nuevatribuna.es
27 de julio de 2010, 4:54
NUEVATRIBUNA.ES 23.07.2010
El PP ha empezado a mostrar sus cartas para la reforma laboral con la presentación de 71 enmiendas al decreto aprobado por el Gobierno. Entre sus propuestas –a las que ha tenido acceso nuevatribuna.es- figura limitar el derecho a la huelga vía modificación del artículo 86 del Estatuto de los Trabajadores e incluir de manera textual que “no podrán adoptarse medidas de huelga o conflicto colectivo que tengan por objeto alterar, durante su vigencia, lo pactado en un convenio colectivo”.
El objetivo –dicen- es evitar que se repitan conflictos como los vividos en Metro de Madrid o el caso de los controladores aéreos prohibiendo que se utilice la huelga u otros tipos de protesta como mecanismo de presión cuando se está renegociando un convenio colectivo aún en vigor.
El PP pone así negro sobre blanco lo que algunos dirigentes han venido manifestando desde hace días como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que llegó a calificar los paros en el suburbano madrileño como una “huelga política”. La dirigente popular ha reclamado una ley que regule este derecho para evitar que los sindicatos tomen como “rehenes” a los ciudadanos.
Además de Aguirre, otros responsables políticos de su partido como Cristóbal Montoro, también han criticado el derecho a la huelga. En una reciente entrevista concedida a este periódico el portavoz económico del PP aseguró que las huelgas generales son “decimonónicas” y apostó por “enterrar” definitivamente la figura. “Las huelgas generales no tienen ningún sentido, si las anularan de una vez por todas en nuestro país daríamos un paso de gigantes”, afirmó sin reparos.
En España, el derecho de huelga que reconoce la Constitución en su artículo 28.2 está regulado por un decreto de 1977. Los intentos desde entonces para aprobar un proyecto de ley de huelga han caído en saco roto. El debate se reabre ahora con la resaca del paro del Metro en protesta por los recortes salariales impuestos por el Ejecutivo regional y con la convocatoria de la huelga general para el próximo 29 de septiembre contra la reforma del mercado de trabajo que quiere acometer el Gobierno de Rodríguez Zapatero.
CCOO: “SIGNIFICARÍA VOLVER A LOS TIEMPOS DE LA DICTADURA"
Las primeras reacciones sindicales a la polémica enmienda del PP no han tardado en llegar. El secretario confederal de Comunicación y portavoz de CCOO, Fernando Lezcano, ha dicho que la propuesta “se sitúa en una situación preconstitucional” ya que equivale a “reconsiderar” un derecho que consagra la Carta Magna volviendo así “a los tiempos de la dictadura”.
En conversación con nuevatribuna.es, Lezcano considera que con esta propuesta se deja a los trabajadores “al albur de los empresarios”. Se trata –explica- de que el empresario que quiera renegociar un convenio introduciendo rebajas salariales, frente a la negativa de los trabajadores, estos no puedan convocar movilizaciones.
El responsable sindical entiende que una modificación así tendría que hacerse por ley orgánica. “No se puede meter de rondón en el Estatuto de los Trabajadores porque hace referencia a la huelga y la legislación que tenemos es de antes de la Constitución. No pueden hacer una pieza alusiva a la huelga y moverla a placer”, afirma.
Tampoco cree necesario que se haga una ley de huelga y recuerda que cuando surgió este debate –en el último Gobierno de Felipe González- “se dejó correr porque era peor el remedio que la enfermedad”. A Lezcano le llama mucho la atención que “quienes piden la ley de huelga lo hacen fundamentalmente cuando se generan problemas en los servicios mínimos y son ellos los que imponen esos servicios mínimos abusivos. No deja de ser paradójico decir que yo pongo servicios mínimos abusivos, genero un conflicto al calor de la huelga y luego reivindico una ley de huelga”, dice y critica que siempre que se hable de este asunto sea “desde la lógica de poner límites a ese derecho”.
Respecto a la reforma laboral en su conjunto Lezcano hace una llamada de atención no sólo a las enmiendas del PP sino también a las que han presentado los grupos nacionalistas de CiU y PNV y que inciden mucho en la negociación colectiva. “Entendemos que se pretende aprovechar la ocasión para obviar el compromiso que tenemos con los empresarios para abordar de forma bilateral la estructura de la negociación colectiva lo que desde nuestro punto de vista es inaceptable”.
Asimismo se refiere al “vuelco” que ha dado el Gobierno del PSOE al que reprocha su “miopía” y su “irresponsabilidad política” y al que acusa de haber abierto “la caja de Pandora” con su propuesta de reforma laboral, sobre todo teniendo en cuenta sus “condiciones parlamentarias” de “una precariedad pasmosa” que va a conducir a que, no sólo el mercado de trabajo salga “peor parado” sino también que el Ejecutivo salga políticamente peor parado, advierte.
