nuevatribuna.es
23 de febrero de 2010, 15:12
NUEVATRIBUNA.ES / ISABEL G. CABALLERO 22.02.2010
La comisión del Pacto de Toledo vivió este lunes por la tarde una de sus sesiones más broncas a horas de que los sindicatos se lancen a la calle en protesta por el anuncio del Gobierno de ampliar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años. La peor parte se la llevó el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, quien compareció en el Congreso de los Diputados protagonizando una larga y tensa sesión en la que todo fueron reproches al Ejecutivo por el documento base presentado para abordar la reforma de las pensiones.
A excepción de CiU, cuyo diputado Carles Campuzano mostró una actitud más constructiva, el resto de fuerzas políticas reprocharon al Gobierno su “improvisación” y las formas con las que ha abordado este asunto poniendo en cuestión el consenso y la misma filosofía que siempre ha presidido esta comisión desde su constitución en 1995. Así lo recordaron varios de los portavoces parlamentarios y hasta el Grupo Socialista reconocía no sin pesar que el tema había entrado “como elefante en una cacharrería”.
La amenaza de ruptura política quedó de manifiesto tras la primera intervención del ministro. Especialmente duros fueron los Grupos de izquierda de la Cámara baja. En nombre de su Grupo (IU.ICV), el diputado Gaspar Llamazares amenazó con autoexcluirse de las negociaciones si el Gobierno no retira su propuesta de ampliar la edad de jubilación, precisamente el punto que ha llevado a los dos principales sindicatos, CCOO y UGT, a salir a la calle.
Llamazares calificó la propuesta de “un grave error”, de “radicalmente injusta” e “inasumible” por pretender acabar con lo que tildó de un “icono” para los trabajadores. En este sentido acusó al Ejecutivo socialista de querer “amputar” el sistema de pensiones y advirtió de la tendencia por parte de los países europeos de mirar más hacia el mercado para potenciar un sistema mixto, es decir con pensiones privadas complementarias. El dirigente de Izquierda Unida resaltó que es una propuesta “de ruptura”, que provocará “desacuerdos” y lamentó la actitud del Gobierno “aquejado del síndrome de Estocolmo”, dijo, por aceptar una medida “impuesta" que "no viene con una reflexión, no proviene de ningún debate sino de los mercados” afirmó.
También dijeron un “no” rotundo los portavoces del BNG y de ERC. El diputado republicano Joan Tardá calificó la propuesta como un “ataque”, una “afrenta” además de “injusta” e “inoportuna”. Todos coincidieron en destacar la inoportunidad de un debate que genera alarma social y “nerviosismo” en la opinión pública. La portavoz de UPyD, Rosa Díez criticó el discurso “errático” del Gobierno y la “incertidumbre” generada entre los ciudadanos; mientras que desde el PNV, su portavoz Emilio Olabarría, puso en solfa la autoridad de Corbacho por no formar parte del comité de crisis creado por el Gobierno y, apelando a los principios fundacionales del Pacto de Toledo, exigió la retirada de la propuesta alertando de su posible inconstitucionalidad. "Devuelvan el documento a chiqueros" ironizó utilizando un símil taurino.
Las críticas también llegaron por parte del PP, cuyo portavoz Tomás Burgos, quiso poner el acento no en el fondo de la propuesta –sobre la que no se manifestó ni en contra ni a favor- sino sobre la gestión que está haciendo el Gobierno de la crisis económica. Al respecto contradijo al ministro sobre el origen del problema que, a juicio del principal partido de la oposición, no es meramente demográfico sino que está directamente relacionado con “la estrategia de salida de la crisis” diseñada por el Gobierno de Zapatero.
Corbacho aguantó estoico el aluvión de críticas, incluidas aquellas relacionadas directamente con su labor en el Gabinete de ministros. Tanto Llamazares como Olabarría pusieron en duda que la propuesta cuente con el beneplácito del titular de Trabajo. Mientras el primero puso nombre a la que consideró como “autora” intelectual de la misma, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, el segundo cuestionó directamente la presencia del ministro en la comisión del Pacto de Toledo: “No sé a qué ha venido usted aquí”, espetó a Corbacho.
El ministro se defendió argumentando que había sido el propio Parlamento el que había instado al Gobierno a presentar un documento base y negó que la crisis económica sea la razón para abordar una reforma del sistema de pensiones.
“Este no es un debate de crisis económica, es un debate demográfico”, afirmó en su turno de respuesta a los portavoces parlamentarios. Reconoció asimismo que el debate ya se está dando en Europa donde se discute el progresivo envejecimiento de la población y la necesidad de articular medidas que garanticen la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Corbacho defendió la necesidad de discutir tanto la ampliación de la edad de jubilación como el tiempo de cálculo de las pensiones pero insistió en que el documento aprobado por el Consejo de Ministros no incluye ninguna propuesta de modificación.
Las palabras de Corbacho no sirvieron para atemperar un debate que ha tenido un nefasto comienzo en el plano parlamentario donde el “ruido”, a decir de un diputado socialista, ha puesto en cuestión el mismo Pacto de Toledo. La oposición considera que las “formas” con las que se ha afrontado este asunto han sido sumamente desafortunadas pero también hay quien cree que “las formas son el fondo” y que el Gobierno del PSOE quizá esté dispuesto a pasar por el aro de las exigencias de Bruselas y de la dictadura del mercado que, como dice Llamzares, pretende quedarse con un “trozo de pastel” de las pensiones del futuro.
