El grupo parlamentario del PSOE presentó este lunes un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley de lucha contra el fraude fiscal aprobado por el Gobierno para regularizar los activos ocultos y hacer aflorar la economía sumergida, dado que vulnera el principio de igualdad.
La portavoz del grupo socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez y el secretario general del grupo, Eduardo Madina, han presentado el recurso contra la "amnistía fiscal" y también han solicitado en la Audiencia Nacional la paralización de la orden ministerial que amplió la regularización al dinero en efectivo.
Según el recurso socialista, el decreto ley vulnera por partida doble la Constitución, es "especialmente injusto" en sus consecuencias y "manifiestamente contrario a los principios de igualdad, proporcionalidad y progresividad".
Los socialistas aseguran que las medidas violan los principios de generalidad, igualdad y capacidad económica al colocar a los defraudadores en una situación de "absoluto privilegio fiscal".
VÍDEO DE LAS JUVENTUDES SOCIALISTAS
Las Juventudes Socialistas de España también han denunciado, mediante un comunicado, la "irresponsabilidad" del Gobierno ante unas medidas que califican como un "ataque" a las arcas públicas y un "regalo inmoral" para los que han defraudado y "no han arrimado el hombro para superar la crisis".
En un vídeo, los jóvenes socialistas critican a los defraudadores y aseguran que la amnistía fiscal es la ley del embudo y la legalización de una situación en la que unos pocos no van a cumplir sus deberes con el conjunto de sus conciudadanos.
GESTHA ADVIERTE DE QUE LAS MEDIDAS APROBADAS “SE QUEDAN CORTAS”
"Esta evidente falta de contundencia reducirá sensiblemente la efectividad de la medida contra las tramas de facturas falsas, el fraude carrusel en el IVA y el vaciamiento patrimonial de grandes empresas con destino a cuentas opacas en paraísos fiscales"
El proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal aprobado el pasado viernes recoge la limitación de los pagos en efectivo a cantidades inferiores a 2.500 euros, cantidad que asciende a 15.000 euros cuando el pagador sea un particular no residente. Además, establece la obligación de informar sobre cuentas y valores que estén en el extranjero y se declara la "imprescriptibilidad" de las rentas no declaradas, que serán imputadas al último periodo impositivo de entre los no prescritos. Aparte de no prescribir, el defraudador se enfrenta a una multa mínima de 10.000 euros, que aumentará en 5.000 euros por cada dato no declarado.
El decreto-ley de la regularización de activos ocultos contempla que cuando "se trate de dinero en efectivo será suficiente la manifestación de ser titular del mismo con anterioridad al 31 de diciembre de 2010". No será necesario demostrar la antigüedad de ese dinero y bastará con que el contribuyente ingrese el importe correspondiente en una cuenta corriente para regularizarlo y beneficiarse así de la amnistía fiscal.
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) consideran que, si bien el Anteproyecto de Ley Antifraude aprobado, incorpora algunos avances positivos para luchar contra la economía sumergida, el conjunto de la norma continúa siendo 'insuficiente' al no recoger medidas más contundentes para detectar casos de fraude o disuadir a quienes puedan cometerlo.
Este colectivo considera que, en contra de lo anunciado, las medidas aprobadas no conseguirán terminar con la popular frase 'con IVA o sin IVA' -símbolo del fraude a pie de calle- y recordó que el núcleo del problema no reside únicamente en el ciudadano de a pie, como se quiere hacer creer, sino que corresponde sobre todo a las grandes empresas y fortunas, responsables del 72% del fraude cometido en nuestro país.
Esta falta de contundencia, unida al "lamentable precedente" que supone la amnistía fiscal que se está llevando actualmente a cabo, suponen para Gestha un grave obstáculo a la hora de concienciar a la ciudadanía de la importancia de la lucha contra el fraude, lo que indirectamente acabará repercutiendo en la recaudación.
Además, el colectivo recordó que la nueva Ley no hace referencia alguna a la escasez de efectivos de la Agencia Tributaria española -con un empleado por cada 1.928 contribuyentes, tres veces menos que la media de la OCDE-, ni a la actual limitación de sus funciones, que impide a los 8.000 Técnicos de Hacienda asumir competencias en la lucha contra el fraude para las que ya se encuentran cualificados.
Los Técnicos de Hacienda consideraron que la limitación de los pagos en efectivo supondrá un avance en la lucha contra el fraude, aunque matizaron que el tope de 2.500 euros fijado por la nueva Ley es demasiado elevado, ya que la cuantía debería rondar los mil euros, al igual que ocurre ya en Italia -cuya tasa de economía sumergida es similar a la de España-.
Asimismo, indicaron que la multa del 25% del importe fijada para quienes lo incumplan es "a todas luces insuficiente", ya que continuará siendo más rentable afrontar la sanción que cumplir con las obligaciones fiscales en forma de Impuesto de Sociedades (que grava hasta un 30%) e IVA (de un 4% a un 18%, según el caso).
Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, "esta evidente falta de contundencia reducirá sensiblemente la efectividad de la medida contra las tramas de facturas falsas, el fraude carrusel en el IVA y el vaciamiento patrimonial de grandes empresas con destino a cuentas opacas en paraísos fiscales".
El colectivo también restó importancia a la obligación de informar sobre las cuentas abiertas en bancos situados en el extranjero, ya que únicamente permitirá hacer acopio de información de números de cuentas "blancas" que ya están en manos de Hacienda, y sin embargo las cuentas opacas se mantendrán sin declarar.
Para evitar esta situación sería necesario que el Gobierno llegase a acuerdos con las grandes entidades de "banca privada" que operan en paraísos fiscales, lo que les permitiría obtener las listas de titulares. Paralelamente, habría que aumentar la colaboración con las entidades emisoras de tarjetas para detectar a todos aquellos que usan habitualmente este medio de pago a nombre de sociedades, fundaciones o entidades con cargo a cuentas en el extranjero, siguiendo así el rastro de la cuantía y naturaleza de los movimientos efectuados por sus titulares y autorizados.
En cuanto a la reducción del régimen de módulos, si bien los Técnicos la valoran positivamente, consideran que se debería haber dado un paso más ambicioso, restringiendo su utilización e instaurando como norma general la estimación directa en el IRPF y régimen general en el IVA. Esta medida podría incluir, no obstante, la salvedad para aquellos empresarios que destinen sus bienes y servicios exclusivamente al consumidor final.