UGT: “LAS ENMIENDAS DEL PP SON PROPATRONAL”
Por su parte, el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha dicho que la enmienda que plantea el PP es “un exponente de las enmiendas que van dirigidas a aumentar el poder empresarial, a recortar derechos de los trabajadores, a facilitar y abaratar el despido y hacer tan vulnerable la contratación indefinida como la temporal”.
Según el dirigente de UGT, de prosperar dicha enmienda se “abriría la vía de que la negociación colectiva perdería su eficacia general ya que durante su vigencia se podrían alterar las condiciones de trabajo y salariales pactadas”. Además, se introduciría “inseguridad jurídica” a los convenios al romperse la situación de confianza entre trabajadores y empresarios. A su juicio se vulneran derechos constitucionales ya que no sólo se plantea impedir el ejercicio del derecho a la huelga, “sino que tampoco se puede recurrir a conflicto colectivo” y mientras “se da la posibilidad a los empresarios para rebajar las condiciones, se invoca que los trabajadores no puedan ejercer los derechos de huelga porque sería ir contra la vigencia del convenio”.
Ferrer asegura que con sus enmiendas el PP “se quita directamente la careta” y que sus propuestas son “claramente proempresarios y propatronal”. Asimismo critica que la derecha pretenda hacer la contratación indefinida “tan vulnerable como la temporal”, en la medida que “recorta derechos de protección de los trabajadores frente al despido y da facilidades a los empresarios para despedir a la vez que les abarata el despido”; o el hecho de querer trasladar las condiciones de la contratación individual a los convenios “profundizando” así en la línea de “debilitar y recortar los derechos de los trabajadores”.
Ferrer hace una última reflexión para destacar que en estos momentos CCOO y UGT están en un proceso de negociación con las patronales CEOE y CEPYME para reformar la negociación colectiva y, como ha venido siendo desde los años ochenta, siempre se ha logrado el acuerdo y el consenso. Por ello –afirma- “tanto el PP como el conjunto de grupos parlamentarios deberían de respetar la autonomía colectiva y el papel constitucional de los interlocutores sociales”, al tiempo que advierte de que de si prosperan medidas como las del principal partido de la oposición se generaría “un proceso de conflictividad en este país”.
El PP ha empezado a mostrar sus cartas para la reforma laboral con la presentación de 71 enmiendas al decreto aprobado por el Gobierno. Entre sus propuestas –a las que ha tenido acceso nuevatribuna.es- figura limitar el derecho a la huelga vía modificación del artículo 86 del Estatuto de los Trabajadores e incluir de manera textual que “no podrán adoptarse medidas de huelga o conflicto colectivo que tengan por objeto alterar, durante su vigencia, lo pactado en un convenio colectivo”.
El objetivo –dicen- es evitar que se repitan conflictos como los vividos en Metro de Madrid o el caso de los controladores aéreos prohibiendo que se utilice la huelga u otros tipos de protesta como mecanismo de presión cuando se está renegociando un convenio colectivo aún en vigor.
El PP pone así negro sobre blanco lo que algunos dirigentes han venido manifestando desde hace días como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que llegó a calificar los paros en el suburbano madrileño como una “huelga política”. La dirigente popular ha reclamado una ley que regule este derecho para evitar que los sindicatos tomen como “rehenes” a los ciudadanos.
Además de Aguirre, otros responsables políticos de su partido como Cristóbal Montoro, también han criticado el derecho a la huelga. En una reciente entrevista concedida a este periódico el portavoz económico del PP aseguró que las huelgas generales son “decimonónicas” y apostó por “enterrar” definitivamente la figura. “Las huelgas generales no tienen ningún sentido, si las anularan de una vez por todas en nuestro país daríamos un paso de gigantes”, afirmó sin reparos.
En España, el derecho de huelga que reconoce la Constitución en su artículo 28.2 está regulado por un decreto de 1977. Los intentos desde entonces para aprobar un proyecto de ley de huelga han caído en saco roto. El debate se reabre ahora con la resaca del paro del Metro en protesta por los recortes salariales impuestos por el Ejecutivo regional y con la convocatoria de la huelga general para el próximo 29 de septiembre contra la reforma del mercado de trabajo que quiere acometer el Gobierno de Rodríguez Zapatero.
CCOO: “SIGNIFICARÍA VOLVER A LOS TIEMPOS DE LA DICTADURA"
Las primeras reacciones sindicales a la polémica enmienda del PP no han tardado en llegar. El secretario confederal de Comunicación y portavoz de CCOO, Fernando Lezcano, ha dicho que la propuesta “se sitúa en una situación preconstitucional” ya que equivale a “reconsiderar” un derecho que consagra la Carta Magna volviendo así “a los tiempos de la dictadura”.
