EL 12,38 POR CIENTO DEL TOTAL

107.334 grandes y severos dependientes con prestación reconocida siguen sin recibirla

Se calcula que el número de personas que presta servicio en el sector ronda los 330.000.

En 2014, se contabilizaban en 89.012 personas Grados II y III pendientes de recibir prestación, frente a las 107.334 de 2018, lo que supone un crecimiento del 20,58%

La Ley de la Dependencia, a fecha 31 de octubre de 2018, contempla que existen 867.187 personas beneficiarias de Grados II y III (grandes y severos dependientes), de las cuales 759.853 son beneficiarias con prestación reconocida; lo que se traduce en que 107.334 personas, es decir, el 12,38% del total de dependientes grandes y severos que ya han sido declaradas con derecho a servicio o prestación, sigue a la espera de recibirla.

Las organizaciones firmantes del VII Convenio de la Dependencia y que conforman el Observatorio (CCOO, FED, LARES y AESTE) destacan que en los últimos cuatro años ha aumentado considerablemente el número de dependientes grandes y severos que están a la espera de recibir la prestación económica que les corresponde. Así, en 2014, se contabilizaban en 89.012 personas Grados II y III pendientes de recibir prestación, frente a las 107.334 de 2018, lo que supone un crecimiento del 20,58%. Unas cifras que evidencian que se ha producido un impacto de un 5% anual, consecuencia del recorte económico que afecta al número de personas pendientes de recibir prestación en el período 2014-2018.

Según los datos que publica mensualmente el IMSERSO, el reparto de los recursos pone de manifiesto que lo que en todo momento se articuló como una Ley de Servicios Profesionales se ha visto desvirtuada en la práctica con la remisión a la realización de cuidados en el entorno no profesional, alcanzando prácticamente un tercio de las prestaciones concedidas. Actualmente, 396.225 personas (lo que supone el 31,07% de las prestaciones reconocidas) reciben la cuantía establecida para los cuidados familiares, quedando el porcentaje restante dividido entre la Prevención de la Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal (51.251 personas, el 4,02 %), Teleasistencia (215.084 personas, el 16,87%), Ayuda a Domicilio (226.324 personas, el 17,75%), Centros de Día/Noche (93.956 personas, el 7,37%), Atención residencial (162.885 personas, el 12,77%), P.E. Vinculada al Servicio (122.748 personas, el 9,63%), P.E. Asistente Personal (6.706 personas, el 0,53%).

En cuanto a la cobertura del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia destacan tres cuestiones:

  • Las prestaciones económicas en el entorno familiar, en valores absolutos, han vuelto a aumentar desde septiembre de 2014. Si bien el dato no es significativo, genera inquietud que se vuelva a implantar un espíritu contrario al de la Ley.
  • El modelo de atención domiciliaria y de prevención sirve de excusa para adoptar decisiones en clave de control del gasto público, en detrimento de una atención individualizada que no se produce. Así, por ejemplo, el 20% de todas las prestaciones concedidas representa menos del 1% del total de gasto en Dependencia. En realidad, servicios como la teleasistencia o los servicios de prevención, deberían ser universales o más desarrollados. Por contra, se mantiene estable la ratio de prestaciones que recibe cada ciudadano, que sigue estando, en el entorno de 1,2.
  • La financiación ha estado marcada por la crisis social, financiera, económica y presupuestaria de las Administraciones Públicas, que ha dificultado la implantación de una Ley con 3 líneas de financiación: aportación de la Administración General del Estado, en dos conceptos: nivel mínimo de protección y hasta 2015 nivel acordado; aportación de las Comunidades y participación del beneficiario.

cuadroLos datos definitivos de 2016 sitúan el gasto en 7.986 mil millones de euros.

Las estimaciones de gasto que se establecen son que en 2018 se alcancen los 9.309 mil millones de euros; en 2019, los 10.192 y para 2020, los 11.139 (Fuente: Comisión de análisis de la situación de la dependencia creada por acuerdo del Consejo de Ministros 10-02-2017).

Uno de los objetivos sería la mejora de la calidad del empleo y asegurar la profesionalidad de quienes trabajan en el sector, para lo cual la firma del VII Convenio ha sido un primer paso.

Se calcula que el número de personas que presta servicio en el sector ronda los 330.000, de los que alrededor de 190.000 prestan servicio en el sector residencial y unos 140.000 en servicios sin alojamiento. Los cálculos de crecimiento de empleo estiman en torno a 283.000 personas más: 160.000 en Residencias y centros de día/noche y 123.000 en ayuda a domicilio y teleasistencia.