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11 de febrero de 2011, 7:18
nuevatribuna.es | 09.02.2011
Comisiones Obreras (CCOO) recurrirá la futura norma sobre entidades financieras que prepara el Gobierno si éste persiste en su idea de establecer diferentes exigencias de capital en función de la naturaleza jurídica de esas entidades. El responsable de CCOO-COMFIA -la rama de servicios financieros del sindicato-, José María Martínez, confirmó a nuevatribuna.es la presentación del recurso contra una norma que, en su opinión, abocaría a las entidades a un proceso no exento de riesgos, incluso de quiebra.
El sindicato recurrirá la normativa que se encuentra preparando el Gobierno y que eleva los requisitos de capital a las entidades financieras que operen en España. La norma se adelanta a la entrada en vigor de las nuevas normas de capital recogidas en Basilea III.
Martínez asegura que la solución pergeñada en el Ministerio de Economía para las cajas ahorros “no es la correcta”. En su opinión, al endurecer bruscamente la normativa, se ejerce sobre las cajas “una gran presión” que las obligará a cambiar su naturaleza jurídica. Debido a estos cambios, añadió, peligran tanto la obra social, como la atención financiera a las familias más desfavorecidas.
“Si obligamos a las cajas a salir al mercado cuando éste está cerrado, muchas de ellas quebrarán”, advierte. Por el contrario, COMFIA y otras asociaciones favorables a la supervivencia de las cajas piden al Gobierno que elabore un plan alternativo. Hay que recordar que las cajas se verán obligadas a cumplir requisitos de capital que no entrarán en vigor en todo el mundo plenamente hasta el año 2017. Este adelanto, continúa Martínez, supone dejar a las cajas en una situación de desventaja frente a sus competidores globales.
Las cajas se verán obligadas a malvender sus activos en caso de que el Gobierno siga adelante con sus planes, añade. Así, Martínez advierte de la situación provocada en Italia. “Las cajas que salgan a Bolsa y no las compren, van a quebrar”, asegura. En el país italiano, sólo “las más grandes” lograron concitar el interés de los grupos de inversores. El resto fueron a la quiebra, recuerda el responsable de COMFIA.
Las cajas se verán obligadas además a buscar capital en un momento en que los mercados están cerrados. Por eso la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), la patronal del sector, está intentando que el Gobierno relaje la normativa y termine exigiendo los mismos requisitos a todas las entidades, sin importar si son cotizadas o no.
Además, la CECA ha formulado otras peticiones favorables a las cajas. La principal es que las ayudas concedidas por el Fondo de Reestructuración Ordenación Bancaria (FROB) reciban la consideración de capital básico o core capital.
INTERFERENCIAS POLÍTICAS
El Gobierno está decidido a aprobar cuanto antes la nueva normativa. Según lo publicado, ésta podría tomar la forma de un nuevo real decreto. En ese caso los detractores del plan del Gobierno confían en que el Parlamento deniegue la convalidación del real decreto, imprescindible para que permanezca en vigor.
El Ministerio ha lanzado alguna señal de que podría suavizar las exigencias de capital básico hasta el 9 por ciento, desde la cifra del 10 por ciento anunciada en un principio. Algunas entidades han hallado en la Bolsa la posibilidad de eludir la normativa. Es el caso de Caja Madrid, la entidad fusionada con Bancaza y un grupo de otras cajas de menor tamaño, que prevé captar algo más de 2.000 millones de euros acudiendo sobre todo al mercado bursátil. En este caso, las cajas que accedan a dar entrada al capital privado verán rebajado el listón hasta el 8 por ciento, el nivel mínimo de capital básico que tendrá que cumplir el conjunto de entidades financieras.
Según Martínez, el pasivo de las cajas –los ahorros de sus clientes- son “lo más deseado” en el balance de estas entidades. Y más en un tiempo como el presente, marcado por las restricciones a la hora de acceder al capital y la liquidez. Según el sindicato, buena parte de esos ahorros proceden de un tipo de clientes que en un principio no interesó a los bancos. Por eso, si se eliminan las cajas, un 40 por ciento de la población podría verse privada del acceso a servicios financieros básicos, como una simple cuenta corriente, como ocurrió en el Reino Unido, advierte.
Comisiones Obreras demanda además al Banco de España que actúe y exija responsabilidades a los gestores de las entidades que se encuentren en mala situación. El sindicato apuesta por aprovechar la próxima ronda de stress test o pruebas de resistencia en la Unión Europea para exigir a las entidades que desnuden sus balances. En su opinión, “el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, lleva 3 años eludiendo su responsabilidad”, ha afirmado, tras detectar además intereses políticos para que la privatización de las cajas se lleve a cabo antes de posibles cambios de gobierno.
En opinión de COMFIA, el sector de las cajas “saldrá tocado” de la reforma que prepara el Gobierno. Sin embargo, hay todavía posibilidades de preservar el valor de estas entidades. Esto sólo se conseguirá si el Ejecutivo renuncia a su plan de forzar a las cajas a salir al mercado justo en el peor momento para hacerlo.
