El déficit es, para la UE, uno de los principales problemas de la economía española. El pasado año el objetivo marcado por Bruselas fue ampliamente superado, quedando en un 5,1% del PIB, cuando tenía que haber sido del 4,2%. Esta desviación puede costar a España una multa por parte de las autoridades europeas, si no es combatida con nuevos ajustes o un incremento real de ingresos.
Y es que el elevado déficit que soporta el país cada vez está más enquistado en el sistema económico, sobre todo en las comunidades autónomas, y es precisamente a través de la fiscalidad por dónde se podría corregir. Pero parece que el gobierno apuesta más por una fiscalidad improvisada en vez de emprender una reforma fiscal integral para acabar con los importantes desajustes que tiene el sistema tributario español. A la espera de que se forme Ejecutivo y se cometan las reformas oportunas, el gobierno en funciones sigue poniendo parches a los huecos impositivos, pero parece haber olvidado taponar uno.
Se trata del Impuesto de Patrimonio, un tributo que se restableció en 2011 con carácter puntual y que se ha ido prorrogando en los años sucesivos ante la caída de la recaudación. La pasada semana el gobierno recuperó el pago a cuenta en el Impuesto de Sociedades para las empresas que facturan más de 10 millones de euros, pero pasó por alto prolongar la vigencia de Patrimonio, un tributo que alivia, en parte, la delicada situación de las arcas regionales.
Porque según los datos de la recaudación de este impuesto de 2014, fueron cerca de 1.000 millones de euros los que se ingresaron en las diferentes autonomías –excepto Navarra y País Vasco, que tienen su propio régimen fiscal-, siendo Cataluña -430 millones-, Valencia -107 millones- y Andalucía -80,7 millones- las más beneficiadas.
Con estos datos en la mano y teniendo en cuenta que el pasado año las comunidades registraron un déficit del 1,66% en su conjunto -17.962 millones-, podemos esperar que ese porcentaje crezca si no se prorroga la vida del Impuesto de Patrimonio, y el tiempo se agota.
Un buen ejemplo de lo que supone no aplicar este tributo es la Comunidad de Madrid, que cada año deja de ingresar más de 660 millones al tener bonificado al 100% el Impuesto de Patrimonio, lo cual favorece, y mucho, a las grandes fortunas de la región, en detrimento del resto de los ciudadanos. De hecho, la mitad de los contribuyentes más ricos de España –los que tienen un patrimonio neto superior a 6 millones de euros- residen en Madrid, lo que les permite ahorrarse anualmente 456 millones de euros. Una cantidad muy necesaria en estos tiempos.
Contesta Carlos Cruzado
Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)
