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5 de abril de 2010, 7:08
NUEVATRIBUNA.ES - 05.04.2010
La vuelta al tajo insufla presión a un Ejecutivo que se enfrenta a una agenda terrorífica. Tras la Semana Santa, que no ha servido para alcanzar el gran pacto económico, el Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero pretende aprobar otro gran hito de la presente legislatura como el Diálogo Social. Sin olvidar la enmienda Florentino, que vuelve mañana martes al Congreso, para su aprobación final.
El primer punto de la ingente agenda oficial se liquida mañana en el Congreso. Allí, este martes, y con el apoyo de CiU y, previsiblemente de Coalición Canaria, el Ejecutivo sacará adelante la llamada enmienda Florentino, la reforma de la Ley de Auditoría de Cuentas y Sociedades Anónimas que elimina las restricciones de voto en las empresas cotizadas.
Fuentes parlamentarias dieron hoy lunes por “definitivamente cerrado” este acuerdo, beneficioso para los intereses de ACS y Sacyr, y que perjudica a sus participadas, las empresas de energía Iberdrola y Repsol. Ahora bien, CiU ha logrado dejar fuera a las empresas familiares del articulado de la enmienda. Un triste consuelo para Antonio Brufau y J.I. Galán, presidentes de Repsol e Iberdrola, tras su oposición a una enmienda hecha “a medida”, según sus críticos, de los ‘ladrilleros’ Florentino Pérez y Luis del Rivero.
En segundo lugar, el próximo viernes el Ejecutivo prevé aprobar algunas medidas impulsadas en la Comisión Zurbano por diversas fuerzas políticas. Tras dos meses de trabajo, y después de un aplazamiento, sin embargo, Zurbano no dejará la imagen de la unidad frente a la crisis, como se pretendía. Así se encargó hoy de recordarlo el portavoz ‘popular’ de Economía, Cristóbal Montoro, quien no descartó, sin embargo, “coincidencias parciales” con el Gobierno.
En este sentido, el PP no dejó hoy escapar la oportunidad para insistir en una retirada de la subida del IVA prevista para julio, a pesar de que numerosos expertos desaconsejan al Gobierno dar marcha atrás en la subida del impuesto indirecto.
Finalmente, el próximo lunes llega el plato fuerte: la reforma laboral. En este punto, señalado por diversos organismos como crucial, objeto de mil polémicas, y con pocos avances en el último año; el Gobierno se juega el resto. Porque, mientras el deterioro de los apoyos políticos por la enmienda Florentino será siempre subsanable, y teniendo en cuenta que la comisión Zurbano nació ya en cierto modo muerta; pocos entenderán que el diálogo con los sindicatos se salde, bien con una confrontación abierta, y tampoco sin ella, por la ausencia de medidas de calado.
Haga lo que haga, el Gobierno tendrá que pagar un precio por sus decisiones en el ámbito laboral. En este sentido, Comisiones Obreras ya ha advertido al Ejecutivo de que el sindicato no está dispuesto a que se aprueben medidas de calado con relación a la contratación y la famosa ‘dualidad’ entre contratados fijos y temporales. Por el contrario, el sindicato aboga por aprobar ahora un plan urgente, y dejar para más adelante el grueso de los cambios en la normativa laboral.
Sin embargo, algunas voces indican que el Ejecutivo no se contentará con posponer estas medidas, sino que intentará dar luz verde a cierto abaratamiento del despido –‘casus belli’ para los sindicatos-, con un aumento de la protección social como contrapartida, según señala en El País Joaquín Estefanía. .
Así pues, buena parte del futuro del Ejecutivo se liquida en la mesa del Diálogo Social, donde se sientan empresarios y sindicatos. De las chispas que salten en esta negociación durante las próximas jornadas, dependen dos años de gobierno y, quizás, el resultado de las próximas elecciones.
La vuelta al tajo insufla presión a un Ejecutivo que se enfrenta a una agenda terrorífica. Tras la Semana Santa, que no ha servido para alcanzar el gran pacto económico, el Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero pretende aprobar otro gran hito de la presente legislatura como el Diálogo Social. Sin olvidar la enmienda Florentino, que vuelve mañana martes al Congreso, para su aprobación final.
El primer punto de la ingente agenda oficial se liquida mañana en el Congreso. Allí, este martes, y con el apoyo de CiU y, previsiblemente de Coalición Canaria, el Ejecutivo sacará adelante la llamada enmienda Florentino, la reforma de la Ley de Auditoría de Cuentas y Sociedades Anónimas que elimina las restricciones de voto en las empresas cotizadas.
Fuentes parlamentarias dieron hoy lunes por “definitivamente cerrado” este acuerdo, beneficioso para los intereses de ACS y Sacyr, y que perjudica a sus participadas, las empresas de energía Iberdrola y Repsol. Ahora bien, CiU ha logrado dejar fuera a las empresas familiares del articulado de la enmienda. Un triste consuelo para Antonio Brufau y J.I. Galán, presidentes de Repsol e Iberdrola, tras su oposición a una enmienda hecha “a medida”, según sus críticos, de los ‘ladrilleros’ Florentino Pérez y Luis del Rivero.
En segundo lugar, el próximo viernes el Ejecutivo prevé aprobar algunas medidas impulsadas en la Comisión Zurbano por diversas fuerzas políticas. Tras dos meses de trabajo, y después de un aplazamiento, sin embargo, Zurbano no dejará la imagen de la unidad frente a la crisis, como se pretendía. Así se encargó hoy de recordarlo el portavoz ‘popular’ de Economía, Cristóbal Montoro, quien no descartó, sin embargo, “coincidencias parciales” con el Gobierno.
En este sentido, el PP no dejó hoy escapar la oportunidad para insistir en una retirada de la subida del IVA prevista para julio, a pesar de que numerosos expertos desaconsejan al Gobierno dar marcha atrás en la subida del impuesto indirecto.
Finalmente, el próximo lunes llega el plato fuerte: la reforma laboral. En este punto, señalado por diversos organismos como crucial, objeto de mil polémicas, y con pocos avances en el último año; el Gobierno se juega el resto. Porque, mientras el deterioro de los apoyos políticos por la enmienda Florentino será siempre subsanable, y teniendo en cuenta que la comisión Zurbano nació ya en cierto modo muerta; pocos entenderán que el diálogo con los sindicatos se salde, bien con una confrontación abierta, y tampoco sin ella, por la ausencia de medidas de calado.
Haga lo que haga, el Gobierno tendrá que pagar un precio por sus decisiones en el ámbito laboral. En este sentido, Comisiones Obreras ya ha advertido al Ejecutivo de que el sindicato no está dispuesto a que se aprueben medidas de calado con relación a la contratación y la famosa ‘dualidad’ entre contratados fijos y temporales. Por el contrario, el sindicato aboga por aprobar ahora un plan urgente, y dejar para más adelante el grueso de los cambios en la normativa laboral.
Sin embargo, algunas voces indican que el Ejecutivo no se contentará con posponer estas medidas, sino que intentará dar luz verde a cierto abaratamiento del despido –‘casus belli’ para los sindicatos-, con un aumento de la protección social como contrapartida, según señala en El País Joaquín Estefanía. .
Así pues, buena parte del futuro del Ejecutivo se liquida en la mesa del Diálogo Social, donde se sientan empresarios y sindicatos. De las chispas que salten en esta negociación durante las próximas jornadas, dependen dos años de gobierno y, quizás, el resultado de las próximas elecciones.
