La reciente reforma del mercado laboral establece entre las causas económicas de despido y de descuelgue de convenio colectivo que la empresa alegue “pérdidas previstas”.
El texto del manifiesto, suscrito por 190 catedráticos y profesores universitarios de contabilidad, afirma que la información empresarial que se utilice con propósitos externos debe ser fiable y estar auditada, pero que su pretendida objetividad es imposible con las “pérdidas previstas” porque se trata de una estimación hipotética y subjetiva que se elabora “de parte” por la empresa en situaciones como el despido o la modificación de condiciones laborales. Señalan también estos profesores que la inclusión de esta cláusula contamina los principios jurídicos más básicos al obligar a los jueces “a fundamentar sus resoluciones en pruebas que no son de hechos ciertos sino de sucesos en todo caso futuribles”.
“El resultado previsto (beneficios o pérdidas) sólo puede estar basado en el establecimiento de una serie de hipótesis previas subjetivas, cuya definición puede provocar grandes oscilaciones en los resultados. El resultado previsto es una magnitud meramente hipotética”, apostillan los profesores.
Por otro lado, el manifiesto señala que el texto de la reforma incurre en una contradicción, al pretender en su Exposición de Motivos haber eliminado de la nueva redacción elementos valorativos de proyección futura e imposible prueba, cuando en el articulado se insiste en las pérdidas previstas como causa económica de despido y descuelgue de convenio colectivo.
Entre los firmantes hay prestigiosos profesores y estudiosos de la contabilidad de todas las universidades españolas, habiendo ocupado alguno de ellos puestos institucionales, como el anterior Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas José Antonio Gonzalo Angulo, el antiguo responsable de la Sindicatura de Cuentas de Valencia Vicente Montesinos Julve, o la antigua Presidenta del Consejo de Coordinación Universitaria, María Antonia García Benau.
