Nuevatribuna.es | Jueces para la democracia celebró hace unos días su XXVII Congreso Nacional donde se debatieron varios asuntos. Entre las resoluciones aprobadas, figura el ‘caso Dívar’. ¿Qué razones les han llevado a pedir su dimisión como presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo?
Joaquim Bosch | Hay que diferenciar dos planos. Uno sería el estrictamente judicial y el otro político. Por el lado de la investigación judicial, entendemos que la Fiscalía debería haber investigado puesto que del archivo de sus diligencias alegaban que había una serie de datos que desconocían por lo que no se podía aclarar si de alguna manera esos gastos eran públicos o privados, lo cual, ante la duda, lo más razonable sería investigar y no archivar. Ese sería el plano judicial que tendrá que determinar responsabilidades penales. Pero nosotros creemos que el señor Dívar debe dimitir sobre todo por responsabilidades políticas. Él está al frente del órgano de gobierno de los jueces y debe actuar de manera transparente y con actuaciones que no dejen lugar a dudas de que se han podido realizar actos poco éticos. Hay una serie de hechos que se han puesto sobre la mesa en los cuales se alega que ha podido gastar una serie de cantidades de un presupuesto que es público con un destino de carácter privado y ante ello, el señor Dívar no ha dado las explicaciones necesarias y no ha querido comparecer voluntariamente y se ha escudado en una especie de reserva que no está justificada ante el carácter reiterado de los viajes y unos destinos que no son propiamente los habituales de las actividades de representación que ostenta. Todo eso exigía una serie de aclaraciones para que los ciudadanos no pierdan la confianza en una institución tan importante como es el Poder Judicial. Ante esta falta de transparencia y de motivación sobre en qué se ha gastado el dinero publico, con qué finalidad, entendemos que, de acuerdo con el principio que prohíbe que los poderes públicos actúen de manera arbitraria, el señor Dívar de alguna forma no puede seguir representando al Poder Judicial porque esto hace que las instituciones pierdan credibilidad y por eso hemos pedido su dimisión.
Es cierto que Dívar no ha pedido voluntariamente su comparecencia en el Parlamento pero el PP ha vetado esta posibilidad. En el Congreso también se va a vetar el ofrecimiento de tres vocales para comparecer y dar cuenta de sus gastos. Por lo que se ve, hay cierta obstrucción política sobre este caso.
Carlos Dívar no puede seguir representando al Poder Judicial
Eso forma parte de las propias responsabilidades de los grupos parlamentarios que decidan que no quieran esa información. Hay que recordar que tanto el señor Dívar y otros vocales han comparecido en comparecencias de carácter más ordinario, sin temas que requiriesen tanta urgencia, sin diligencias penales abiertas en nuestro más alto tribunal y esto, efectivamente, produce cierta perplejidad; o como en otros momentos, simplemente para exponer informes sobre la situación ordinaria de la justicia y en este caso no se admite. Creo que los grupos parlamentarios que no lo admitan deberán explicar porque no están a favor de que exista transparencia, información y motivación de cómo se esta gastando el presupuesto público y son ellos son los que deben explicar la razón de su negativa.
¿Cree usted necesario un mayor control y transparencia en los gastos efectuados por los miembros de la Judicatura?
Sería pertinente que el Tribunal de Cuentas hiciera un análisis pormenorizado
Si entendemos que el caso Dívar de alguna manera exterioriza uno de los más grandes problemas del CGPJ que es una institución que a pesar de los cambios en su composición y también en la integración de sus miembros tiene importantes problemas en su gestión, también en cuanto a la explicación de muchas de sus decisiones, una de las que se han puesto de manifiesto es que no hay un control suficiente sobre los gastos que realizan sus miembros y pedimos que se haga una auditoría para que se aclare cómo se gasta cada euro y que el ciudadano tiene derecho a conocer. En última instancia, sería pertinente que el Tribunal de Cuentas hiciera un análisis pormenorizado. Cualquier medida sobre transparencia que se adopte en el Consejo debe ir acompañada por las auditorias independientes.
Eso no se ha hecho nunca…
Hay un control insuficiente sobre cómo se realizan los gastos y incluso había algunas normas que permitían que no se justificasen, lo cual creo que choca frontalmente con el principio de publicidad y transparencia del gasto público que los vocales y miembros del Consejo puedan gastar dinero de forma reservada sin que tengan que dar ninguna explicación. Lo que correspondería sería, por un lado, cambiar ese tipo de normas para que se puedan explicar y motivar los gastos y, por otro lado, que se cuente con métodos rigurosos de auditoría del gasto público que ahora mismo no existe.
