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28 de enero de 2010, 9:08
NUEVATRIBUNA.ES - 28.01.2010
José Blanco sí ha avanzado que las medidas y reformas que la economía española necesita conllevarán "ajustes y sacrificios". "Pero merece la pena para tratar de generar un clima de confianza, de decisiones, para recuperar la actividad económica, recuperar el empleo y, por tanto, dar respuesta a las necesidades del país", ha añadido en declaraciones a Cuatro. Sobre el Consejo de Ministros de este viernes, se ha limitado a apuntar que se aprobará "un paquete económico muy importante para tratar de anticipar la recuperación".
Lo que podría hacer el Gobierno es proponer que se eleve el período de cálculo de las pensiones a los últimos 20 años de la vida laboral, según adelanta hoy un diario de Madrid. Esta medida, que se remitirá después al Pacto de Toledo, contribuiría a garantizar la viabilidad del sistema de pensiones. Además, el Gobierno anunció un plan para reducir el gasto público en 50.000 millones de euros durante los próximos cuatro años.
La filtración del Gobierno levantó suspicacias en Comisiones Obreras, el sindicato que reprochó al Ejecutivo su falta de respeto al “fondo y la forma” en materia de pensiones. Sin embargo, el sindicato se mostró ayer mismo dispuesto “a estudiar” la ampliación del período de cálculo, que tendrá que estudiar el Pacto de Toledo.
El sindicato se mostró abierto una posible ampliación del período de cálculo, si bien apostó por mejorar las pensiones más bajas. “Buscaremos fórmulas que permitan cuadrar estos objetivos”, dijo el secretario de comunicación, Fernando Lezcano.
La reforma de las pensiones busca garantizar la viabilidad del sistema, en riesgo por el aumento de la esperanza de vida. Por otro lado, la crisis económica resta también recursos a un sistema que se nutre de las cotizaciones sociales que pagan las empresas y los trabajadores.
En 2009, el superávit de la Seguridad Social disminuyó más de un 40 por ciento respecto al año anterior, y se situó en poco más de 8.500 millones de euros. Aunque esta cifra duplica las previsiones oficiales, el Gobierno se plantea reformar algunas prestaciones, como, por ejemplo, la pensión de viudedad.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, negó hoy que el Ejecutivo esté estudiando ampliar la edad de jubilación a los 70 años, tal y como ayer propuso el jefe de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán. En este sentido, diversos medios del grupo Vocento publicaron hoy que el Ejecutivo se plantea retrasar la edad de retiro hasta los 67 años.
La crisis económica ha obligado al Gobierno a plantear un plan de austeridad que recortará 50.000 millones el gasto del Estado durante los próximos cuatro años. El ajuste de gastos -“muy severo”, según Moncloa- tendrá desde ahora hasta 2013. Sin embargo, no afectará al gasto en pensiones, desempleo, dependencia y educación.
El Gobierno está obligado a aplicar un recorte del gasto público, acosado por el crecimiento del déficit y de la deuda. Así, el Consejo de Ministros aprobó en noviembre el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible que, entre otras medidas, estipulaba un periodo de tiempo de seis meses para que el Gobierno presentara un plan de austeridad que redujera el gasto público y, de esta forma, cumplir con los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea con vistas a 2013.
José Blanco sí ha avanzado que las medidas y reformas que la economía española necesita conllevarán "ajustes y sacrificios". "Pero merece la pena para tratar de generar un clima de confianza, de decisiones, para recuperar la actividad económica, recuperar el empleo y, por tanto, dar respuesta a las necesidades del país", ha añadido en declaraciones a Cuatro. Sobre el Consejo de Ministros de este viernes, se ha limitado a apuntar que se aprobará "un paquete económico muy importante para tratar de anticipar la recuperación".
Lo que podría hacer el Gobierno es proponer que se eleve el período de cálculo de las pensiones a los últimos 20 años de la vida laboral, según adelanta hoy un diario de Madrid. Esta medida, que se remitirá después al Pacto de Toledo, contribuiría a garantizar la viabilidad del sistema de pensiones. Además, el Gobierno anunció un plan para reducir el gasto público en 50.000 millones de euros durante los próximos cuatro años.
La filtración del Gobierno levantó suspicacias en Comisiones Obreras, el sindicato que reprochó al Ejecutivo su falta de respeto al “fondo y la forma” en materia de pensiones. Sin embargo, el sindicato se mostró ayer mismo dispuesto “a estudiar” la ampliación del período de cálculo, que tendrá que estudiar el Pacto de Toledo.
El sindicato se mostró abierto una posible ampliación del período de cálculo, si bien apostó por mejorar las pensiones más bajas. “Buscaremos fórmulas que permitan cuadrar estos objetivos”, dijo el secretario de comunicación, Fernando Lezcano.
La reforma de las pensiones busca garantizar la viabilidad del sistema, en riesgo por el aumento de la esperanza de vida. Por otro lado, la crisis económica resta también recursos a un sistema que se nutre de las cotizaciones sociales que pagan las empresas y los trabajadores.
En 2009, el superávit de la Seguridad Social disminuyó más de un 40 por ciento respecto al año anterior, y se situó en poco más de 8.500 millones de euros. Aunque esta cifra duplica las previsiones oficiales, el Gobierno se plantea reformar algunas prestaciones, como, por ejemplo, la pensión de viudedad.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, negó hoy que el Ejecutivo esté estudiando ampliar la edad de jubilación a los 70 años, tal y como ayer propuso el jefe de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán. En este sentido, diversos medios del grupo Vocento publicaron hoy que el Ejecutivo se plantea retrasar la edad de retiro hasta los 67 años.
La crisis económica ha obligado al Gobierno a plantear un plan de austeridad que recortará 50.000 millones el gasto del Estado durante los próximos cuatro años. El ajuste de gastos -“muy severo”, según Moncloa- tendrá desde ahora hasta 2013. Sin embargo, no afectará al gasto en pensiones, desempleo, dependencia y educación.
El Gobierno está obligado a aplicar un recorte del gasto público, acosado por el crecimiento del déficit y de la deuda. Así, el Consejo de Ministros aprobó en noviembre el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible que, entre otras medidas, estipulaba un periodo de tiempo de seis meses para que el Gobierno presentara un plan de austeridad que redujera el gasto público y, de esta forma, cumplir con los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea con vistas a 2013.
