El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes autorizar al Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) destinar más de 39 millones de euros a la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo que le sirva como financiación de sus gastos de funcionamiento e inversión.
La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo cuenta con un patronato constituido por la Administración Pública (con representación del Ministerio de Trabajo e Inmigración y las Comunidades Autónomas) y por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.
La Fundación colabora y asiste técnicamente al SPEE en sus actividades de planificación, programación, gestión y control de las iniciativas de formación. Además, contribuye al impulso y difusión del subsistema de formación profesional para el empleo entre las empresas y los trabajadores.
Por último, también tiene entre sus funciones la colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal en la promoción de la mejora de la calidad de la formación profesional para el empleo, en la elaboración de las estadísticas para fines estatales y en la creación y mantenimiento del registro estatal de centros de formación.
2.600 millones a la formación para el empleo
Por otro lado, la secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, ha anunciado que el Gobierno destinará este año más de 2.600 millones de euros a la formación para el empleo, al asegurar que ésta es la "llave maestra" para abrir las puertas de mercado de trabajo a los más de 4 millones de parados.
"La formación es la llave maestra que abre todas las puertas, porque es la política que mejor va a preparar para regresar al mercado de trabajo a las personas en situación de desempleo", explicó la responsable de Empleo, tras reunirse en Mérida (Badajoz) con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.
La secretaria de Estado de Empleo también resaltó la "gran hoja de ruta" diseñada en Extremadura en materia de políticas activas de trabajo, gracias entre otras cuestiones a la "suma de esfuerzos" del Ejecutivo regional y los agentes económicos y empresariales reflejado en el Pacto Social y Político de la comunidad.
