajoy.
Concretamente, Zapatero es partidario de retocar la Carta Magna para establecer una regla que garantice la estabilidad presupuestaria en el medio y largo plazo, tanto en relación con el déficit estructural como en la deuda, una reforma que vincularía a todas las administraciones públicas.
"En términos reglamentarios, cumpliendo determinados plazos y prescripciones puede modificarse la Constitución antes de que finalice la presente legislatura. Así se lo he hecho saber a quien me lo ha preguntado", ha comentado Bono en los pasillos del Congreso.
La fórmula propuesta por Zapatero es que sean los grupos parlamentarios los que impulsen la modificación constitucional a través de una proposición de ley que sería tramitada por la vía de urgencia y en lectura única. Tras su registro en el Congreso, el Pleno podría tomar en consideración el texto un martes y dos días después aprobarlo para su remisión al Senado.
NO ES NECESARIO REFERÉNDUM
Por su parte, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha subrayado que esta reforma constitucional no requeriría la celebración de un referéndum y que, dada la existencia de acuerdo entre los dos principales partidos, "puede hacerse con relativa rapidez".
El artículo 167 de la Carta Magna establece que los proyectos de reforma constitucional deben ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras, lo que en este caso estaría garantizado con los votos de PSOE y PP. Pero, si en los 15 días siguientes a la aprobación la décima parte de los miembros del Congreso o el Senado lo solicitan, debería ser sometida a referéndum.
Por otra parte, la Constitución prevé que si la reforma supone una revisión total del texto constitucional o una parcial que afecte al Título Preliminar, a los derechos fundamentales y libertades públicas o a la Corona, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y después habría que disolver las Cortes.
Las nuevas Cámaras tendrían que ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. Una vez avalada la reforma por las Cortes Generales, la modificación sería sometida a referéndum para su ratificación.
