nuevatribuna.es
22 de octubre de 2009, 9:38
NUEVATRIBUNA.ES - 22.10.2009
Elena Salgado anunció hoy que el Gobierno promoverá la contratación de setenta asesores para intentar que las entidades financieras den una segunda oportunidad a las 'pymes' y autónomos que han visto rechazadas sus solicitudes de créditos ICO. Para ello, empleará a prejubilados de banca, cuya experiencia se quiere aprovechar en el intento de paliar el 'cerrojazo' al crédito por parte de la banca. Además el Estado asumirá mayores riesgos en estos préstamos.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía compareció en el ministerio de Economía, a escasos metros de la concentración que, a esa misma hora, los autónomos llevaban a cabo a las puertas del Congreso, para explicar la implantación de una red territorial de asesores que el Gobierno prevé que esté en funcionamiento antes de fin de año.
Los "facilitadores del crédito" intentarán convencer a la banca para que concedan créditos -para inversión y circulante (dinero para funcionar)- por importe máximo de dos millones de euros, una vez que se haya producido un primer rechazo por parte de las entidades financieras.
La medida, que "no garantiza los créditos", aclaró Salgado, trata de corregir la falta de implicación de la banca en la concesión de alguna de las líneas de crédito ICO (crecimiento, 'pymes' y liquidez), que no han funcionado como el Gobierno esperaba.
Además de facilitar la contratación de estos asesores a través de las Cámaras de Comercio, el Gobierno asumirá mayores riesgos en la cobertura de estos créditos siempre que las entidades corrijan su cicatería a la hora de financiar a autónomos y 'pymes'.
"No se va a dar dinero a la banca", dijo Salgado. "Tan sólo es una asesoría gratuíta para autónomos y 'pymes'", explicó al dar a conocer la nueva medida, que costará diez millones de euros anuales.
En caso de denegar de nuevo el crédito, los asesores reconducirán la petición hacia una segunda entidad bancaria, una tarea imposible hasta la fecha puesto que la banca se ha refugiado en sus clientes habituales y rechaza abrir el crédito a nuevos clientes a fin de evitar los crecientes impagos.
Los asesores o "facilitadores del crédito" estudiarán unos 200.000 casos, según prevé el Gobierno que ampliará la medida más allá de 2012, si es necesario.
Las entidades de crédito, algunas de las cuales ya han dado su aprobación -las mayores", dijo Salgado- , atenderán a los clientes a través de una plataforma informática y vía telefónica.
Salgado negó que el Gobierno vaya a favorecer a las entidades de crédito que se "porten bien". Lo cierto es que el Ejecutivo sólo asumirá mayores riesgos en los créditos de autónomos y 'pymes' en el caso de las entidades que "cumplan los términos de los convenios firmados".
RAJOY, EL DESCALIFICADOR
Por otro lado, Salgado insistió en sus críticas al líder de la oposición Mariano Rajoy por su actuación en el debate sobre Presupuestos. "Esperaba un debate sobre ideas y datos; y me encontré con descalificaciones y alboroto", dijo tras quejarse una vez más por la "algarabía" entre las filas 'populares' a lo largo de su intervención. El año que viene -"si Rajoy sigue", añadió, maliciosa- "lo tendré en cuenta".
Por otro lado, Salgado confió en que la Ley de Economía Sostenible reciba la aprobación por el Consejo de Ministros la primera semana de septiembre. "No sólo vamos a presentar una ley de economía sostenible, sino todo un programa de actuaciones para favorecer la economía sostenible", afirmó.
Asimismo, Salgado, que descartó una posible deflación pese a la caída de los precios 'estructurales' -inflación subyacente-, eludió pronunciarse sobre la candidatura de Nacho González, el lugarteniente de Esperanza Aguirre, para presidir Cajamadrid, aunque precisó que al Gobierno le gustaría un "perfil profesional" para presidir la caja.
Al mostrar su preferencia por alguien con experiencia en el sector financiero, Salgado daba así un "no" en toda regla al nombre de Ignacio González, el hombre fuerte de Aguirre, un licenciado en Derecho cuya experiencia, además de la vicepresidencia del gobierno autonómico madrileño, se limita a los ministerios de cultura y administraciones públicas.