En conversación con nuevatribuna.es, Lezcano considera que con esta propuesta se deja a los trabajadores “al albur de los empresarios”. Se trata –explica- de que el empresario que quiera renegociar un convenio introduciendo rebajas salariales, frente a la negativa de los trabajadores, estos no puedan convocar movilizaciones.
El responsable sindical entiende que una modificación así tendría que hacerse por ley orgánica. “No se puede meter de rondón en el Estatuto de los Trabajadores porque hace referencia a la huelga y la legislación que tenemos es de antes de la Constitución. No pueden hacer una pieza alusiva a la huelga y moverla a placer”, afirma.
Tampoco cree necesario que se haga una ley de huelga y recuerda que cuando surgió este debate –en el último Gobierno de Felipe González- “se dejó correr porque era peor el remedio que la enfermedad”. A Lezcano le llama mucho la atención que “quienes piden la ley de huelga lo hacen fundamentalmente cuando se generan problemas en los servicios mínimos y son ellos los que imponen esos servicios mínimos abusivos. No deja de ser paradójico decir que yo pongo servicios mínimos abusivos, genero un conflicto al calor de la huelga y luego reivindico una ley de huelga”, dice y critica que siempre que se hable de este asunto sea “desde la lógica de poner límites a ese derecho”.
Respecto a la reforma laboral en su conjunto Lezcano hace una llamada de atención no sólo a las enmiendas del PP sino también a las que han presentado los grupos nacionalistas de CiU y PNV y que inciden mucho en la negociación colectiva. “Entendemos que se pretende aprovechar la ocasión para obviar el compromiso que tenemos con los empresarios para abordar de forma bilateral la estructura de la negociación colectiva lo que desde nuestro punto de vista es inaceptable”.
Asimismo se refiere al “vuelco” que ha dado el Gobierno del PSOE al que reprocha su “miopía” y su “irresponsabilidad política” y al que acusa de haber abierto “la caja de Pandora” con su propuesta de reforma laboral, sobre todo teniendo en cuenta sus “condiciones parlamentarias” de “una precariedad pasmosa” que va a conducir a que, no sólo el mercado de trabajo salga “peor parado” sino también que el Ejecutivo salga políticamente peor parado, advierte.
UGT: “LAS ENMIENDAS DEL PP SON PROPATRONAL”
Por su parte, el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha dicho que la enmienda que plantea el PP es “un exponente de las enmiendas que van dirigidas a aumentar el poder empresarial, a recortar derechos de los trabajadores, a facilitar y abaratar el despido y hacer tan vulnerable la contratación indefinida como la temporal”.
Según el dirigente de UGT, de prosperar dicha enmienda se “abriría la vía de que la negociación colectiva perdería su eficacia general ya que durante su vigencia se podrían alterar las condiciones de trabajo y salariales pactadas”. Además, se introduciría “inseguridad jurídica” a los convenios al romperse la situación de confianza entre trabajadores y empresarios. A su juicio se vulneran derechos constitucionales ya que no sólo se plantea impedir el ejercicio del derecho a la huelga, “sino que tampoco se puede recurrir a conflicto colectivo” y mientras “se da la posibilidad a los empresarios para rebajar las condiciones, se invoca que los trabajadores no puedan ejercer los derechos de huelga porque sería ir contra la vigencia del convenio”.
Ferrer asegura que con sus enmiendas el PP “se quita directamente la careta” y que sus propuestas son “claramente proempresarios y propatronal”. Asimismo critica que la derecha pretenda hacer la contratación indefinida “tan vulnerable como la temporal”, en la medida que “recorta derechos de protección de los trabajadores frente al despido y da facilidades a los empresarios para despedir a la vez que les abarata el despido”; o el hecho de querer trasladar las condiciones de la contratación individual a los convenios “profundizando” así en la línea de “debilitar y recortar los derechos de los trabajadores”.
Ferrer hace una última reflexión para destacar que en estos momentos CCOO y UGT están en un proceso de negociación con las patronales CEOE y CEPYME para reformar la negociación colectiva y, como ha venido siendo desde los años ochenta, siempre se ha logrado el acuerdo y el consenso. Por ello –afirma- “tanto el PP como el conjunto de grupos parlamentarios deberían de respetar la autonomía colectiva y el papel constitucional de los interlocutores sociales”, al tiempo que advierte de que de si prosperan medidas como las del principal partido de la oposición se generaría “un proceso de conflictividad en este país”.
