nuevatribuna.es
15 de marzo de 2010, 11:52
NUEVATRIBUNA.ES- 15.03.2010
Un juez de Madrid ha admitido a trámite la querella criminal contra los responsables del fondo Santander Banif Inmobiliario, Matías Rodríguez Inciarte y Pedro Ruiz-Olivares – como representantes de la gestora - y contra Alfredo Sáez y Rodrigo Echenique –como representantes de la depositaria- presentada en su día por ‘Activa’, la asociación de afectados el cierre del fondo que mantiene desde hace un año a 40.000 inversores sin la posibilidad de recuperar sus ahorros.
En el auto, al que ha tenido acceso nuevatribuna.es, el juez del Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid aprecia indicios de estafa, apropiación indebida y delito societario y admite a trámite la querella criminal presentada por ‘Activa’ contra el que fuera presidente de la gestora del fondo Santander Banif Inmobiliario FII, Santander Real Estate, Matías Rodríguez Inciarte, y su vicepresidente y consejero delegado, Pedro Ruiz-Olivares; y contra el presidente del depositario del fondo, Banco Banif, Alfredo Sáez, y su vicepresidente segundo, Rodrigo Echenique.
El Tribunal Supremo tendrá que decidir qué tribunal tiene la competencia para juzgar sobre el cierre hace un año del que fuera el mayor fondo inmobiliario español. Sin embargo, hasta que el Supremo se pronuncie, el juzgado de instrucción número 39 instruirá el caso después de haber admitido a trámite la querella.
En su auto, la juez titular del juzgado número 39, Belén Sánchez, requiere a la gestora el envío de documentación necesaria para instruir el caso. Así, el juez pide la documentación íntegra relativa a la venta del inmueble de oficinas situado en el Paseo de la Castellana, 13.
La juez también exige a la gestora que identifique a todos los partícipes que abandonaron el fondo en la última oportunidad antes de su cierre, en la ventana de liquidez de octubre de 2008. Partícipes afirman que estas salidas se debieron al uso de información privilegiada.
Asimismo, la juez exige a la gestora el expediente íntegro del préstamo por importe de 170 millones de euros con el cual Banif Inmobilario pagó la salida de esos partícipes en octubre de 2008, a un interés de Euríbor más 300 puntos básicos y que fue suscrito por Banco de Santander.
A su vez, la juez pide a los gestores que identifiquen a todos los clientes de su sucursal de la calle Serrano 92 que lograron salir del fondo antes de su cierre, en la mencionada ventana de liquidez de octubre de 2008.
Por otro lado, la magistrado-juez solicita a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que aporte toda la información disponible en sus archivos sobre el fondo desde su creación hasta la actualidad.
En los hechos que dieron origen a la querella, los partícipes mantienen que el fondo fue un instrumento por el que “el Grupo Santander extrajo, entre 2003 y 2008, comisiones por más de 640 millones de euros”. Según denuncian, estas comisiones consumieron el 100% de los ingresos por alquileres netos y financieros netos y parte de las plusvalías por la venta de los inmuebles “que fue necesario enajenar para pagar las comisiones”.
En declaraciones a nuevatribuna.es, el abogado fundador de ‘Activa’, Juan Manuel Moreno-Luque, expresó hoy su confianza “en la razón y el Estado de Derecho” e insistió una vez más en que “nadie está legitimado para esquilmar los frutos del ahorro popular”.
Un juez de Madrid ha admitido a trámite la querella criminal contra los responsables del fondo Santander Banif Inmobiliario, Matías Rodríguez Inciarte y Pedro Ruiz-Olivares – como representantes de la gestora - y contra Alfredo Sáez y Rodrigo Echenique –como representantes de la depositaria- presentada en su día por ‘Activa’, la asociación de afectados el cierre del fondo que mantiene desde hace un año a 40.000 inversores sin la posibilidad de recuperar sus ahorros.
En el auto, al que ha tenido acceso nuevatribuna.es, el juez del Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid aprecia indicios de estafa, apropiación indebida y delito societario y admite a trámite la querella criminal presentada por ‘Activa’ contra el que fuera presidente de la gestora del fondo Santander Banif Inmobiliario FII, Santander Real Estate, Matías Rodríguez Inciarte, y su vicepresidente y consejero delegado, Pedro Ruiz-Olivares; y contra el presidente del depositario del fondo, Banco Banif, Alfredo Sáez, y su vicepresidente segundo, Rodrigo Echenique.
El Tribunal Supremo tendrá que decidir qué tribunal tiene la competencia para juzgar sobre el cierre hace un año del que fuera el mayor fondo inmobiliario español. Sin embargo, hasta que el Supremo se pronuncie, el juzgado de instrucción número 39 instruirá el caso después de haber admitido a trámite la querella.
En su auto, la juez titular del juzgado número 39, Belén Sánchez, requiere a la gestora el envío de documentación necesaria para instruir el caso. Así, el juez pide la documentación íntegra relativa a la venta del inmueble de oficinas situado en el Paseo de la Castellana, 13.
La juez también exige a la gestora que identifique a todos los partícipes que abandonaron el fondo en la última oportunidad antes de su cierre, en la ventana de liquidez de octubre de 2008. Partícipes afirman que estas salidas se debieron al uso de información privilegiada.
Asimismo, la juez exige a la gestora el expediente íntegro del préstamo por importe de 170 millones de euros con el cual Banif Inmobilario pagó la salida de esos partícipes en octubre de 2008, a un interés de Euríbor más 300 puntos básicos y que fue suscrito por Banco de Santander.
A su vez, la juez pide a los gestores que identifiquen a todos los clientes de su sucursal de la calle Serrano 92 que lograron salir del fondo antes de su cierre, en la mencionada ventana de liquidez de octubre de 2008.
Por otro lado, la magistrado-juez solicita a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que aporte toda la información disponible en sus archivos sobre el fondo desde su creación hasta la actualidad.
En los hechos que dieron origen a la querella, los partícipes mantienen que el fondo fue un instrumento por el que “el Grupo Santander extrajo, entre 2003 y 2008, comisiones por más de 640 millones de euros”. Según denuncian, estas comisiones consumieron el 100% de los ingresos por alquileres netos y financieros netos y parte de las plusvalías por la venta de los inmuebles “que fue necesario enajenar para pagar las comisiones”.
En declaraciones a nuevatribuna.es, el abogado fundador de ‘Activa’, Juan Manuel Moreno-Luque, expresó hoy su confianza “en la razón y el Estado de Derecho” e insistió una vez más en que “nadie está legitimado para esquilmar los frutos del ahorro popular”.
