nuevatribuna.es
28 de febrero de 2010, 6:39
NUEVATRIBUNA.ES - 25.2.2010
El más madrugador ha sido el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, que ha asegurado en declaraciones a RNE que el Gobierno cumplirá sus acuerdos con los sindicatos de funcionarios, firmado el pasado mes de septiembre. Chaves ha defendido que "el Gobierno es muy respetuoso con los acuerdos firmados con los sindicatos" y, tras advertir de que no conocía "exactamente" lo que había dicho Carlos Ocaña, ha matizado que la reducción de costes se quiere "llevar a cabo fundamentalmente en relación con la oferta publica de empleo". Lo cierto es que no ha descartado una modificación del acuerdo con los sindicatos de funcionarios, pero "siempre desde la perspectiva del acuerdo" con ellos.
El acuerdo firmado entre el Gobierno y los sindicatos contemplaba una subida salarial del 0,3% para 2010 y dejaba abiertos a la negociación los incrementos retributivos de 2011 y 2012. Por primera vez en la Administración del Estado, incluía una cláusula de revisión salarial por la que el Ejecutivo se compromete a compensar en 2012 la pérdida de poder adquisitivo de los salarios si ésta se produjera.
Ocaña planteó una posible revisión del acuerdo salarial para garantizar la reducción en un 4% en 2013 del gasto del personal, que actualmente se estima en unos 120.000 millones, tal y como contempla el plan de austeridad. Pero la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, tampoco coincide con sus apreciaciones. Rojo también ha desmentido que los funcionarios estén en el punto de mira del Gobierno, dentro de sus planes para reducir el gasto público.Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha telefoneado personalmente a los sindicatos de la Función Pública CC.OO., UGT y CSI-CSIF para garantizarles que el Ejecutivo cumplirá el acuerdo que firmó con ellos. Los sindicatos, por su parte, prefieren guardar silencio ante este baile de declaraciones y esperar a que el Gobierno fije su postura. Advierten, no obstante, de que no permitirán que los términos pactados queden reducidos a papel mojado.
Y el Ministerio de Economía y Hacienda ha enviado un comunicado rechazando que este asunto esté sobre la mesa. El comunicado señala que el objetivo de reducción del 4% en el capítulo de gastos de personal con el horizonte de 2013 incluido en el Programa de Estabilidad que se ha enviado a Bruselas se conseguirá mediante el ajuste al 10% de la tasa de reposición de vacantes, lo que significa que de cada diez bajas que se produzcan en la Administración sólo uno será cubierta. Su titular, Elena Salgado, se ha comprometido, al término de la reunión que la comisión ministerial anti-crisis ha celebrado con los partidos políticos, a que no se va a tocar "nada que se refiera a las retribuciones" de los funcionarios.
Lo que sí ha anunciado Elena Salgado es que entre los planes del Ejecutivo para recortar el gasto y el déficit figura el de acometer una "importante reducción del número de empresas públicas". En la rueda de prensa tras la reunión de la "comisión Zurbano", como ya la han bautizado los medios, Salgado ha explicado que el Gobierno va a hacer el "máximo esfuerzo de racionalización" en el ámbito de la administración del Estado y en sus empresas, y por eso espera que las comunidades y los ayuntamientos hagan lo propio. El Plan para desarrollar esta medida se presentará a lo largo del mes de marzo con el fin de abordar un "proceso importante de reestructuración para ganar en eficiencia". La vicepresidenta no ha querido dar más detalles, si bien ha reconocido que será posible que empresas públicas que tienen actividades conexas puedan fusionarse en una única. Sin embargo, preguntada sobre la posibilidad de que se suprima algún ministerio, ha dicho que lo importante es el esfuerzo de austeridad, y hablar de desaparición de un ministerio es "un gesto hacia la galería" que "no tiene mayor utilidad".
BLANCO, EL PRIMERO EN APLICAR LA TIJERA
José Blanco, a quien se considera el verdadero hombre fuerte del Gobierno en la negociación de un pacto de Estado contra la crisis, trató de dar ejemplo un día antes de la reunión con los partidos. El ministro de Fomento anunció la supresión de puestos de dirección en todas las empresas públicas vinculadas al ministerio en el marco del plan de austeridad y eficacia puesto en marcha en su departamento. Como avance de ese recorte de altos cargos, Renfe anunció ya el pasado martes la eliminación de 28 puestos de altos ejecutivos, y reducir así de 39 a 11 el número de puestos de alta dirección.
Blanco se refirió en el pleno del Congreso a los recortes presupuestarios a los que se verá obligado su ministerio por el plan ajuste del Gobierno y aseguró que pese a ello espera mantener la inversión prevista de 30.000 millones de euros a través de diversas vías de financiación. Explicó, por ejemplo, que los compromisos asumidos con las comunidades para el desarrollo del AVE se podrán cumplir entre otras cosas gracias a un plan extraordinario de inversión de 15.000 millones en infraestructuras en colaboración con el sector privado. Que ejecutará en los próximos dos años en colaboración con el capital privado. El de Fomento será el ministerio que sufrirá el mayor recorte sobre lo presupuestado, ya que absorberá un 40% de los 3.000 millones de euros de ajuste, lo que equivale a 1.760 millones. Blanco aprovechó para lanzar un pulla al PP, que denunció la falta de austeridad del Ejecutivo en momentos de crisis. «Es una lástima que no apliquen la austeridad que tanto predican a la demagogia que tanto utilizan», señaló el ministro.
