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domingo. 29.01.2023

Indignación sindical ante el ajuste del Gobierno que provocará "conflicto social"

Toxo y Méndez demandan a Zapatero que dé marcha atrás en el plan de recorte del gasto. En caso contrario, las centrales advierten de que el “cambio de escenario” podría desembocar incluso en el fracaso de la mesa del Diálogo Social.
NUEVATRIBUNA.ES / L.M.- 12.05.2010

El recorte del gasto anunciado este miércoles por José Luis Rodríguez Zapatero provocó un maremoto entre las organizaciones sindicales, que advirtieron sobre el “conflicto social” que se cierne sobre España dos años después del inicio de la crisis. La congelación de las pensiones y de los sueldos públicos –previo recorte de un 5 por ciento en el caso de éstos últimos- enervó los ánimos de los representantes sindicales. “Punto de inflexión”, “cambio de escenario”, “conflicto social” fueron las expresiones escogidas por Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, líderes de de UGT y Comisiones Obreras, respectivamente, para rechazar las medidas avanzadas por Zapatero que merecen, a su juicio, la “máxima sanción” por parte de los trabajadores.

Un tercio del recorte de 15.000 millones de euros anunciado por Zapatero recaerá sobre los trabajadores públicos, explicó el líder de CCOO, quien recordó los “salarios exiguos” -en “muchos casos” por debajo de 1.000 euros al mes- que cobran los funcionarios españoles, quienes además “ya habían hecho un esfuerzo” de contención salarial en el Acuerdo sobre la Función Pública, firmado el pasado mes de septiembre, y convertido ahora en papel mojado tras el anuncio del Presidente, denunció.

Además de “incumplir” lo pactado con los funcionarios, el Gobierno pretende “reducir las pensiones”, añadió el líder de CCOO, quien calificó de “injusto y antieconómico” el ajuste del Gobierno, que “va a ralentizar el crecimiento económico” al reducir el consumo y la inversión, explicó.

Por otro lado, los recortes en el gasto público llegan “en el peor momento” para el Diálogo Social, explicó Cándido Méndez, en referencia a la mesa donde Gobierno, empresarios y sindicatos negocian una reforma laboral. Por su parte, Ignacio Fernández Toxo defendió que las medidas que se negocian en este ámbito “necesitan una base financiera para ser eficaces”, algo “difícilmente compatible con el plan de ajuste del Gobierno”, concluyó, tras explicar que buena parte de estas medidas precisan de un aporte económico para echar a andar.

Aun así, Toxo negó que la “máxima sanción social” que los sindicatos canalizarán en contra del plan de ajuste, afirmó –sin llegar a descartar la convocatoria de una huelga general- vaya “a tener efectos sobre la negociación con las organizaciones empresariales”, aunque el plan llega en “el peor momento”, cuando el acuerdo laboral se hallaba “al alcance de los negociadores”, concluyó. “Ahora el Gobierno debe aclarar el escenario, si pretende que ese acuerdo se construya”, zanjó.

Toxo defendió una “alternativa” al plan de ajuste del Gobierno, y basó su propuesta en una reforma del sistema financiero, junto a modificaciones en el sistema impositivo que doten de financiación a las arcas públicas, procedente de quienes más tienen, de acuerdo al principio de “progresividad”.

Para el líder de CCOO, que no descartó que el recorte salarial a los funcionarios acabe en los tribunales, además de otras medidas que decidirá la rama correspondiente del sindicato, y que la dirección confederal “apoyará”, el ajuste anunciado supone además “un anticipo de nuevos ajustes” que, en su opinión, llegarán “antes de que termine el año”.

En esta línea, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no descartó aplicar subidas de impuestos que ayuden a corregir el déficit público, que ascendió a un 11,2 por ciento del PIB en 2009, y que el Ejecutivo pretende reducir en seis puntos en sólo dos años.

“No lo descartamos”, insistió el jefe del Ejecutivo desde la tribuna del Congreso, donde defendió su plan de ajuste, que incluye la supresión del llamado ‘cheque bebé’, un recorte en la inversión de más de 6.000 millones de euros que deberá llevar a cabo la Administración General del Estado, junto a otros 1.200 millones de euros por parte de las administraciones territoriales locales y autonómicas, entre otras medidas, entre las cuales, junto a las ya mencionadas, destacan la supresión de algunos pagos previstos en la Ley de Dependencia y un ‘tijeretazo” de 600 millones de euros en la partida de Ayuda al Desarrollo.

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