NUEVATRIBUNA.ES -12.11.2010
Tras el otoño caliente, una “primavera muy crispada”. Esta fue la advertencia de los sindicatos hoy a los empresarios y, de paso, al Gobierno, tras la reunión entre los nuevos responsables de Trabajo y los representantes sindicales, la primera después de la huelga general del 29-S. En medio, entre el otoño y la primavera, queda un invierno marcado por las elecciones empresariales en CEOE. “Un lobby”, según los sindicatos, que trata ahora de cerrar la etapa marcada por la gestión de Gerardo Díaz Ferrán, su todavía presidente, cuyas prácticas empresariales han causado “estupor” en la juez encargada de gestionar la quiebra de la compañía de su propiedad, Viajes Marsans.
Los sindicatos pidieron hoy al Gobierno una “señal”. Tras reunirse con Mari Luz Rodríguez, nueva secretaria general de empleo del Ministerio de Trabajo, los representantes sindicales de CCOO y UGT, Ramón Górriz y Toni Ferrer, reiteraron su oposición a los cambios introducidos por el Gobierno, en pleno ataque de pánico por la ‘crisis de las deudas’ del pasado mes de mayo. Hoy, con la prima de riesgo del bono español por las nubes, las condiciones parecen poco favorables para que se cumplan las pretensiones sindicales. “Convocamos una huelga general para obtener resultados”, recordó Górriz tras la reunión. “Y todavía no están sobre la mesa”, reiteró el secretario de acción sindical de CCOO. “El conflicto (con el Gobierno) sigue abierto”.
El Ejecutivo trata de encauzar el Diálogo Social hacia el desarrollo reglamentario de la ley de reforma laboral. “Hasta en 19 ocasiones se llama a su desarrollo”, advirtió Rodríguez tras la reunión. Sin embargo, “la reforma laboral ha venido para quedarse”, reiteró, tras insistir que el “margen” para entenderse reside en la letra pequeña de los reglamentos que desarrollarán la figura del despido objetivo.
¿HAY DINERO?
El Gobierno avanzó este viernes las nuevas líneas por las que quiere hacer transitar la reforma de las políticas activas. Rodríguez llamó a mejorar la formación y atención a los parados en sectores de futuro: nuevas tecnologías, dependencia, biomasa… Además, el Ejecutivo quiere que todos los parados reciban igual trato sin importar el lugar donde residan. Lo que no obsta para que las comunidades autónomas puedan ganar mayor margen de maniobra a la hora de definir sus planes de empleo, avanzó Rodríguez. Otro objetivo es afinar la sintonía entre lo privado y lo público. En este sentido, la secretaria general de Empleo avanzó algo que habrá sonado muy mal entre las huestes sindicales. El Ejecutivo insistió en dar entrada a las agencias privadas de colocación. Pretende antes, eso sí, fortalecer los servicios públicos de empleo.
Ferrer y Górriz miran ahora a los Presupuestos. Los sindicalistas advirtieron que de poco servirá el afán por mejorar las políticas activas, sin dinero para respaldarlas. Y pidieron al Ejecutivo que concrete sus propuestas por escrito. Las centrales, que insisten en detener los planes del Gobierno en materia de pensiones –quieren evitar que se retrase la jubilación hasta los 67 años y revertir la congelación de las pensiones-, aprovecharon la reunión para pedir al Gobierno que no ponga plazos a otra mesa, la de la negociación colectiva, que debería zanjar la reforma de la estructura de los convenios antes del 15 de marzo, según los planes de Zapatero. En este sentido acusaron a CEOE de actuar como un lobby, y no como un interlocutor. En su visión, los empresarios –embarcados en la renovación de su cúpula directiva—se niegan a avanzar en la reforma de la negociación colectiva desde una posición ventajista, a la espera de que el Gobierno termine legislando a su favor, como, según los sindicatos, ya sucedió en el caso de la reforma laboral.
Los patrones esperan la salida definitiva de su actual presidente, que se producirá el 20 de diciembre cuando los empresarios elijan al sustituto de Díaz Ferrán, su líder que hoy recibió noticias del Juzgado con relación a la quiebra de Viajes Marsans. Ana María Gallego, la jueza del Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid, decretó el embargo preventivo de bienes de Díaz Ferrán y de su socio –y vicepresidente de la patronal CEOE-, Gonzalo Pascual, para cubrir el agujero patrimonial de 417 millones de euros dejado en la agencia de viajes. La jueza, que declaró su “estupor” ante algunas prácticas de los también directivos de CEOE, incluyó además en el embargo a Posibilitum, la empresa especializada en el desgüace de compañías con problemas, que contrató, según el auto, a nuevos empleados “con salarios desproporcionadamente altos”, mientras los antiguos trabajadores permanecían sin cobrar. Todo un símbolo de la honda crisis que afecta a la economía española, y a algunas de sus instituciones, contra la cual los sindicatos anunciaron “una primavera muy crispada”.