El más madrugador ha sido el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, que ha asegurado en declaraciones a RNE que el Gobierno cumplirá sus acuerdos con los sindicatos de funcionarios, firmado el pasado mes de septiembre. Chaves ha defendido que "el Gobierno es muy respetuoso con los acuerdos firmados con los sindicatos" y, tras advertir de que no conocía "exactamente" lo que había dicho Carlos Ocaña, ha matizado que la reducción de costes se quiere "llevar a cabo fundamentalmente en relación con la oferta publica de empleo". Lo cierto es que no ha descartado una modificación del acuerdo con los sindicatos de funcionarios, pero "siempre desde la perspectiva del acuerdo" con ellos.
El acuerdo firmado entre el Gobierno y los sindicatos contemplaba una subida salarial del 0,3% para 2010 y dejaba abiertos a la negociación los incrementos retributivos de 2011 y 2012. Por primera vez en la Administración del Estado, incluía una cláusula de revisión salarial por la que el Ejecutivo se compromete a compensar en 2012 la pérdida de poder adquisitivo de los salarios si ésta se produjera.
Ocaña planteó una posible revisión del acuerdo salarial para garantizar la reducción en un 4% en 2013 del gasto del personal, que actualmente se estima en unos 120.000 millones, tal y como contempla el plan de austeridad. Pero la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, tampoco coincide con sus apreciaciones. Rojo también ha desmentido que los funcionarios estén en el punto de mira del Gobierno, dentro de sus planes para reducir el gasto público.Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha telefoneado personalmente a los sindicatos de la Función Pública CC.OO., UGT y CSI-CSIF para garantizarles que el Ejecutivo cumplirá el acuerdo que firmó con ellos. Los sindicatos, por su parte, prefieren guardar silencio ante este baile de declaraciones y esperar a que el Gobierno fije su postura. Advierten, no obstante, de que no permitirán que los términos pactados queden reducidos a papel mojado.
Y el Ministerio de Economía y Hacienda ha enviado un comunicado rechazando que este asunto esté sobre la mesa. El comunicado señala que el objetivo de reducción del 4% en el capítulo de gastos de personal con el horizonte de 2013 incluido en el Programa de Estabilidad que se ha enviado a Bruselas se conseguirá mediante el ajuste al 10% de la tasa de reposición de vacantes, lo que significa que de cada diez bajas que se produzcan en la Administración sólo uno será cubierta. Su titular, Elena Salgado, se ha comprometido, al término de la reunión que la comisión ministerial anti-crisis ha celebrado con los partidos políticos, a que no se va a tocar "nada que se refiera a las retribuciones" de los funcionarios.
Lo que sí ha anunciado Elena Salgado es que entre los planes del Ejecutivo para recortar el gasto y el déficit figura el de acometer una "importante reducción del número de empresas públicas". En la rueda de prensa tras la reunión de la "comisión Zurbano", como ya la han bautizado los medios, Salgado ha explicado que el Gobierno va a hacer el "máximo esfuerzo de racionalización" en el ámbito de la administración del Estado y en sus empresas, y por eso espera que las comunidades y los ayuntamientos hagan lo propio. El Plan para desarrollar esta medida se presentará a lo largo del mes de marzo con el fin de abordar un "proceso importante de reestructuración para ganar en eficiencia". La vicepresidenta no ha querido dar más detalles, si bien ha reconocido que será posible que empresas públicas que tienen actividades conexas puedan fusionarse en una única. Sin embargo, preguntada sobre la posibilidad de que se suprima algún ministerio, ha dicho que lo importante es el esfuerzo de austeridad, y hablar de desaparición de un ministerio es "un gesto hacia la galería" que "no tiene mayor utilidad".
BLANCO, EL PRIMERO EN APLICAR LA TIJERA
José Blanco, a quien se considera el verdadero hombre fuerte del Gobierno en la negociación de un pacto de Estado contra la crisis, trató de dar ejemplo un día antes de la reunión con los partidos. El ministro de Fomento anunció la supresión de puestos de dirección en todas las empresas públicas vinculadas al ministerio en el marco del plan de austeridad y eficacia puesto en marcha en su departamento. Como avance de ese recorte de altos cargos, Renfe anunció ya el pasado martes la eliminación de 28 puestos de altos ejecutivos, y reducir así de 39 a 11 el número de puestos de alta dirección.
Blanco se refirió en el pleno del Congreso a los recortes presupuestarios a los que se verá obligado su ministerio por el plan ajuste del Gobierno y aseguró que pese a ello espera mantener la inversión prevista de 30.000 millones de euros a través de diversas vías de financiación. Explicó, por ejemplo, que los compromisos asumidos con las comunidades para el desarrollo del AVE se podrán cumplir entre otras cosas gracias a un plan extraordinario de inversión de 15.000 millones en infraestructuras en colaboración con el sector privado. Que ejecutará en los próximos dos años en colaboración con el capital privado. El de Fomento será el ministerio que sufrirá el mayor recorte sobre lo presupuestado, ya que absorberá un 40% de los 3.000 millones de euros de ajuste, lo que equivale a 1.760 millones. Blanco aprovechó para lanzar un pulla al PP, que denunció la falta de austeridad del Ejecutivo en momentos de crisis. «Es una lástima que no apliquen la austeridad que tanto predican a la demagogia que tanto utilizan», señaló el ministro.
