El ventajismo electoral le lleva a forzar los plazos legales para aprobar el presupuesto de 2016 sabiendo que es posible que no tenga la mayoría suficiente para aplicarlo
El gobierno del PP adolece de irresponsabilidad fiscal, que ya se manifestó con el primer presupuesto de la legislatura, el de 2012, que no se aprobó hasta bien entrado el ejercicio por una razón puramente electoral: ocultar los duros recortes que no se atrevió a anunciar hasta que se celebraron las elecciones andaluzas de aquel año. Ahora, otra vez, el ventajismo electoral le lleva a forzar los plazos legales para aprobar el presupuesto de 2016 sabiendo que es posible -e incluso probable o deseable según a quien se pregunte- que no tenga la mayoría suficiente para aplicarlo.
Pero, contra lo que se podía pensar, los presupuestos generales del estado para 2016 no son electoralistas, ni sociales, ni los de la recuperación. Son otro año más, y ya van cinco, presupuestos para el ajuste y los recortes. Son otra dosis de austeridad que esta vez ni siquiera se pueden justificar por la crisis. La economía española comparte una fase expansiva con todos los países de la Unión Europea que, según las previsiones del gobierno, llevará en el bienio 2015/2016 a un crecimiento del PIB cercano al 6,5% en términos reales y del entorno del 9,5% si se tiene en cuenta la inflación.
Estamos por lo tanto en una intensa fase de crecimiento que debería trasladarse a un incremento similar de los ingresos públicos, lo que a su vez permitiría aumentar el gasto para ir recomponiendo, poco a poco, los destrozos en los servicios públicos y en las prestaciones sociales de los últimos años. Pero esta no es la lógica de los PGE 2016, más bien todo lo contrario. El gobierno vuelve a presentar unas cuentas públicas restrictivas, en las que su apuesta es la reducción del déficit y las rebajas fiscales y, por lo tanto, se queda sin recursos para aumentar el gasto. Veámoslo en cifras.
Los ingresos consolidados del estado apenas crecen el 0,2% y eso significa su reducción en términos reales porque el IPC se situará al final del ejercicio en el entorno del 1,5%
Los ingresos consolidados del estado apenas crecen el 0,2% y eso significa su reducción en términos reales porque el IPC se situará al final del ejercicio en el entorno del 1,5%. En 2016 el estado dispondrá de menos recursos pero, además, la senda de consolidación fiscal obliga a una nueva reducción del déficit equivalente a 7.000 millones de euros. La consecuencia es que se queda sin margen para aumentar el gasto no financiero. Por eso en 2016 no va a gastar más sino menos y por lo tanto no son unos presupuestos expansivos, que impulsen el crecimiento, ni electoralistas porque no hay nada en ellos que mejore la vida de la gente.
En el análisis de las partidas de gasto más relevantes no es posible encontrar ninguna noticia realmente positiva: la inversión pública sube el 1%, las becas el 0,2%, las retribuciones de los empleados públicos el 1%, las pensiones el 0,25%... todas por debajo del incremento previsto de los precios.
Ni expansivas, ni electoralistas ni, desde luego, de carácter social, porque el colmo del cinismo es calificarlos así al mismo tiempo que se recorta en 5.483 millones de euros los recursos destinados a las prestaciones por desempleo. El gobierno de Rajoy está aplicando un plan de desmantelamiento de la protección a los desempleados: en 2011 se destinaron 32.000 millones de euros a prestaciones, lo que permitió dar cobertura al 80% de las personas sin trabajo. En 2016 nos gastaremos 13.000 millones menos pero pagando un alto precio: la tasa de cobertura va a estar ya por debajo del 50%. No es un ahorro, es un recorte antisocial.
Ni expansivas, ni electoralistas ni, desde luego, de carácter social, porque el colmo del cinismo es calificarlos así al mismo tiempo que se recorta en 5.483 millones de euros los recursos destinados a las prestaciones por desempleo
Para ocultar esta realidad el gobierno utiliza un argumento falaz. Dice que el resto del denominado gasto social va a aumentar el 3,5% pero oculta el dato fundamental: todo ese incremento lo provoca el aumento del capitulo de las pensiones, pero no por una decisión del gobierno, que prácticamente las congela con un ínfimo 0,25% de variación, sino por el aumento del número de pensionistas. No es el gobierno, es la dinámica demográfica del país.
Por la forma y los plazos para su aprobación más que un presupuesto podría pensarse que lo que ahora se presenta es un programa electoral, porque el discurso de la recuperación de la economía va a ser el centro de la campaña del PP y el presupuesto para 2016 debería ser el argumento central. Sin embargo lo que se va conociendo de los mismos, lejos de aportar novedades positivas para la gente, siguen por la senda de los recortes, en especial para los colectivos que dependen de forma directa de las cuentas públicas.
Van a sufrir un nuevo recorte los más de 9 millones de pensionistas que verán incrementadas sus pensiones el 0,25% cuando la inflación cerrará el año que viene en el entorno del 1,5%. Los apenas 2 euros mensuales que cobraran de más los pensionistas no les va a compensar la subida de los precios, dando continuidad aun proceso de reducción del poder adquisitivo de este colectivo tan numeroso.