En el mismo plano de una mayor exigencia de transparencia a las instituciones del Estado tenemos también a la monarquía con una reciente polémica por el viaje del Rey y también el veto que se ha producido en el Parlamento para exigir a la Casa Real una mayor información al respecto. ¿Cree necesario que en este asunto se haga un mayor esfuerzo de transparencia?
En una democracia constitucional todas las instituciones públicas y también la Jefatura del Estado tienen que dar explicaciones a los ciudadanos de cómo se efectúan los gastos en partidas que son públicas, que son aportadas por el conjunto de los ciudadanos a través de sus impuestos. Por tanto, entiendo también que no tendría que haber motivos para que la Jefatura del Estado informase de cual es el destino de todos estos gastos porque lo contrario implica que puede haber una afán de ocultación que es incompatible con la motivación de cómo se realizan las distintas partidas de gasto público y en ese sentido la monarquía no debe diferenciarse con lo que pudiera ser la Jefatura de una República de otros países como es Alemania o Francia, y si en esos países hay un control sobre los gastos no tiene sentido que en nuestro país no exista.
CASO GARZÓN Y VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO
Hablaba al comienzo de esta entrevista del daño que casos como el de Dívar puede provocar a la imagen de una institución como el CGPJ. Esa imagen quedó también ‘tocada’ por la sentencia del ya exjuez Baltasar Garzón. ¿Qué opina al respecto?
Hubo dos procesos distintos contra Baltasar Garzón. Por un lado, la sentencia del TS que acordó la inhabilitación de Garzón sobre la cual hay un recurso ante el Constitucional. En principio yo me limitaría a respetar la decisión del Supremo y a esperar a la decisión que tome el TC, por ser materia todavía objeto de una futura resolución judicial. Y por otro, la sentencia que absolvió a Garzón por la guerra civil y el franquismo. El Supremo, estableció que formaba parte de la libertad de interpretación de Garzón que esos crímenes pudieran ser investigadas aunque pudiera haber posiciones contrarias como la propia de la mayoría del Supremo que consideró lo contrario, que eso formaba parte del debate jurídico, de la independencia judicial y por tanto, aún no compartiendo la tesis de Garzón no se le podía condenar.
Pero, a partir de esa sentencia de absolución, queda un vacío legal: ¿qué tribunal es competente para investigar?
Efectivamente. En este caso queda dañada la imagen de la Justicia pero también el de las instituciones del Estado en su conjunto porque lo que ha fallado es que tenemos un Estado democrático que ha sido incapaz de dotarse de normas para los decenas de miles de ciudadanos que siguen enterrados en fosas comunes y esto, en una sociedad democrática, después de varias décadas de aprobarse la Constitución. Esto es inadmisible, y que los familiares de todas esas víctimas (quienes han sufrido las mayores violaciones de derechos humanos en el último siglo), que no tengan un Estado que tutele esos derechos eso es lo que daña a las instituciones. Puede haber cierta perplejidad en las víctimas porque en los tribunales no han permitido que se investiguen esos crímenes, pero no son necesariamente los tribunales los que tengan que resolver esta cuestión sino que tenía que haber sido el Estado a través de una ley mucho más avanzada que la que fue la Ley de Memoria Histórica el que tendría que haber articulado fórmulas para dar la tutela suficiente a los ciudadanos y que no tuvieran que verse frustrados por una actuación de los tribunales que no ha podido continuar porque las leyes españolas no han previsto una respuesta a dicha situación, eso es lo que puede dar cierta frustración a los ciudadanos de cómo funcionan y no solo los tribunales sino otras instituciones del Estado.
Pasando por anular la Ley de Amnitía.
Esa fue la interpretación del TS. Pero esto no se ha producido solo ahora contra el proceso contra Garzón. En su momento ya se consideró que la causa no podía ser llevada por la Audiencia Nacional y el Supremo ha acordado el criterio de que la Ley de Amnistía impide cualquier tipo de investigación penal, lo cual es un criterio que puede ser discutible en derecho pero es el que ha adoptado el TS y pese a que hay posiciones contrarias. Pero, lo cierto es que las víctimas del franquismo, lo que pretendían es una reparación que va más allá de lo penal, permitir que no hubiera muertos en las fosas. Lo que se insiste mucho es porqué el Estado no ha solucionado esta cuestión, que está en un plano muy diferente de lo que es la investigación penal de los culpables que en su mayoría ya han fallecido lo cual dificulta algún tipo de persecución penal. Pero lo que no había ninguna duda es que las victimas del franquismo merecían una protección estatal y que el Estado no ha tomado las medidas suficientes para ello.
