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4 de junio de 2009, 8:02
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 03.06.2009
El pleno del Parlamento de las Islas Baleares aprobó el martes, con la abstención del PP, la Ley de Servicios Sociales que establece que todo ciudadano tendrá garantizados unos mínimos de comida, ropa y techo y que, en el actual marco de crisis económica, prevé la protección de las personas que se encuentran en situación de dificultad. Es la primera vez que una Comunidad autónoma aprueba una ley de estas características.
A partir de la aprobación de la normativa, se iniciará un periodo transitorio de una duración estimada de 18 meses que servirá para elaborar una cartera de servicios sociales que se aprobará por decreto y que definirá los "derechos subjetivos" que cualquier persona podrá reclamar ante los tribunales.
De acuerdo con lo establecido en el texto de la normativa, una vez se haya valorado técnicamente que una persona o familia se encuentra en situación de necesidad que le impide acceder a una alimentación suficiente, la Administración estará obligada a suplirla a través de diversas posibilidades, como el establecimiento de comedores sociales, bolsas de alimentos y becas para comedores.
Si la Administración no lo hace, el afectado podrá acudir a tribunales para exigir el cumplimiento de este derecho subjetivo a no pasar hambre. El PP se abstuvo argumentando que no queda claro quién asumirá el coste de las garantías que contempla la ley.
Otras comunidades tienen medidas similares dentro de la cartera de servicios sociales de las respectivas consejerías de Asuntos Sociales. Sin embargo, las islas se convierten desde hoy en la primera región que vincula a una ley la garantía de estos derechos, en las mismas condiciones que la sanidad y la escolarización gratuita, según ha aclarado la consejera del ramo, Fina Santiago.
El pleno del Parlamento de las Islas Baleares aprobó el martes, con la abstención del PP, la Ley de Servicios Sociales que establece que todo ciudadano tendrá garantizados unos mínimos de comida, ropa y techo y que, en el actual marco de crisis económica, prevé la protección de las personas que se encuentran en situación de dificultad. Es la primera vez que una Comunidad autónoma aprueba una ley de estas características.
A partir de la aprobación de la normativa, se iniciará un periodo transitorio de una duración estimada de 18 meses que servirá para elaborar una cartera de servicios sociales que se aprobará por decreto y que definirá los "derechos subjetivos" que cualquier persona podrá reclamar ante los tribunales.
De acuerdo con lo establecido en el texto de la normativa, una vez se haya valorado técnicamente que una persona o familia se encuentra en situación de necesidad que le impide acceder a una alimentación suficiente, la Administración estará obligada a suplirla a través de diversas posibilidades, como el establecimiento de comedores sociales, bolsas de alimentos y becas para comedores.
Si la Administración no lo hace, el afectado podrá acudir a tribunales para exigir el cumplimiento de este derecho subjetivo a no pasar hambre. El PP se abstuvo argumentando que no queda claro quién asumirá el coste de las garantías que contempla la ley.
Otras comunidades tienen medidas similares dentro de la cartera de servicios sociales de las respectivas consejerías de Asuntos Sociales. Sin embargo, las islas se convierten desde hoy en la primera región que vincula a una ley la garantía de estos derechos, en las mismas condiciones que la sanidad y la escolarización gratuita, según ha aclarado la consejera del ramo, Fina Santiago.
