Las primeras convocatorias que se realicen este año estarán centradas en acreditar competencias relacionadas con los perfiles profesionales de Educación infantil, implantación de la Ley de Dependencia, Hostelería y turismo, y Reparación y mantenimiento de vehículos.
El Consejo de Ministros ha aprobado los criterios de reparto entre las comunidades autónomas de 20 millones de euros para el desarrollo del programa 'Acredita', impulsado por los ministerios de Educación y Trabajo e Inmigración, con el que pretenden acreditar la experiencia laboral de unas 50.000 personas por módulos de Formación Profesional (FP) en 2011.
"Se trata de reconocer en el sistema de FP aquello que el trabajador ha aprendido en su trabajo", ha indicado el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, tras el Consejo de Ministros. Además ha señalado que "la ventaja" es que, si se acredita esta experiencia, los trabajadores podrán continuar sus estudios tanto en formación ocupacional o Formación Profesional reglada.
"No se trata de dar títulos, sino de convalidar parte de los planes de estudio porque se entiende que toda formación práctica asociada a un estudio de FP o formación ocupacional se puede haber adquirido en el trabajo", ha argumentado.
Conforme al Plan Estratégico de Formación Profesional, estos créditos se dirigirán a la realización de convocatorias en cada comunidad mediante las que se pueda evaluar y acreditar a los ciudadanos las competencias profesionales que no tengan reconocidas oficialmente por haberlas adquirido a través de la propia experiencia laboral o de sistemas no formales de aprendizaje.
Se estima que pueden beneficiarse del Programa Acredita unas 60.000 personas: 50.000 lo harán con los créditos del Ministerio de Educación aprobados este viernes y otras 10.000 lo harán mediante los cuatro millones de euros concedidos por el Ministerio de Trabajo.
Las primeras convocatorias que se realicen este año estarán centradas en acreditar competencias relacionadas con los perfiles profesionales de Educación infantil, implantación de la Ley de Dependencia, Hostelería y turismo, y Reparación y mantenimiento de vehículos. Además, las comunidades autónomas podrán incorporar otros sectores que en sus correspondientes ámbitos territoriales se consideren prioritarios.
El criterio que se ha contemplado para el reparto del crédito ha sido el porcentaje de población entre 25 y 64 años de cada comunidad susceptible de acreditar. De esta manera, Andalucía recibe 3,4 millones para evaluar a 8.704 personas; Aragón, 567.895 euros (1.420 personas); Asturias, 474.979 euros (1.187); Baleares, 488.430 euros (1.221 ); Canarias, 942.448 euros (2.356); Cantabria, 258.252 (646).
Castilla y León recibirá 1 millón de euros (2.655); Castilla-La Mancha, 850.529 (2.126); Cataluña, 3,2 millones (8.111); Comunidad Valenciana, 2,1 millones (5.479); Extremadura, 442.069 euros (1.105); Galicia, 1,1 millones (2.956); Comunidad de Madrid, 2,8 millones (7.100); Murcia, 609.220 euros (1.523); Navarra, 269.681 euros (674); País Vasco, 953.813 euros (2.385); y La Rioja, 137.426 (345).