Elena Salgado anunció hoy que el Gobierno promoverá la contratación de setenta asesores para intentar que las entidades financieras den una segunda oportunidad a las 'pymes' y autónomos que han visto rechazadas sus solicitudes de créditos ICO. Para ello, empleará a prejubilados de banca, cuya experiencia se quiere aprovechar en el intento de paliar el 'cerrojazo' al crédito por parte de la banca. Además el Estado asumirá mayores riesgos en estos préstamos.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía compareció en el ministerio de Economía, a escasos metros de la concentración que, a esa misma hora, los autónomos llevaban a cabo a las puertas del Congreso, para explicar la implantación de una red territorial de asesores que el Gobierno prevé que esté en funcionamiento antes de fin de año.
Los "facilitadores del crédito" intentarán convencer a la banca para que concedan créditos -para inversión y circulante (dinero para funcionar)- por importe máximo de dos millones de euros, una vez que se haya producido un primer rechazo por parte de las entidades financieras.
La medida, que "no garantiza los créditos", aclaró Salgado, trata de corregir la falta de implicación de la banca en la concesión de alguna de las líneas de crédito ICO (crecimiento, 'pymes' y liquidez), que no han funcionado como el Gobierno esperaba.
Además de facilitar la contratación de estos asesores a través de las Cámaras de Comercio, el Gobierno asumirá mayores riesgos en la cobertura de estos créditos siempre que las entidades corrijan su cicatería a la hora de financiar a autónomos y 'pymes'.
"No se va a dar dinero a la banca", dijo Salgado. "Tan sólo es una asesoría gratuíta para autónomos y 'pymes'", explicó al dar a conocer la nueva medida, que costará diez millones de euros anuales.
En caso de denegar de nuevo el crédito, los asesores reconducirán la petición hacia una segunda entidad bancaria, una tarea imposible hasta la fecha puesto que la banca se ha refugiado en sus clientes habituales y rechaza abrir el crédito a nuevos clientes a fin de evitar los crecientes impagos.
Los asesores o "facilitadores del crédito" estudiarán unos 200.000 casos, según prevé el Gobierno que ampliará la medida más allá de 2012, si es necesario.
Las entidades de crédito, algunas de las cuales ya han dado su aprobación -las mayores", dijo Salgado- , atenderán a los clientes a través de una plataforma informática y vía telefónica.
Salgado negó que el Gobierno vaya a favorecer a las entidades de crédito que se "porten bien". Lo cierto es que el Ejecutivo sólo asumirá mayores riesgos en los créditos de autónomos y 'pymes' en el caso de las entidades que "cumplan los términos de los convenios firmados".
RAJOY, EL DESCALIFICADOR
Por otro lado, Salgado insistió en sus críticas al líder de la oposición Mariano Rajoy por su actuación en el debate sobre Presupuestos. "Esperaba un debate sobre ideas y datos; y me encontré con descalificaciones y alboroto", dijo tras quejarse una vez más por la "algarabía" entre las filas 'populares' a lo largo de su intervención. El año que viene -"si Rajoy sigue", añadió, maliciosa- "lo tendré en cuenta".
Por otro lado, Salgado confió en que la Ley de Economía Sostenible reciba la aprobación por el Consejo de Ministros la primera semana de septiembre. "No sólo vamos a presentar una ley de economía sostenible, sino todo un programa de actuaciones para favorecer la economía sostenible", afirmó.
Asimismo, Salgado, que descartó una posible deflación pese a la caída de los precios 'estructurales' -inflación subyacente-, eludió pronunciarse sobre la candidatura de Nacho González, el lugarteniente de Esperanza Aguirre, para presidir Cajamadrid, aunque precisó que al Gobierno le gustaría un "perfil profesional" para presidir la caja.
Al mostrar su preferencia por alguien con experiencia en el sector financiero, Salgado daba así un "no" en toda regla al nombre de Ignacio González, el hombre fuerte de Aguirre, un licenciado en Derecho cuya experiencia, además de la vicepresidencia del gobierno autonómico madrileño, se limita a los ministerios de cultura y administraciones públicas.
