nuevatribuna.es
14 de febrero de 2010, 8:51
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS 14.02.2010
El Tribunal Supremo tendrá que decidir si la Audiencia Nacional debe investigar la querella interpuesta por un grupo de afectados por la congelación de los reembolsos del fondo inmobiliario del Banco Santander, después de que tanto ese organismo como el Juzgado de Instrucción 39 de Madrid negaran su competencia.
Cuando está a punto de cumplirse un año desde que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autorizara al Santander a suspender la devolución de los ahorros a sus más de 43.000 partícipes, el Juzgado de Instrucción 39 de Madrid considera que los hechos denunciados por la asociación Activa, que representa a casi 400 afectados, "podrían ser constitutivos de delito".
No obstante, en un auto del pasado 3 de febrero, al que ha tenido acceso Efe, la juez Belén Sánchez se apoya en el Ministerio Fiscal para rechazar la admisión a trámite de la querella al sostener que los perjudicados son "una generalidad de personas" radicadas "en el territorio de más de una audiencia".
Por tanto, considera que "este Juzgado carece de competencia objetiva para la instrucción del presente procedimiento", que debería recaer por tanto en la Audiencia Nacional, que a mediados de 2009 también descartó su competencia y se negó a admitir a trámite la querella.
La querella, presentada por los abogados Antonio Panea y Javier Sotos, que han impulsado varias causas contra el Santander, acusa a los responsables del primer banco español de estafa, apropiación indebida y otros delitos relativos al mercado como el uso de información privilegiada o la maquinación para alterar la libre formación de precios en el mercado.
Los letrados, que han pedido que se declare la responsabilidad civil directa o subsidiaria del Banco Santander y de su banco privado, Banif, sostienen que el fondo inmobiliario fue comercializado a pequeños ahorradores sin advertirles de los riesgos y, en cambio, permitió obtener 640 millones de euros en comisiones entre 2003 y 2008.
En declaraciones a Efe, el abogado Javier Sotos explicó que será ahora el Tribunal Supremo el encargado de ventilar la cuestión de competencia y resolver las contradicciones en las que ha entrado la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la Fiscalía de los Juzgados de Instrucción de Madrid, que también han llegado a conclusiones contrapuestas.
De momento, los partícipes han recibido cerca del 10% de los ahorros depositados en el Santander Banif Inmobiliario, que el 16 de febrero de 2009 avisó a la CNMV de que los inversores habían solicitado la devolución del 80% del patrimonio del fondo, que no podía atender por estar invertido en inmuebles.
Ante esa situación, la CNMV autorizó el 4 de marzo de 2009 al Santander a suspender los reembolsos durante dos años, conforme a la normativa vigente, que ahora prevé modificar el Ministerio de Economía para "garantizar los intereses de los clientes".
En concreto, el departamento dirigido por Elena Salgado tiene previsto establecer que la gestora de cualquier fondo en liquidación se encargará en todo caso de la venta del patrimonio, sin que exista un plazo límite para que se acometan esas operaciones.
Actualmente, transcurridos los dos primeros años, el patrimonio pasa a ser gestionado por los partícipes, quienes pueden tomar las decisiones de venta.
Las dos asociaciones de afectados por el Santander Banif Inmobiliario, Activa y PASI, consideran que en la práctica los inversores pueden quedar atrapados sine die en un fondo en liquidación y critican al Ministerio de Economía por hacer "un traje a medida" al primer banco español.
De hecho, el Santander Banif Inmobiliario, que vendió varios inmuebles de forma inmediatamente posterior a la suspensión de los reembolsos, lleva desde mayo de 2009 sin desprenderse de ningún edificio.
Según consta en su folleto del ejercicio 2009, todavía acumula un patrimonio por valor de 2.686 millones de euros, si bien la rentabilidad cayó el año pasado un 12,44%.
El Tribunal Supremo tendrá que decidir si la Audiencia Nacional debe investigar la querella interpuesta por un grupo de afectados por la congelación de los reembolsos del fondo inmobiliario del Banco Santander, después de que tanto ese organismo como el Juzgado de Instrucción 39 de Madrid negaran su competencia.
Cuando está a punto de cumplirse un año desde que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autorizara al Santander a suspender la devolución de los ahorros a sus más de 43.000 partícipes, el Juzgado de Instrucción 39 de Madrid considera que los hechos denunciados por la asociación Activa, que representa a casi 400 afectados, "podrían ser constitutivos de delito".
No obstante, en un auto del pasado 3 de febrero, al que ha tenido acceso Efe, la juez Belén Sánchez se apoya en el Ministerio Fiscal para rechazar la admisión a trámite de la querella al sostener que los perjudicados son "una generalidad de personas" radicadas "en el territorio de más de una audiencia".
Por tanto, considera que "este Juzgado carece de competencia objetiva para la instrucción del presente procedimiento", que debería recaer por tanto en la Audiencia Nacional, que a mediados de 2009 también descartó su competencia y se negó a admitir a trámite la querella.
La querella, presentada por los abogados Antonio Panea y Javier Sotos, que han impulsado varias causas contra el Santander, acusa a los responsables del primer banco español de estafa, apropiación indebida y otros delitos relativos al mercado como el uso de información privilegiada o la maquinación para alterar la libre formación de precios en el mercado.
Los letrados, que han pedido que se declare la responsabilidad civil directa o subsidiaria del Banco Santander y de su banco privado, Banif, sostienen que el fondo inmobiliario fue comercializado a pequeños ahorradores sin advertirles de los riesgos y, en cambio, permitió obtener 640 millones de euros en comisiones entre 2003 y 2008.
En declaraciones a Efe, el abogado Javier Sotos explicó que será ahora el Tribunal Supremo el encargado de ventilar la cuestión de competencia y resolver las contradicciones en las que ha entrado la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la Fiscalía de los Juzgados de Instrucción de Madrid, que también han llegado a conclusiones contrapuestas.
De momento, los partícipes han recibido cerca del 10% de los ahorros depositados en el Santander Banif Inmobiliario, que el 16 de febrero de 2009 avisó a la CNMV de que los inversores habían solicitado la devolución del 80% del patrimonio del fondo, que no podía atender por estar invertido en inmuebles.
Ante esa situación, la CNMV autorizó el 4 de marzo de 2009 al Santander a suspender los reembolsos durante dos años, conforme a la normativa vigente, que ahora prevé modificar el Ministerio de Economía para "garantizar los intereses de los clientes".
En concreto, el departamento dirigido por Elena Salgado tiene previsto establecer que la gestora de cualquier fondo en liquidación se encargará en todo caso de la venta del patrimonio, sin que exista un plazo límite para que se acometan esas operaciones.
Actualmente, transcurridos los dos primeros años, el patrimonio pasa a ser gestionado por los partícipes, quienes pueden tomar las decisiones de venta.
Las dos asociaciones de afectados por el Santander Banif Inmobiliario, Activa y PASI, consideran que en la práctica los inversores pueden quedar atrapados sine die en un fondo en liquidación y critican al Ministerio de Economía por hacer "un traje a medida" al primer banco español.
De hecho, el Santander Banif Inmobiliario, que vendió varios inmuebles de forma inmediatamente posterior a la suspensión de los reembolsos, lleva desde mayo de 2009 sin desprenderse de ningún edificio.
Según consta en su folleto del ejercicio 2009, todavía acumula un patrimonio por valor de 2.686 millones de euros, si bien la rentabilidad cayó el año pasado un 12,44%.
