nuevatribuna.es
17 de agosto de 2009, 4:34
NUEVATRIBUNA.ES - 16.09.2009
La semana pasada el ministerio de Trabajo señalaba que las muertes por accidentes laborales. Sin embargo los datos no son tan positivos como parecen. Las buenas noticias no tienen que ver con una mejora en la normativa y en la regulación laboral, sino que el contexto económico y se perfila como la causa principal.
Desde este punto de vista, el sindicato UGT aclara que “el descenso de la actividad económica ha venido acompañada de un descenso de la siniestralidad laboral”. El número de muertes también ha descendido: 121 fallecidos menos en jornada de trabajo, respecto al primer semestre del año anterior y 21 menos en accidentes in itínere, es decir en los trayectos que se producen a causa del trabajo.
Pese a este descenso de la siniestralidad laboral, UGT denuncia que todavía en nuestro país dos trabajadores mueren cada día a consecuencia de un accidente laboral, 18 sufren un accidente grave durante su jornada y en su lugar de trabajo y 1.863 tienen un accidente leve.
Reducir estas cifras con políticas estructurales y no con situaciones circunstanciales es la mayor preocupación del sindicato. Por ello UGT solicita al Gobierno que se comprometa firmemente con patronal y sindicatos para desarrollar la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el trabajo, de tal forma que la prevención de riesgos y la cultura preventiva llegue a todas y cada una de las empresas y trabajadores españoles.
OBJETIVO: PREVENCIÓN
Desde UGT el incumplimiento de la actual Ley de Prevención de Riesgos Laborales “debería castigarse con más fuerza”, además desarrollar el objetivo 3 de la Estrategia, es decir, “fortalecer el papel de los interlocutores sociales y la implicación de los empresarios y de los trabajadores en la mejora de la seguridad y salud en el trabajo”.
Como propuestas, el sindicato advierte que es necesario que los agentes de la prevención lleguen no sólo a las grandes empresas sino también a las pequeñas y muy pequeñas empresas. Solicitan una Ley Integral de Siniestralidad que unifique en el orden social todos los aspectos del accidente de trabajo (excepto las responsabilidades penales que deben permanecer en el orden jurisdiccional penal); y coordinar las políticas públicas de prevención de riesgos, reforzando las instituciones que se dedican a estos fines.
“Es necesario incrementar los recursos materiales y el número de Inspectores de Trabajo y Técnicos habilitados, dedicados al desarrollo de políticas y programas de actuación dirigidos a las empresas, desde los diferentes ámbitos territoriales y sectoriales, con la participación de los agentes sociales” proponen desde UGT.
Según el sindicato las Comunidades Autónomas deben desarrollar y aplicar el Protocolo Marco de modo que se aplique, también, el Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, para que se publiquen las sanciones por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales.
LAS ENFERMEDADES INVISIBLES
A pesar de que el Real Decreto de Notificación y Registro de Enfermedades Profesionales de 2006 fijaba como objetivo prioritario hacer aflorar las enfermedades ocultas en el sistema, pues había una infradeclaración de este tipo de enfermedades, en el primer semestre de este año se ha constatado un nuevo descenso en la declaración de las mismas: se han declarado 1.637 enfermedades profesionales menos que en el primer semestre de 2008 (un 15% menos) y 3.734 enfermedades profesionales menos que en el 2006, es decir un 27% menos.
UGT ya ha transmitido, en más de una ocasión su inquietud de que se estén derivando al Sistema Nacional de Salud patologías que se producen dentro del ámbito laboral y que se estén tratando como contingencias comunes, con el consiguiente perjuicio para los trabajadores.
Para el sindicato no hay ninguna explicación en la coyuntura empresarial que sirva como excusa del mantenimiento de esta baja declaración y, por ello, exige al Ministerio de Trabajo e Inmigración que tome medidas en este asunto, en el que está en juego la salud de millones de españoles.
El sindicato hace hincapié en la necesidad de una reforma total de la Ley de Mutuas para mejorar sus gestión, transparencia y eficacia. En este sentido, solicita una mayor participación de los representantes de los trabajadores y más control de la Administración, de los empresarios y de los sindicatos en los órganos de dirección, ya que las Mutuas gestionan fondos públicos provenientes del trabajo y deben de hacer un buen uso de los mismos. “Por otra parte, los criterios de contratación de una Mutua deben de satisfacer a los trabajadores y no sólo perseguir objetivos de economicidad o de fiscalización de las bajas”, denuncia el sindicato.
