jueves. 28.03.2024

Las necesarias y urgentes reformas de la economía española

Por Antonio Mora Plaza | En contra de la idea dominante neoliberal de que el análisis económico se puede objetivar enteramente y sacar de ello conclusiones de política económica, la realidad de la crisis actual ha estrellado contra los muros tal concepción. 

En contra de la idea dominante neoliberal de que el análisis económico se puede objetivar enteramente y sacar de ello conclusiones de política económica, la realidad de la crisis actual ha estrellado contra los muros tal concepción. Las decisiones de política económica son una mezcla de conocimientos empíricos de la realidad, de conocimiento histórico del devenir del pasado y de análisis económico. En esto se está tan cerca al menos del arte y de la intuición como de la ciencia. No es así como se presenta en los manuales de economía, pero esa es la realidad. No estamos en la Física, donde hasta lo aleatorio se puede predecir mediante el cálculo de probabilidades, donde hasta la mecánica cuántica tiene una función de onda matemática que nos da la probabilidad de la presencia de una partícula. Pero, lo que sí sabemos es que 5 años de política económica neoliberal de austeridad desde el estallido de la crisis han enlodazado las recetas neoliberales de tal modo que debieran mandarse éstas al reino de las mentiras y de los errores de la Historia, y muchas de estas cátedras y catedráticos debieran figurar ya en la listas del paro. Hay que decir que la austeridad –palabra incluso atractiva en España– ha provocado una recesión dentro de la crisis en el 2012 y en el 2013, justo cuando parecería que la economía remontaba en el 2011. Es decir, el PP en España ha convertido a sus votantes en cómplices del “austericidio” perpetrado por este partido heredero del franquismo. Fruto de la austeridad, los recortes presupuestarios, la caída de los salarios en términos reales y el aumento del paro, han provocado una caída del Consumo tal que ha arrastrado al conjunto de la demanda agregada, y todo ello a pesar del buen comportamiento de las exportaciones. Con Rajoy el paro ha aumentado en más de 400.000 personas, la deuda pública se ha plantado en un billón de euros, los derechos laborales han quedado destrozados, la educación pública y la sanidad pública maltrechas, la ayuda a la dependencia a punto de desaparecer.

Pero es que además algunos datos acaban con la letra de algunos tópicos, aunque la música permanezca en los oídos de los votantes del PP. Así se ha hecho creer que la crisis ha provocado un caída de la recaudación. Es mentira. En el impuesto de Sociedades, por ejemplo, la gran caída de la recaudación no se produce en los años 2009, 2010, 2011 ó 2012, como podría pensarse, sino que se produce en el año ¡2008! respecto al año 2007, pasando la recaudación de 44.823 millones de euros a 27.301 millones. Si tenemos en cuenta que los beneficios se generan como mínimo con un año de antelación concluimos, ¡que no se ha producido una caída de los beneficios consecuencia de la crisis, sino que las empresas de este país –sobre todo las grandes empresas- maniobraron contablemente para presentar menos beneficios! aprovechando el chivo expiatorio, la justificación de la crisis. Con ello contribuyeron a la crisis de lo público por mor de una menor recaudación.  Todos los que tenemos alguna idea de contabilidad sabemos que en uno o dos años una empresa puede dar menos beneficios legales –aunque no lo sean económicamente– llevando contra gastos –que minoran los resultados– previsiones, provisiones, amortizaciones (sobre todo si hay libertad de amortización). Por eso ahora empiezan aflorar beneficios, porque estos no se pueden ocultar más. Debiera ser delito tales hechos y que muchos gerentes y directivos de empresas debieran dar con sus cornamentas en el trullo.

Otra reforma urgente es la lucha contra el fraude y la elusión fiscal. De forma indirecta se puede calcular el fraude. Por ejemplo, comparando los niveles de gastos energético per cápita de España con Francia, Italia o Alemania, porque la economía sumergida lo puede ser de cara a Hacienda o a la Seguridad Social, pero por más sumergida que esté siempre gastará electricidad, cuando no agua y gas. Otra manera es comparar algunas magnitudes monetarias como la oferta monetaria y su incidencia sobre la inflación. De los estudios conocidos los expertos no bajan del 20% los niveles de fraude. Si la recaudación en España entre impuestos y cotizaciones llegan a los 264.000 millones, significa que el mínimo de la horquilla de fraude no debe bajar de los 50.000 millones. En realidad el fraude debe ser mucho mayor porque en España todo se junta: mucho elusión fiscal, salarios reales declarados a la Seguridad Social en parte, trabajos sin cotizar, trabajos de “amas de casa” y servicios domésticos no declarados o no considerados dentro del cómputo del PIB, etc. Lo que es seguro es que con lo defraudado no tendríamos déficit presupuestario ni recortes pseudo-justificables.

