Repsol, ACS, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Acciona y Renovalia lideran megaproyectos en América Latina ubicados en territorios indígenas que están provocando graves impactos socioecológicos y vulneración de derechos humanos como vienen denunciando desde hace años distintas organizaciones a nivel mundial.
El último informe presentado por Ecologistas en Acción* bajo el título ‘El IBEX 35 en guerra contra la vida’ pone en evidencia los conflictos generados en esos territorios por la acción de las transnacionales españolas aportando además una visión de género, un análisis ecofeminista, que demuestra que la irrupción de las corporaciones ha supuesto una reconfiguración de las relaciones de género.
El 62% de la facturación de las compañías del IBEX35 se genera en el exterior
En los últimos 20 años las empresas españolas han internacionalizado sus negocios alcanzando de media el 62,4% de facturación en el exterior (en algunos casos el porcentaje llega a ser cercano al 100%). La connivencia político-económica con la que operan es bien conocida. La práctica de las puertas giratorias ofrece múltiples ejemplos: en los últimos 40 años, el 40% de los ministros españoles han sido altos cargos de grandes corporaciones. Por Gas Natural Fenosa han pasado dos expresidentes del Gobierno: Leopoldo Calvo Sotelo y Felipe González. A ello se añaden otros vínculos como los protagonizados por el Grupo ACS que preside Florentino Pérez con casos de corrupción como ‘Púnica’, ‘los papeles de Bárcenas, o ‘Lezo’.
EXTRACCIÓN DE GAS EN PERÚ
Imagen: Survival Internacional
La extracción de gas del Proyecto Camisea en la Amazonía peruana por parte de Repsol y financiado por el BBVA afecta a cuatro áreas naturales protegidas inmersas en territorios habitados por pueblos indígenas. La corporación española es en la actualidad el segundo grupo de poder económico de Perú. El informe califica de “captura corporativa del Estado” la influencia que tienen los grandes grupos económicos en la política peruana y las grandes inversiones extractivas desde la época de Fujimori: el 75% del territorio amazónico peruano está cubierto de concesiones hidrocarburíferas.
Entre los impactos socioecológicos de estos proyectos resalta el riesgo de derrames que contaminan los suelos y el agua que consumen las poblaciones ubicadas en esos lugares. Un estudio de 2015 reveló que casi el 80% de la población nahua (en la Reserva Territorial de Kugapakori) padece contaminación por mercurio. Asimismo, se ha evidenciado una pérdida de la biodiversidad acuática y la disminución de la fauna terrestre en la zona en un 67%. Siendo como son la pesca y la caza las principales fuentes de alimentación de las comunidades amazónicas, el proyecto ha afectado a sus espacios vitales: en algunas zonas la desnutrición infantil alcanza el 80%.
PROYECTO HIDROELÉCTRICO EN GUATEMALA
Imagen: Alianza por la Solidaridad
La construcción del proyecto hidroeléctrico Renace por parte del Grupo ACS en Guatemala a través de su filial Cobra tiene colonizado el río Cahabón afectando a 30 kilómetros de su cauce. La empresa española, presidida por Florentino Pérez participa como contratista principal de las obras de construcción de tres plantas del complejo hidroeléctrico Renace, el más grande de Guatemala. Una ley de 2003 otorgó a las empresas un régimen muy favorable de deducciones fiscales e incentivos económicos y la concesión gratuita del uso de dominio público de los ríos por un plazo de 50 años. Con 43 proyectos hidroeléctricos, más de la mitad de la población no tiene acceso a la electricidad. El acceso a agua entubada no llega al 20% de los hogares y menos del 3% cuenta con acceso a agua potable. El sector solo da respuesta a las necesidades de consumo de la agroindustria y la minería, así como a fortalecer a Guatemala como exportadora de electricidad en la región centroamericana.
Todo ello ha provocado una enorme conflictividad social en la zona. 20 comunidades rurales con una población de 29.000 personas están siendo afectadas. La absorción por parte de las plantas hidroeléctricas del caudal superficial del río afecta a la biodiversidad y al acceso al agua en un contexto en el que más de la mitad de la población hace uso del río para su abastecimiento doméstico. La apertura de carreteras, túneles y caminos ha provocado procesos de deforestación y de privatización de tierras. Las protestas de los que defienden los territorios intentan ser acalladas con agresiones y amenazas: “Atendiendo a las agresiones que sufren las personas, organizaciones y comunidades defensoras en el país, se puede afirmar que existen patrones sistemáticos de hostigamiento y vulneración de derechos hacia quienes defienden el territorio y la naturaleza, que se cimentan sobre la construcción de un clima generalizado de temor, desprotección e impunidad”, afirma el informe.