La semana pasada el ministerio de Trabajo señalaba que las muertes por accidentes laborales
Desde este punto de vista, el sindicato UGT aclara que “el descenso de la actividad económica ha venido acompañada de un descenso de la siniestralidad laboral”. El número de muertes también ha descendido: 121 fallecidos menos en jornada de trabajo, respecto al primer semestre del año anterior y 21 menos en accidentes in itínere, es decir en los trayectos que se producen a causa del trabajo.
Pese a este descenso de la siniestralidad laboral, UGT denuncia que todavía en nuestro país dos trabajadores mueren cada día a consecuencia de un accidente laboral, 18 sufren un accidente grave durante su jornada y en su lugar de trabajo y 1.863 tienen un accidente leve.
Reducir estas cifras con políticas estructurales y no con situaciones circunstanciales es la mayor preocupación del sindicato. Por ello UGT solicita al Gobierno que se comprometa firmemente con patronal y sindicatos para desarrollar la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el trabajo, de tal forma que la prevención de riesgos y la cultura preventiva llegue a todas y cada una de las empresas y trabajadores españoles.
OBJETIVO: PREVENCIÓN
Desde UGT el incumplimiento de la actual Ley de Prevención de Riesgos Laborales “debería castigarse con más fuerza”, además desarrollar el objetivo 3 de la Estrategia, es decir, “fortalecer el papel de los interlocutores sociales y la implicación de los empresarios y de los trabajadores en la mejora de la seguridad y salud en el trabajo”.
Como propuestas, el sindicato advierte que es necesario que los agentes de la prevención lleguen no sólo a las grandes empresas sino también a las pequeñas y muy pequeñas empresas. Solicitan una Ley Integral de Siniestralidad que unifique en el orden social todos los aspectos del accidente de trabajo (excepto las responsabilidades penales que deben permanecer en el orden jurisdiccional penal); y coordinar las políticas públicas de prevención de riesgos, reforzando las instituciones que se dedican a estos fines.
“Es necesario incrementar los recursos materiales y el número de Inspectores de Trabajo y Técnicos habilitados, dedicados al desarrollo de políticas y programas de actuación dirigidos a las empresas, desde los diferentes ámbitos territoriales y sectoriales, con la participación de los agentes sociales” proponen desde UGT.
Según el sindicato las Comunidades Autónomas deben desarrollar y aplicar el Protocolo Marco de modo que se aplique, también, el Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, para que se publiquen las sanciones por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales.
LAS ENFERMEDADES INVISIBLES
A pesar de que el Real Decreto de Notificación y Registro de Enfermedades Profesionales de 2006 fijaba como objetivo prioritario hacer aflorar las enfermedades ocultas en el sistema, pues había una infradeclaración de este tipo de enfermedades, en el primer semestre de este año se ha constatado un nuevo descenso en la declaración de las mismas: se han declarado 1.637 enfermedades profesionales menos que en el primer semestre de 2008 (un 15% menos) y 3.734 enfermedades profesionales menos que en el 2006, es decir un 27% menos.
UGT ya ha transmitido, en más de una ocasión su inquietud de que se estén derivando al Sistema Nacional de Salud patologías que se producen dentro del ámbito laboral y que se estén tratando como contingencias comunes, con el consiguiente perjuicio para los trabajadores.
Para el sindicato no hay ninguna explicación en la coyuntura empresarial que sirva como excusa del mantenimiento de esta baja declaración y, por ello, exige al Ministerio de Trabajo e Inmigración que tome medidas en este asunto, en el que está en juego la salud de millones de españoles.
El sindicato hace hincapié en la necesidad de una reforma total de la Ley de Mutuas para mejorar sus gestión, transparencia y eficacia. En este sentido, solicita una mayor participación de los representantes de los trabajadores y más control de la Administración, de los empresarios y de los sindicatos en los órganos de dirección, ya que las Mutuas gestionan fondos públicos provenientes del trabajo y deben de hacer un buen uso de los mismos. “Por otra parte, los criterios de contratación de una Mutua deben de satisfacer a los trabajadores y no sólo perseguir objetivos de economicidad o de fiscalización de las bajas”, denuncia el sindicato.
