lunes. 15.04.2024
Joaquim Bosch

Jueces para la Democracia se ha pronunciado sobre el tema de Bankia y ha pedido una investigación para depurar responsabilidades de todo tipo. Anticorrupción ha dado el primer paso. ¿Cree que veremos sentados en el banquillo a los presuntos responsables de este desastre?

Si hay indicios de delito sí. Eso no se puede anticipar, pero creemos que hay elementos suficientes para que se abra una profunda investigación, puesto que estamos hablamos de cantidades de una enorme magnitud y que en parte explica los acontecimientos que hemos vivido en las últimas horas sobre el rescate. Por la enorme magnitud del agujero que ha quedado, parece razonable pensar que pueden haberse producido irregularidades en la gestión, entre ellos de tipo penal. Hay toda una serie de gastos, ingresos, beneficios, de movimientos económicos, que muy probablemente con una gestión más acertada no se hubiera producido esa situación de vacío económico y creemos que se debe investigar. No puede ser que en nuestro país, por ejemplo, existan toda una serie de delitos en los que el Estado tenga que actuar inmediatamente, por ejemplo, con los inmigrantes, en los delitos contra la propiedad intelectual, contra los robos de escasa envergadura, con las alcoholemias… Es decir, en determinados casos nuestra legislación procesal impone una actuación muy rápida al derecho penal y en este tipo de situaciones que producen un daño gravísimo a la sociedad no hay ningún tipo de previsión. Hay que ver si lo que ha sucedido en Bankia encaja en algunos de los delitos de nuestro Código Penal y el legislador tendría que valorar si es razonable que las entidades financieras, las agencias de calificación también, los intervinientes en el mundo económico puedan provocar gravísimos daños al conjunto de la sociedad y que esto no tenga ninguna tipificación penal.

Su asociación está siendo bastante crítica con la gestión que está llevando a cabo el Gobierno del PP en sus primeros seis meses de mandato. Este fin de semana se ha producido el rescate a la banca española. ¿Significará esto una pérdida mayor de derechos, qué consecuencias puede tener para la sociedad española?

Situaciones como la del rescate lo que hace es abonar aún más el discurso del miedo que está siendo auspiciado desde el Gobierno

En estos meses se han producido las mayores restricciones de derechos fundamentales de nuestro país en democracia. Una reiteración continúa de medidas que lesionan derechos básicos de los ciudadanos en muy poco tiempo. Por un lado, vemos cómo la reforma laboral ha afectado a los derechos de los trabajadores, ha vulnerado el principio de negociación colectiva a unos niveles que no tienen precedentes. Por otro lado, ante todas las protestas que se están produciendo por la situación económica, todo lo que está conllevando el desmantelamiento del Estado social que está realizando el Gobierno se pretende criminalizar la protesta pacífica y se han anunciado el agravamiento de penas en determinados supuestos de protesta pacífica. Al mismo tiempo, también con el pretexto de la situación económica se pretende imponer un copago judicial que supone graves desigualdades procesales sobre todo en perjuicio de las clases medias y trabajadoras que supone que la Justicia quede reservada para quienes puedan pagársela, lo cual afecta a un derecho tan esencial como es el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Todo ello supone una reiteración al ataque de los derechos fundamentales, situaciones como la del rescate lo que hace es abonar aún más el discurso del miedo que está siendo auspiciado desde el Gobierno. Con ese discurso lo que se hace es favorecer que se pueda ignorar o laminar derechos fundamentales y que los ciudadanos tengan que acatarlo porque de alguna manera la alternativa es, o que se restrinjan voluntariamente los derechos o que, si no, se va a extender el caos en nuestro país. Este discurso del miedo que exhibe el Gobierno es muy censurable porque de alguna manera vulnera nuestro sistema de derechos.

Nos ha hablado sobre el copago judicial o de las medidas para “criminalizar la protesta pacífica”. ¿Cómo valora la gestión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón?

La actitud de Gallardón es dar continuos golpes de efecto con cuestiones que no requieren inversión y que al mismo tiempo son cortinas de humo para desviar los problemas reales

Nuestra posición es, en líneas generales, muy desfavorable a todas las medidas que esta anunciando Gallardón. El ministerio parte de la premisa de que no van a invertir en la Administración de Justicia y por tanto la actitud de Gallardón no es resolver los problemas de falta de medios, la implantación de la oficina judicial, en lugar de resolver problemas estructurales su actitud es dar continuos golpes de efecto con cuestiones que no requieren inversión y que al mismo tiempo son cortinas de humo para desviar los problemas reales. Por poner un ejemplo, el hecho de asignar las bodas a las notarías es otra forma de copago, significa privatizar un servicio público y lo que supone es algo irrelevante en el conjunto de la administración de justicia. Son medidas a golpe de titular en materia de justicia para dar la sensación ficticia de que se están realizando reformas cuando en general no se abordan los problemas reales. Los juzgados siguen acumulando asuntos, las demoras tienen un alcance considerable y sobre estos problemas, el ministerio de Justicia no está tomando decisiones, al contrario, y las pocas que toma son equivocadas como por ejemplo paralizar la creación de plazas judiciales. Nos encontramos con que en este país hace falta más jueces que nunca y él paraliza que salgan plazas de jueces pero sí saca a oferta pública plazas de policías. De alguna manera no se invierte en la garantía de la tutela de los derechos fundamentales pero sí que se anuncian medidas de carácter más represivo, se apuesta por respuestas policiales, lo que hemos calificado como el paso del Estado social al Estado penal. En lugar de buscar medidas de mantenimiento de nuestro Estado social, medidas de prevención social, medidas redistributivas de los recursos sociales y evitar todos los recortes que se están produciendo en los servicios públicos, lo que se hace es, por una lado, golpes de efectos propagandísticos pero poco eficaces respecto ala gestión y al mismo tiempo medidas restrictivas de derechos.

Entre las medidas anunciadas por Gallardón, ¿qué opina sobre la reforma para la elección de los jueces?

Se lanzó como un golpe de efecto más pero no conocemos todavía -a pesar de que han pasado varios meses-, cuáles son los detalles concretos de esa reforma que pueden ser muy importantes, puesto que con independencia de quien elija a los vocales del Consejo hay que ver las múltiples formas de elección. En este tema, JpD está afrontando un debate intenso, en el que partidarios de la elección interna y otros de la elección parlamentaria, que en cualquiera de los casos genera críticas porque puede plantear seguidismo en los vocales a los partidos tal y como esta diseñado. Es notorio que el nombramiento del presidente del TS y CGPJ fue pactado por Rajoy y Zapatero, con lo cual es un sistema que tiene muchas disfunciones y que ni siquiera personas de JpD que están a favor de la elección parlamentaria no están a favor de que se mantenga tal y como está. También hay un sector que considera que sería conveniente ir al sistema de elección directa por los jueces. Estamos ahora en pleno debate interno y en su momento tomaremos la decisión. El Consejo no solo tiene problemas de elección o nombramientos sino también en cuanto a su propia naturaleza, funciones, competencias, creemos que el debate del Consejo no debe limitarse solo sobre su composición sino a todo el conjunto del organismo.

“Hay elementos suficientes para abrir una profunda investigación sobre Bankia”