El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha anunciado que su partido estudia recurrir ante el Tribunal Constitucional la no actualización de las pensiones conforme al IPC, y que para ello está a la espera de un dictamen jurídico.
Rubalcaba ha dejado claro que, en su opinión, la decisión adoptada el viernes por el Gobierno "es una medida inconstitucional en el momento en el que se ha adoptado", porque la actualización de las pensiones conforme a los precios se produce a lo largo del año. "Si, como yo creo, hay razones suficientes, iremos al Tribunal Constitucional", ha remachado.
El anuncio del jefe de la oposición se suma a la voluntad expresada por los sindicatos UGT y CCOO, que han pedido a la Defensora del Pueblo que recurra la medida, y también por el portavoz parlamentario de Izquierda Plural, Cayo Lara, que ha adelantado que pediría el apoyo de más grupos para promover el recurso al TC, ya que para ello son necesarios 50 diputados o senadores.
Desde la Izquierda Plural, el diputado de Iniciativa per Catalunya Verds y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Joan Coscubiela ha exigido al Gobierno el cumplimiento de la moción que él mismo defendió en el Pleno del Congreso de los Diputados hace poco más de un mes, el 30 de octubre, y en la que se instaba al Ejecutivo a “Revalorizar las pensiones del 2012 en la cantidad resultante del diferencial entre el IPC de noviembre del 2012 y el incremento inicial del 1% aplicado en los PGE del 2012, en los términos establecidos en el artículo 48 de la Ley General de Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 20 de junio”. La moción contó con el apoyo del PP.
Por su parte, CCOO volverá a acudir a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, para que interceda interponiendo un recurso de inconstitucionalidad.
Los sindicatos no tienen competencia para presentar por sí mismos un recurso de inconstitucionalidad, por lo que han de recurrir a instancias como la Defensora del Pueblo para poder promover esta iniciativa.
El sindicato considera que el Gobierno ha vulnerado el artículo 9.3 de la Constitución, por el que se garantiza, entre otras cosas, "la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales", así como el artículo 48 de la Ley General de la Seguridad Social, que regula la revalorización de las pensiones con arreglo a la evolución de los precios.