Otros de los problemas de la economía española ya se ha mencionado de pasada: la escasa recaudación, el bajo peso de lo público en el conjunto del PIB. Y a pesar de todo tenemos una Sanidad más que aceptable de momento y un sector primario laboral de menos de 1.000.000 de habitantes que da para alimentar a los 47 millones de españoles y para exportar. Por eso la justificación de los bajos salarios porque nuestra productividad es baja es una falacia, una de las grandes mentiras. Sólo sirve para intentar convencer a los sindicatos y a los trabajadores de que cobren menos. El sector público no llega a los 300.000 millones de recaudación entre impuestos y cotizaciones para un PIB de más de un billón de euros. Muy lejos de los países avanzados de Europa y de otros no tan avanzados. Deberías llegar en menos de un quinquenio a una recaudación (fuera de ingresos por activos financieros y entrada de capitales) de 400.000 millones para ponernos a la altura de los tiempos, que diría Ortega Gasset.

Más problemas sobre los que no se puede aplazar: nuestro salario mínimo, que no llega a los 650 euros. Es ridículo y perjudicial para la estabilidad de la economía porque no sostiene el Consumo, visto la cosa por el lado de la demanda agregada. El salario mínimo debiera estar ya en torno a los 1000 euros. Por eso una mala contribución a la economía española harían los sindicatos acordando bajadas de salarios en términos reales en futuros pactos de rentas. Pero es que el segundo gran problema del salario y de la contratación laboral es el aumento constante de la relación de la contratación temporal respecto a la indefinida. Se ha querido abordar el tema con medidas jurídicas que han llevado al fracaso cuando los sindicatos tienen una propuesta económica más natural y graduable: proponer la creación de dos salarios mínimos, uno para los contratos indefinidos y otros para los temporales, siendo el de los ¡temporales! significativamente más alto que el de los indefinidos. Ello permitiría evaluar los comportamientos de los contratadotes y valorar la distancia relativa que debiera tener ambos salarios mínimos.

Los sindicatos -y ahora parte de la izquierda- siguen pensando que hay un posible cambio de modelo que va a resolver la consecuencia de la crisis, que es el paro masivo actual. Debieran olvidarse de una vez por todas de tal utopía. La economía española evolucionará y potenciará sectores más rentables para los intereses privados de las empresas. Pero hay dos sectores que son potenciales creadores de empleo además, como son el turismo y la industria cultura en español en todas sus manifestaciones. Ambos sectores son potenciables y no exigen grandes inversiones en infraestructuras ni en conocimientos. También se recuperará parte de la Construcción más adelante, aunque ni con mucho se volverá a los niveles de las dos décadas pasadas. Hay quien confía en un modelo alternativo basado en la inversión en el conocimiento. No es rechazable y además no nos queda más remedio, pero eso no sirve nada más que para crear unos cuantos miles de puestos de trabajo. Por todo ello los sindicatos y la izquierda que se reputan como tal deben reivindicar con fuerza extrema una redistribución de la renta y la riqueza y unos ingresos mínimos no salariales y no contributivos para todos los españoles. La crisis ha llegado, se ha instalado y se ha profundizado con la austeridad. El gobierno anterior comenzó con esta malhadada austeridad en mayo del 2010 y el gobierno de Rajoy ha “suicidado” la economía española con sus medidas sobre lo laboral, lo presupuestario, la educación, la sanidad, la dependencia y la investigación. Y todo ello no ha servido para rebajar la deuda pública, sino para todo lo contrario; tampoco ha servido para pagar menos intereses por dicha deuda sino también lo contrario. Los votantes de PP se han suicidado en su mayoría y con su suicidio se han llevado por delante a los demás. Ahora el margen de maniobra desde lo público es mucho más estrecho.

Y en Europa –en el BCE– no ayudan precisamente. Ahora el Sr. Draghi ha bajado el tipo de interés al 0,25%, pero ahora ya es demasiado tarde. Desde que se fundara el BCE, además de sus limitaciones y su mandato anti-inflacionario en exclusiva, se ha caracterizado porque siempre llega tarde, a diferencia de la Reserva Federal que ha estado algo más atinada en la era –casi dos décadas– de Greenspan. Ahora ya estamos en “la trampa de la liquidez” keynesiana y las medidas sobre tipos de interés no hacen pestañear a los banqueros, que siguen con sus restricciones crediticias, que es otro de los grandes problemas de la economía española. De ahí la necesidad de un banco público de inversiones para la pequeña y mediana empresa especializado en tal menester.

No son estos los únicos problemas de la economía española, pero son los inaplazables. Oyendo a Rubalcaba parecería que se hubieran convencido de que la austeridad de Rajoy y de Zapatero lo han internalizado como un error. Ahora el problema para el PSOE es de credibilidad porque, o acabamos con la austeridad de Rajoy, o España se “irlandiza” para décadas.  

Las necesarias y urgentes reformas de la economía española