nuevatribuna.es
18 de mayo de 2010, 6:46
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 17.5.20'10
La huelga prevista en el sector público para el próximo 2 de junio se ha retrasado hasta el día 8 del mismo mes, tras una reunión mantenida este lunes por representantes de los sindicatos CCOO, UGT y CSI-CSIF.
El retraso se debe a que los sindicatos esperan que el Gobierno concrete en el Consejo de Ministros del próximo jueves, en el que se aprobarán las últimas medidas de ajuste, la dimensión real del 'tijeretazo' del 5% a los sueldos de los funcionarios. El secretario nacional de formación de CSI-CSIF, Miguel Borra, ha aclarado que "es una cuestión de plazos" y que están esperando, por ejemplo, a que se clarifique "a quién va a afectar realmente" la medida y si también se aplicará en las empresas públicas.
Hasta ahora, la única explicación dada desde el Gobierno más allá del anuncio realizado el pasado miércoles por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido la ofrecida por la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega tras el Consejo de Ministros del viernes. Según dijo, el Gobierno aplicará estos recortes a todos los empleados públicos funcionarios, estatutarios y laborales dependientes de las distintas administraciones públicas, así como a los directivos del sector público empresarial. Además, especificó que los trabajadores de estas entidades no verán mermado su sueldo al estar sujetos al ámbito de la negociación colectiva.
De la Vega también precisó que la Mesa General de negociación de Administración General del Estado se reunirá esta semana para empezar a negociar todos estos recortes salariales de los funcionarios. Sin embargo, los sindicatos han asegurado hoy que la convocatoria de la Mesa General de la Negociación de las Administraciones Públicas se demora. Por todo ello, las organizaciones sindicales han acordado llevar a cabo el próximo 20 de mayo movilizaciones conjuntas en las subdelegaciones del Gobierno de todas las provincias españolas, así como iniciar una recogida de firmas de empleados y empleadas públicas y de los órganos unitarios de representación para entregarlas tanto en el Congreso de los Diputados como en la delegaciones del Gobierno de las comunidades autónomas.
La huelga del sector público se convocó el pasado día 13, a raiz de que José Luis Rodríguez Zapatero anunciara sus medidas de ajuste en el Congreso. Los sindicatos convocaron a todos los trabajadores públicos de los diferentes sectores del país, desde la sanidad a la enseñanza y comunidades autónomas, entre otros. FSP-UGT anunció que realizaría "cuantas movilizaciones sean necesarias" en consonancia con la evolución que tome la posible aplicación de las medidas para reducir el déficit.
Este lunes, el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha afirmado que el sindicato estudiará ir a una "movilización general" junto a CC.OO. en contra de los "injustos" recortes sociales anunciados por el Gobierno, sin descartar la convocatoria de una huelga general en el país. "Nosotros no vamos a renunciar a ningún instrumento de respuesta democrática y en función de las circunstancias y las decisiones que se adopten iremos modulando la respuesta", ha subrayado Ferrer.
> PDF: Acuerdo para las movilizaciones en el sector público
La huelga prevista en el sector público para el próximo 2 de junio se ha retrasado hasta el día 8 del mismo mes, tras una reunión mantenida este lunes por representantes de los sindicatos CCOO, UGT y CSI-CSIF.
El retraso se debe a que los sindicatos esperan que el Gobierno concrete en el Consejo de Ministros del próximo jueves, en el que se aprobarán las últimas medidas de ajuste, la dimensión real del 'tijeretazo' del 5% a los sueldos de los funcionarios. El secretario nacional de formación de CSI-CSIF, Miguel Borra, ha aclarado que "es una cuestión de plazos" y que están esperando, por ejemplo, a que se clarifique "a quién va a afectar realmente" la medida y si también se aplicará en las empresas públicas.
Hasta ahora, la única explicación dada desde el Gobierno más allá del anuncio realizado el pasado miércoles por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido la ofrecida por la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega tras el Consejo de Ministros del viernes. Según dijo, el Gobierno aplicará estos recortes a todos los empleados públicos funcionarios, estatutarios y laborales dependientes de las distintas administraciones públicas, así como a los directivos del sector público empresarial. Además, especificó que los trabajadores de estas entidades no verán mermado su sueldo al estar sujetos al ámbito de la negociación colectiva.
De la Vega también precisó que la Mesa General de negociación de Administración General del Estado se reunirá esta semana para empezar a negociar todos estos recortes salariales de los funcionarios. Sin embargo, los sindicatos han asegurado hoy que la convocatoria de la Mesa General de la Negociación de las Administraciones Públicas se demora. Por todo ello, las organizaciones sindicales han acordado llevar a cabo el próximo 20 de mayo movilizaciones conjuntas en las subdelegaciones del Gobierno de todas las provincias españolas, así como iniciar una recogida de firmas de empleados y empleadas públicas y de los órganos unitarios de representación para entregarlas tanto en el Congreso de los Diputados como en la delegaciones del Gobierno de las comunidades autónomas.
La huelga del sector público se convocó el pasado día 13, a raiz de que José Luis Rodríguez Zapatero anunciara sus medidas de ajuste en el Congreso. Los sindicatos convocaron a todos los trabajadores públicos de los diferentes sectores del país, desde la sanidad a la enseñanza y comunidades autónomas, entre otros. FSP-UGT anunció que realizaría "cuantas movilizaciones sean necesarias" en consonancia con la evolución que tome la posible aplicación de las medidas para reducir el déficit.
Este lunes, el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha afirmado que el sindicato estudiará ir a una "movilización general" junto a CC.OO. en contra de los "injustos" recortes sociales anunciados por el Gobierno, sin descartar la convocatoria de una huelga general en el país. "Nosotros no vamos a renunciar a ningún instrumento de respuesta democrática y en función de las circunstancias y las decisiones que se adopten iremos modulando la respuesta", ha subrayado Ferrer.
> PDF: Acuerdo para las movilizaciones en el sector público