La comisión del Pacto de Toledo vivió este lunes por la tarde una de sus sesiones más broncas a horas de que los sindicatos se lancen a la calle en protesta por el anuncio del Gobierno de ampliar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años. La peor parte se la llevó el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, quien compareció en el Congreso de los Diputados protagonizando una larga y tensa sesión en la que todo fueron reproches al Ejecutivo por el documento base presentado para abordar la reforma de las pensiones.
A excepción de CiU, cuyo diputado Carles Campuzano mostró una actitud más constructiva, el resto de fuerzas políticas reprocharon al Gobierno su “improvisación” y las formas con las que ha abordado este asunto poniendo en cuestión el consenso y la misma filosofía que siempre ha presidido esta comisión desde su constitución en 1995. Así lo recordaron varios de los portavoces parlamentarios y hasta el Grupo Socialista reconocía no sin pesar que el tema había entrado “como elefante en una cacharrería”.
La amenaza de ruptura política quedó de manifiesto tras la primera intervención del ministro. Especialmente duros fueron los Grupos de izquierda de la Cámara baja. En nombre de su Grupo (IU.ICV), el diputado Gaspar Llamazares amenazó con autoexcluirse de las negociaciones si el Gobierno no retira su propuesta de ampliar la edad de jubilación, precisamente el punto que ha llevado a los dos principales sindicatos, CCOO y UGT, a salir a la calle.
Llamazares calificó la propuesta de “un grave error”, de “radicalmente injusta” e “inasumible” por pretender acabar con lo que tildó de un “icono” para los trabajadores. En este sentido acusó al Ejecutivo socialista de querer “amputar” el sistema de pensiones y advirtió de la tendencia por parte de los países europeos de mirar más hacia el mercado para potenciar un sistema mixto, es decir con pensiones privadas complementarias. El dirigente de Izquierda Unida resaltó que es una propuesta “de ruptura”, que provocará “desacuerdos” y lamentó la actitud del Gobierno “aquejado del síndrome de Estocolmo”, dijo, por aceptar una medida “impuesta" que "no viene con una reflexión, no proviene de ningún debate sino de los mercados” afirmó.
También dijeron un “no” rotundo los portavoces del BNG y de ERC. El diputado republicano Joan Tardá calificó la propuesta como un “ataque”, una “afrenta” además de “injusta” e “inoportuna”. Todos coincidieron en destacar la inoportunidad de un debate que genera alarma social y “nerviosismo” en la opinión pública. La portavoz de UPyD, Rosa Díez criticó el discurso “errático” del Gobierno y la “incertidumbre” generada entre los ciudadanos; mientras que desde el PNV, su portavoz Emilio Olabarría, puso en solfa la autoridad de Corbacho por no formar parte del comité de crisis creado por el Gobierno y, apelando a los principios fundacionales del Pacto de Toledo, exigió la retirada de la propuesta alertando de su posible inconstitucionalidad. "Devuelvan el documento a chiqueros" ironizó utilizando un símil taurino.
Las críticas también llegaron por parte del PP, cuyo portavoz Tomás Burgos, quiso poner el acento no en el fondo de la propuesta –sobre la que no se manifestó ni en contra ni a favor- sino sobre la gestión que está haciendo el Gobierno de la crisis económica. Al respecto contradijo al ministro sobre el origen del problema que, a juicio del principal partido de la oposición, no es meramente demográfico sino que está directamente relacionado con “la estrategia de salida de la crisis” diseñada por el Gobierno de Zapatero.
Corbacho aguantó estoico el aluvión de críticas, incluidas aquellas relacionadas directamente con su labor en el Gabinete de ministros. Tanto Llamazares como Olabarría pusieron en duda que la propuesta cuente con el beneplácito del titular de Trabajo. Mientras el primero puso nombre a la que consideró como “autora” intelectual de la misma, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, el segundo cuestionó directamente la presencia del ministro en la comisión del Pacto de Toledo: “No sé a qué ha venido usted aquí”, espetó a Corbacho.
El ministro se defendió argumentando que había sido el propio Parlamento el que había instado al Gobierno a presentar un documento base y negó que la crisis económica sea la razón para abordar una reforma del sistema de pensiones.
“Este no es un debate de crisis económica, es un debate demográfico”, afirmó en su turno de respuesta a los portavoces parlamentarios. Reconoció asimismo que el debate ya se está dando en Europa donde se discute el progresivo envejecimiento de la población y la necesidad de articular medidas que garanticen la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Corbacho defendió la necesidad de discutir tanto la ampliación de la edad de jubilación como el tiempo de cálculo de las pensiones pero insistió en que el documento aprobado por el Consejo de Ministros no incluye ninguna propuesta de modificación.
Las palabras de Corbacho no sirvieron para atemperar un debate que ha tenido un nefasto comienzo en el plano parlamentario donde el “ruido”, a decir de un diputado socialista, ha puesto en cuestión el mismo Pacto de Toledo. La oposición considera que las “formas” con las que se ha afrontado este asunto han sido sumamente desafortunadas pero también hay quien cree que “las formas son el fondo” y que el Gobierno del PSOE quizá esté dispuesto a pasar por el aro de las exigencias de Bruselas y de la dictadura del mercado que, como dice Llamzares, pretende quedarse con un “trozo de pastel” de las pensiones del futuro.
