nuevatribuna.es
17 de enero de 2011, 6:28
nuevatribuna.es | 14.01.2011
Nuevas complicaciones para el pacto sobre la reforma de las pensiones. El secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, negó hoy que el Gobierno esté dispuesto a suavizar la reforma de laboral aprobada en septiembre, a cambio de una supuesta aceptación por parte de los sindicatos de un retraso en la edad de jubilación.
Campa lanzó estas declaraciones horas antes de que los sindicatos y el Gobierno se sienten de nuevo a negociar la reforma de las pensiones. Mientras algunos medios publicaban hoy que el Gobierno está dispuesto a suavizar la reforma laboral y corregir la figura del llamado ‘despido barato’, Campa desmintió este viernes esa posibilidad, que calificó de “malentendido”. “En ningún caso”, -reiteró-, el consenso en materia de pensiones llegará “a costa de las medidas que se han tomado ya”, alertó, tras tildar de “muy preocupante” esa posibilidad.
Las palabras de Campa -que compareció para explicar la subida de precios recogida por el IPC- se enmarcan dentro de la negociación que mantienen el Gobierno y los sindicatos en torno a una reforma de las pensiones, una negociación que podría ampliarse a otros asuntos –como la negociación colectiva, un pacto energético, las políticas activas y la ya mencionada reforma laboral- , y a la que hoy se incorporan los empresarios, liderados por el nuevo presidente de CEOE, Joan Rosell.
Las declaraciones de Campa contradicen además el contenido del borrador de un Real Decreto, que desarrolla la ‘Ley de medidas urgentes sobre el mercado de trabajo’, y que, según interpretaron muchos, suaviza algunos aspectos de la reforma laboral, en concreto la figura del despido objetivo -el llamado ‘despido barato’- introducido por la reforma aprobada por el Congreso en septiembre. Sin embargo, el secretario de Estado ha explicado que el proyecto de Real Decreto se limita a regular los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), impidiendo los despidos colectivos por "una previsión coyuntural de pérdidas", en los que sólo cabe acogerse a la suspensión temporal de los empleos. "Es plenamente coherente" con la reforma laboral aprobada por el Parlamento en septiembre", ha concluido.
Por su parte, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, celebró hoy lo que consideró como una rectificación del Gobierno. Méndez fue más allá y afirmó que no ve como un "guiño" a los sindicatos los cambios en las causas del despido que ha introducido el Gobierno en el desarrollo reglamentario de la reforma laboral y consideró que la propuesta inicial, que permitía despedir a los trabajadores ateniéndose a previsiones económicas negativas, era una "aberración jurídica".
Para Méndez, esta modificación respecto a los planteamientos iniciales es "si acaso" un guiño "al sentido común", ya que no hay "nada más subjetivo que una previsión" y, por tanto, no se pueden introducir elementos subjetivos como causa objetiva de despido.
EL IPC y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
La subida de los precios abre otro frente de posible confrontación entre empresarios y sindicatos. Una posibilidad que, sin embargo, negó hoy el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, quien afirmó la subida del IPC –un 3 por ciento en diciembre, respecto al año pasado- no complica la negociación colectiva. Campa confió en que los sindicatos y los empresarios se atengan a las “pautas” marcadas por el pacto “trianual” firmado el año pasado.
La interpretación de Campa choca con las previsiones de UGT, El sindicato dirigido por Cándido Méndez reclamó hoy el desbloqueo efectivo de la negociación colectiva, y pidió “que se cumplan” los compromisos del pacto salarial al que se refería Campa, el llamado Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2010-2012. Tras conocer la subida de los precios, la central reclamó la inclusión de la cláusula de revisión salarial en “todos los convenios” e hizo notar que, actualmente, “sólo” están cubiertos por esta cláusula el 45,6 por ciento de los trabajadores.
UGT alertó además de las “graves” consecuencias económicas del incremento de precios si ésta continúa en 2011 y temió la aparición de una “escalada” de precios como consecuencia de la subida de la luz (9,8 por ciento), el gas (4 por ciento) y las nuevas tarifas de los transportes públicos), que tuvieron lugar en enero, y que no están recogidas, por tanto, en la subida de diciembre. Un cóctel explosivo, continuó el sindicato, si se combinan con el “nulo” crecimiento económico esperado en 2011 y las “elevadas” tasas de desempleo.
Por su parte, Comisiones Obreras (CCOO) consideró "imprescindible" fijar cláusulas de garantía salarial en los convenios colectivos con el fin de prevenir y corregir la desviación al alza de las previsiones del Índice de Precios de Consumo (IPC), ante el "riesgo" de pérdida de poder adquisitivo. El sindicato encabezado por Ignacio Fernández Toxo recuerda que el incremento salarial medio pactado para 2010 se situó en el 1,30 por ciento, esto es, 1,7 puntos por debajo del IPC, que cerró en el 3 por ciento.
La central se reafirma en los compromisos acordados en el Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva 2010-2012, en el que se garantizaba, con el respaldo de los empresarios, fijar incrementos salariales de hasta el 1 por ciento en 2010, entre el 1 por ciento y el 2 por ciento para este año y entre el 1,5 por ciento y el 2,5 por ciento en 2012.
EL IVA, RESPONSABLE DE LA SUBIDA
El secretario de Estado se refirió además a los factores que influyeron en la subida de precios en 2010. Así, Campa afirmó que la subida del IVA que entró en vigor en septiembre es responsable de 5 ó 6 décimas del alza de los precios. Otros responsables de la subida son el tabaco y las bebidas alcohólicas, que contribuyeron a la subida en 2 décimas, tras encarecerse un 6,1 por ciento en diciembre. El resto de la subida se debió a la subida de los carburantes (un 3,8 por ciento en diciembre), transportes (un 1,9 por ciento), ocio y cultura (1,3 por ciento).
Con todo, Campa defendió que el avance de los precios “no debe entenderse como una reducción de la competitividad” de los productos españoles respecto a los de la UE. “No afecta a los productos que exportamos”, explicó, debido a que la “mayoría” de los grupos -vestidos, menajes, medicina y comunicaciones- “mantienen diferenciales negativos” con la Unión Europea (UE), concluyó.
Campa afirmó que, en el mercado de los bienes industriales, la inflación fue sólo del 0,6 por ciento, mientras que los costes laborales crecieron “sólo” un 0,3 por ciento, unas subidas “mucho más moderadas” que los precios de consumo, concluyó.
