La creación de un consorcio tributario conllevaría, entre otras ventajas, la de compartir información de forma más eficaz entre las distintas administraciones, mejorando consecuentemente la gestión tributaria, pues la actual falta de coordinación debilita la lucha contra el fraude
Con las elecciones de Cataluña a la vuelta de la esquina y la campaña electoral ya iniciada, ha habido una propuesta que está dando, y dará, mucho que hablar. Se trata de la que hizo la semana pasada el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, de ampliar la cesión de impuestos como el IRPF, el IVA y algunos especiales, que actualmente se encuentran cedidos a las comunidades al 50% y al 58%, respectivamente, asumiendo la gestión y recaudación de todos los impuestos pagados en Cataluña.
En lo referente a la ampliación del actual porcentaje de cesión de los citados impuestos, es más que probable que las demás autonomías del régimen común también la incluyan entre las propuestas que presentarán de cara al futuro modelo de financiación autonómica. Y actualmente las arcas públicas no cuentan con el dinero suficiente como para contentar a las comunidades y cumplir, al mismo tiempo, con los objetivos de déficit comprometidos con Bruselas, teniendo en cuenta nuestro actual diferencial con la media de la UE en presión fiscal, con un déficit cercano a los sesenta mil millones anuales. Por lo que sería necesario abordar una reforma global de todo el sistema tributario que le diera suficiencia.
Los socialistas catalanes plantean una corresponsabilidad en la gestión que los expertos nombrados para estudiar la reforma del modelo de financiación ponían de manifiesto en su informe del pasado julio, al destacar la necesidad de aumentar la coordinación entre las administraciones autonómicas y la estatal. De hecho, hablaban de la posibilidad de crear un consorcio tributario, en el que la participación de las administraciones resultara simétrica a las competencias que tiene cada una de ellas.
En cualquier caso, existe alguna diferencia entre la propuesta del grupo de expertos y la del PSC en relación a que la Generalitat recaude y gestione todos los impuestos. Y es que, para los expertos, la mayor corresponsabilidad fiscal de las comunidades no puede derivar en un modelo de gestión fraccionada del sistema tributario, donde cada Comunidad autónoma sea competente para gestionar todos los tributos generados en su territorio. Esta opción no es recomendable para los expertos, pues impediría el aprovechamiento de las ganancias de eficiencia derivadas de la gestión consorciada del sistema fiscal.
Por el contrario, la gestión a través de un consorcio, tal y como proponemos desde Gestha, que también recoge el borrador entregado por el grupo de expertos para el nuevo sistema de financiación autonómica, se encuentra a caballo entre el modelo federal sugerido por Miquel Iceta y el modelo de reparto de competencias híbrido actual. Dicho modelo, recogido en el artículo 204 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, mejoraría el actual sistema sin caer en los problemas de adaptación que conllevaría el esquema federal planteado por el PSC.
En definitiva, la creación de un consorcio tributario conllevaría, entre otras ventajas, la de compartir información de forma más eficaz entre las distintas administraciones, mejorando consecuentemente la gestión tributaria, pues la actual falta de coordinación debilita la lucha contra el fraude. Sin olvidar que daría la posibilidad de compartir efectivos, oficinas y medios materiales entre las administraciones, lo que supondría también un importante ahorro en el marco de la gestión tributaria, que bienvenido sea.
Contesta Carlos Cruzado 