Sufrirán todavía más los que más están pagando la crisis: los 5 millones de desempleados porque el gobierno va a seguir recortando en otros 5.000 millones de euros los recursos destinados a los servicios públicos de empleo. Porque no es cierto lo que dice el gobierno de que se gasta menos porque hay menos parados: solo una tercera parte es por la reducción del desempleo, los otros dos tercios son porqué cada vez hay menos parados cobrando prestaciones y porque la cuantía de la misma se ha reducido de forma significativa desde 2012. Aunque hay el mismo numero de parados que cuando Rajoy llegó a la presidencia desde entonces el gasto se ha reducido en 12.000 millones de euros.
El gobierno, siguiendo la lógica de clase del neoliberalismo, renuncia a aumentar los ingresos que le permitirían financiar un mayor gasto y prefiere en cambio bajar el IRPF a los tramos más altos de renta o el impuesto de sociedades a las grandes empresas
Tampoco le va a ir bien a los más de 2,5 millones de empleados públicos porque, aún aceptando que es mejor que nada, el 1% en el que se incrementará su salario va a estar por debajo del IPC. Por lo tanto 2016 será el séptimo año consecutivo en el que van a perder poder adquisitivo aumentando así el deterioro de su salario real, de su poder adquisitivo, que el algún momento tienen que empezar a recuperar.
El PP va a piñón fijo, da igual que la economía esté en recesión o en fase expansiva, siempre aplica la misma política: recortar los servicios y las prestaciones para reducir el gasto público. La austeridad no fue solo la respuesta a un problema con las cuentas públicas, es un eje central de su estrategia, tal y como la formula en el Programa de Estabilidad hasta 2018 recién presentado en Bruselas. Por eso, aunque la macroeconomía va bien a la gente le va val.
Desde el año 2009 hasta 2013 el gasto público, excluido el pago de intereses de la deuda, se redujo en 50.000 millones de euros. Un recorte enorme en el conjunto de las administraciones públicas (central, autonómica y local) que ha sido especialmente intenso en la sanidad, con una caída del gasto se del 23% en términos reales y en la educación con el 24%. Por lo tanto, los años de la gran recesión han sido también los del deterioro de las prestaciones sociales y de los servicios públicos fundamentales. Dejada atrás la recesión, llegó la hora de restañar las heridas en nuestro nivel de protección social.
El nuevo ciclo expansivo de la economía en la economía europea no solo permite financiarlo sino que lo hace necesario para el bienestar y el propio crecimiento, iniciando así el necesario proceso de recuperación de los niveles previos a la crisis, devolviéndoles el nivel de calidad que tenían antes de los recortes. Pero esta no es la intención del Partido Popular, sino todo lo contrario, ya que de forma explicita apuesta por la reducción sostenida y permanente del gasto público.
El presupuesto para 2016 es, otra vez, un presupuesto de ajuste y de recorte, no justificado por las previsiones económicas del gobierno y que solo se puede entender desde el fundamentalismo neoliberal del PP, de su estrategia a medio y largo plazo, tal y como se refleja en el Programa de Estabilidad 2015-2018 presentado por el gobierno a las autoridades europeas. En este texto de enorme relevancia esta reducción de lo público se expresa con total claridad: si el PP sigue con la responsabilidad de gobierno su plan es reducir en más de 5 puntos el gasto, medido como porcentaje del PIB. España ya es uno de los países de la Unión Europea en los que el estado gestiona una parte menor de la riqueza y, a pesar de ello, el PP quiere seguir reduciéndolo: si en 2014 las administraciones públicas gestionaron el 43,5% del PIB el Programa de Estabilidad se propone llevarlo a tan solo el 38,4% en 2018.
Reducir el gasto es la formula elegida para la consolidación fiscal porque el gobierno renuncia de forma explicita a subir los ingresos públicos, al menos en términos comparados con el PIB. Nada importa que España recaude 8 puntos de PIB, equivalentes a 83.000 millones de euros, menos que la media europea. El fundamentalismo neoliberal del PP le lleva a aceptar como normal esta situación y se plantea como objetivo mantener la recaudación en el 38% del PIB.
El gobierno, siguiendo la lógica de clase del neoliberalismo, renuncia a aumentar los ingresos que le permitirían financiar un mayor gasto y prefiere en cambio bajar el IRPF a los tramos más altos de renta o el impuesto de sociedades a las grandes empresas. Y esto, además de injusto es económicamente ineficiente. Un informe reciente del FMI ha demostrado que si se incrementan los ingresos del decil con menos renta, el impulso al crecimiento es muy superior a un incremento en el decil de mayor renta, que incluso puede llegar a ser negativa. Y otra investigación del mismo organismo conservador afirma que las políticas de gasto público tienen efectos multiplicadores sobre la economía superiores a las rebajas fiscales.
La economía ya no es excusa para los recortes. No es economía, es política, es ideología, lo que está detrás de las decisiones del gobierno.
