nuevatribuna.es
13 de julio de 2009, 23:41
NUEVATRIBUNA.ES / L.M. - 13.07.2009
El Gobierno envió en la mañana del lunes a patronal y sindicatos un nuevo documento para alcanzar un acuerdo en materia de diálogo social, que amplía a un año la prestación de 420 euros mensuales para los parados que hayan agotado todas las ayudas, pero vincula esta ampliación a la evolución de la economía española, según indicaron en fuentes de la negociación.
De esta forma, el Gobierno vincula la prórroga de la prestación seis meses respecto al documento inicial, tal y como venían demandando CC.OO. y UGT, a la evolución de los principales indicadores de la economía española, como son la actividad económica y el empleo.
El Gobierno estimaba en el primer documento que presentó a patronal y sindicatos que el coste de esta medida --la ayuda durante 6 meses-- ascendía a 453 millones de euros, por lo que prolongar la prestación seis meses más, tendía un coste de 906 millones de euros.
En el nuevo documento del Ejecutivo también se sigue apostando por una rebaja de las cotizaciones empresariales, pero no figura ninguna propuesta concreta, ni siquiera el medio punto que ya se recogía en el documento inicial. Sin embargo, fuentes de la negociación trasladaron que cobra "mucha fuerza" la posibilidad de que la propuesta final sea una rebaja de "aproximadamente dos puntos".
En Comisiones Obreras, un portavoz autorizado tildó hoy de “disparate” y “golpe duro” para el sistema de pensiones la posible rebaja de dos puntos de las cotizaciones sociales de las empresas, y alertó sobre los riesgos del recorte para las arcas de la Seguridad Social.
Rebajar dos puntos las cotizaciones sociales que pagan las empresas al sistema de Seguridad Social costaría unos 7.200 millones de euros y acabaría llevando al sistema al déficit en el año 2011, según señalaron en las mismas fuentes.
El sindicato calcula que cada punto de las cotizaciones supone un 0,35 por ciento del PIB, de manera que la rebaja de dos puntos que podría ofrecer el Gobierno reduciría la recaudación del sistema en un 0,7 por ciento del PIB, lo que equivale a 7.200 millones de euros.
La rebaja de cotizaciones es una de las principales demandas de la patronal en el diálogo social que mantiene el Ejecutivo con los agentes sociales. La propuesta inicial de la CEOE pedía una rebaja de cinco puntos, algo que el Gobierno descartó desde el principio.
En el primer documento que el Gobierno hizo llegar a los agentes sociales el pasado mes de junio, el Ejecutivo propuso una rebaja de 0,5 puntos, aunque se mostró dispuesto a estudiar rebajas mayores ante el claro rechazo de la patronal.
En el caso de que la rebaja negocian los agentes sociales se refiera al subcapítulo de Contingencias, la pérdida sería mucho menor, aunque en cualquier caso sería una cantidad “muy importante”, la cual tendría que abordarse en el seno del Pacto de Toledo, añadieron dichas fuentes.
CERRAR EL ACUERDO ANTES DEL VERANO
Con la reelaboración de la propuesta inicial, que la tarde del jueves analizaron patronal, sindicatos y Gobierno en la nueva reunión tripartita del diálogo social, el Ejecutivo confía en cerrar el acuerdo antes de las vacaciones de verano.
Este nuevo encuentro del lunes fue acordado después de la reunión a tres bandas del pasado jueves, en la que el diálogo social quedó desbloqueado y se aparcaron las "líneas rojas" trazadas por la CEOE.
Así, sobre la mesa no estuvieron ni una rebaja de 5 puntos de las cotizaciones de las empresas a la Seguridad Social ni un nuevo contrato de crisis ("contrato del Siglo XXI") con una indemnización más barata (20 días por año trabajado) como pedía la CEOE. El Ejecutivo aseguró en las reuniones bilaterales mantenidas con los agentes sociales durante la pasada semana que no aceptará ninguna de las dos propuestas.
Además, el borrador incluye medidas para mejorar las oportunidades de empleo de los parados y la intermediación en el mercado laboral. En este sentido, el Gobierno se ha comprometido a suprimir en un plazo inferior a tres meses las actividades en las que actualmente tienen prohibido operar las empresas de trabajo temporal y a regular y a autorizar a las empresas de recolocación.
El texto planteado acoge el compromiso de los agentes sociales a cerrar en seis meses un acuerdo bilateral para la revisión de la negociación colectiva que debe comprender más flexibilidad interna a nivel de empresa y mayor felicidad para utilizar las cláusulas de descuelgue.
El rechazo a una negociación sobre los máximos de la patronal ha permitido desbloquear el proceso, pero no parece acercar un acuerdo, al menos por el momento.
Por parte de los sindicatos aún hay muchos temas sobre los que debatir y desde la patronal reina el silencio. Unos y otros confían en alcanzar un acuerdo antes de agosto, aunque el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ya ha hablado de un acuerdo en otoño.