CORREDOR EÓLICO EN MÉXICO
El Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec en México (franja de tierra que separa el Golfo de México y el Océano Pacífico) que involucra a Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Acciona y Renovalia, es el más grande de América Latina con 5.000 aerogeneradores en unas 100.000 hectáreas. El 87% de los aerogeneradores instalados han sido fabricados por Gamesa y Acciona. “La lógica de los megaproyectos eólicos continúa reproduciendo un esquema de apropiación de los territorios y los bienes comunes en función de los intereses de las grandes corporaciones”, señala el documento. La energía generada cubre principalmente las necesidades de abastecimiento de corporaciones industriales, comerciales y de servicios tales como Coca Cola, Walmart, Bimbo, Cemex… Estas y otras acaparan el 70% de la energía eólica que se genera en el Istmo.
La instalación masiva de aerogeneradores está afectando a la biodiversidad de la zona. El Istmo es una de las principales rutas migratorias de aves de América con 690.000 aves al día. Algunos estudios cifran en 200.000 muertes de aves y 300.000 murciélagos al año. La construcción de vías por parte de las empresas ha generado inundaciones en los campos de cultivo y pérdida de cosechas. Organizaciones locales han denunciado contaminación de tierras y aguas subterráneas por aceites y otros desechos.
La conflictividad social va en aumento: “Amenazas, intimidaciones, detenciones arbitrarias, procesos de judicialización, hostigamiento y agresiones físicas, que dan cuenta de un proceso de criminalización de la protesta que deja a las personas defensoras en una situación de riesgo”, denuncia el informe.
EL CONFLICTO NO ES NEUTRAL AL GÉNERO
Sujeto privilegiado del capitalismo: un varón, blanco, burgués, adulto, heterosexual y urbano
La acción de las empresas transnacionales no es neutral al género, resalta el informe. Se trata de un modelo “capitalista, colonial y patriarcal”, encarnado por un “sujeto varón, blanco, burgués, adulto, heterosexual y urbano”. Generalmente, los interlocutores de los pueblos afectados también son hombres alejando así de la toma de decisiones a las mujeres indígenas y campesinas que, al quedar excluidas del empleo, pierden autonomía: el ‘patriarcado del salario’ apuntala la figura del hombre trabajador y la mujer dependiente que debe hacer un esfuerzo sobrehumano por mantener el papel que tradicionalmente se le asigna en eta comunidades, el del abastecimiento alimentario en los hogares.
La masculinización y la militarización del territorio afectado (principalmente en el Corredor Eólico de México) también ha agudizado la violencia machista contra las mujeres: “En el río Cahabón existen testimonios de agresiones sexuales y violaciones a mujeres indígenas, supuestamente cometidas por parte del personal de Renace y de sus contratas en el marco del conflicto socioecológico con las hidroeléctricas”. Las agresiones a mujeres activistas en defensa del territorio y de los derechos humanos en Mesoamérica se duplicaron entre 2012 y 2014.
PATRÓN SISTEMÁTICO
El informe demuestra que “existe un patrón sistemático a través del cual las empresas reproducen sus estrategias de acumulación de capital a costa de degradar los territorios y las condiciones de vida de las poblaciones locales”, además de vulnerar derechos humanos. El Atlas Global de Justicia Ambiental ha catalogado hasta la fecha 2.316 conflictos socioecológicos propagados por todos los continentes. Según Global Witness, al menos 200 personas fueron asesinadas en el último año por defender sus tierras. El 60% de los asesinatos fueron cometidos en América Latina y el 40% de las víctimas eran indígenas. Lamentablemente, los esfuerzos de Naciones Unidas no están sirviendo de mucho. No existen regulaciones de obligado cumplimiento ni se imponen sanciones frente a las violaciones cometidas y los datos son cada vez más estremecedores: de las 100 mayores entidades económicas a nivel mundial, podríamos comprobar que 69 de ellas son empresas en lugar de Estados. Las 10 corporaciones más grandes del mundo tienen en su conjunto un volumen económico mayor que el Producto Interior Bruto de 180 países.
*Informe elaborado por Ecologistas en Acción, OMAL-Paz conDignidad y Calala Fondo Mujeres