El Gobierno envió en la mañana del lunes a patronal y sindicatos un nuevo documento para alcanzar un acuerdo en materia de diálogo social, que amplía a un año la prestación de 420 euros mensuales para los parados que hayan agotado todas las ayudas, pero vincula esta ampliación a la evolución de la economía española, según indicaron en fuentes de la negociación.
De esta forma, el Gobierno vincula la prórroga de la prestación seis meses respecto al documento inicial, tal y como venían demandando CC.OO. y UGT, a la evolución de los principales indicadores de la economía española, como son la actividad económica y el empleo.
El Gobierno estimaba en el primer documento que presentó a patronal y sindicatos que el coste de esta medida --la ayuda durante 6 meses-- ascendía a 453 millones de euros, por lo que prolongar la prestación seis meses más, tendía un coste de 906 millones de euros.
En el nuevo documento del Ejecutivo también se sigue apostando por una rebaja de las cotizaciones empresariales, pero no figura ninguna propuesta concreta, ni siquiera el medio punto que ya se recogía en el documento inicial. Sin embargo, fuentes de la negociación trasladaron que cobra "mucha fuerza" la posibilidad de que la propuesta final sea una rebaja de "aproximadamente dos puntos".
En Comisiones Obreras, un portavoz autorizado tildó hoy de “disparate” y “golpe duro” para el sistema de pensiones la posible rebaja de dos puntos de las cotizaciones sociales de las empresas, y alertó sobre los riesgos del recorte para las arcas de la Seguridad Social.
Rebajar dos puntos las cotizaciones sociales que pagan las empresas al sistema de Seguridad Social costaría unos 7.200 millones de euros y acabaría llevando al sistema al déficit en el año 2011, según señalaron en las mismas fuentes.
El sindicato calcula que cada punto de las cotizaciones supone un 0,35 por ciento del PIB, de manera que la rebaja de dos puntos que podría ofrecer el Gobierno reduciría la recaudación del sistema en un 0,7 por ciento del PIB, lo que equivale a 7.200 millones de euros.
La rebaja de cotizaciones es una de las principales demandas de la patronal en el diálogo social que mantiene el Ejecutivo con los agentes sociales. La propuesta inicial de la CEOE pedía una rebaja de cinco puntos, algo que el Gobierno descartó desde el principio.
En el primer documento que el Gobierno hizo llegar a los agentes sociales el pasado mes de junio, el Ejecutivo propuso una rebaja de 0,5 puntos, aunque se mostró dispuesto a estudiar rebajas mayores ante el claro rechazo de la patronal.
En el caso de que la rebaja negocian los agentes sociales se refiera al subcapítulo de Contingencias, la pérdida sería mucho menor, aunque en cualquier caso sería una cantidad “muy importante”, la cual tendría que abordarse en el seno del Pacto de Toledo, añadieron dichas fuentes.
CERRAR EL ACUERDO ANTES DEL VERANO
Con la reelaboración de la propuesta inicial, que la tarde del jueves analizaron patronal, sindicatos y Gobierno en la nueva reunión tripartita del diálogo social, el Ejecutivo confía en cerrar el acuerdo antes de las vacaciones de verano.
Este nuevo encuentro del lunes fue acordado después de la reunión a tres bandas del pasado jueves, en la que el diálogo social quedó desbloqueado y se aparcaron las "líneas rojas" trazadas por la CEOE.
Así, sobre la mesa no estuvieron ni una rebaja de 5 puntos de las cotizaciones de las empresas a la Seguridad Social ni un nuevo contrato de crisis ("contrato del Siglo XXI") con una indemnización más barata (20 días por año trabajado) como pedía la CEOE. El Ejecutivo aseguró en las reuniones bilaterales mantenidas con los agentes sociales durante la pasada semana que no aceptará ninguna de las dos propuestas.
Además, el borrador incluye medidas para mejorar las oportunidades de empleo de los parados y la intermediación en el mercado laboral. En este sentido, el Gobierno se ha comprometido a suprimir en un plazo inferior a tres meses las actividades en las que actualmente tienen prohibido operar las empresas de trabajo temporal y a regular y a autorizar a las empresas de recolocación.
El texto planteado acoge el compromiso de los agentes sociales a cerrar en seis meses un acuerdo bilateral para la revisión de la negociación colectiva que debe comprender más flexibilidad interna a nivel de empresa y mayor felicidad para utilizar las cláusulas de descuelgue.
El rechazo a una negociación sobre los máximos de la patronal ha permitido desbloquear el proceso, pero no parece acercar un acuerdo, al menos por el momento.
Por parte de los sindicatos aún hay muchos temas sobre los que debatir y desde la patronal reina el silencio. Unos y otros confían en alcanzar un acuerdo antes de agosto, aunque el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ya ha hablado de un acuerdo en otoño.
