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27 de septiembre de 2010, 13:24
NUEVATRIBUNA.ES/ AGENCIAS - 26.09.2010
. La organización ecologista WWF ha enviado una carta al comisario de Competencia, Joaquín Almunia, en la que cuestiona las ayudas y le pide que investigue en profundidad si se ajusta a la legislación comunitaria.
La norma obliga a una decena de centrales térmicas a quemar carbón nacional y, a cambio, les compensa con un precio fijo y con la garantía de colocación de la electricidad producida. El Gobierno ha justificado estas ayudas por la necesidad de garantizar la seguridad de suministro.
Sin embargo, algunos comisarios, entre ellos el responsable de Medio Ambiente, Janez Potocnik, mantienen su rechazo al decreto por considerar que contradice la política europea de reducir las emisiones de CO2 y apostar por las energías renovables.
El borrador de real decreto de ayudas al carbón había recibido opiniones enfrentadas de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), que consideró que podría provocar un sobrecoste total en caso de que se genere el máximo de energía previsto en la norma de 1.200 millones de euros, y del propio regulador energético, que advirtió sobre el sobrecoste que tendrá para la factura eléctrica.
. La organización ecologista WWF ha enviado una carta al comisario de Competencia, Joaquín Almunia, en la que cuestiona las ayudas y le pide que investigue en profundidad si se ajusta a la legislación comunitaria.
La norma obliga a una decena de centrales térmicas a quemar carbón nacional y, a cambio, les compensa con un precio fijo y con la garantía de colocación de la electricidad producida. El Gobierno ha justificado estas ayudas por la necesidad de garantizar la seguridad de suministro.
Sin embargo, algunos comisarios, entre ellos el responsable de Medio Ambiente, Janez Potocnik, mantienen su rechazo al decreto por considerar que contradice la política europea de reducir las emisiones de CO2 y apostar por las energías renovables.
El borrador de real decreto de ayudas al carbón había recibido opiniones enfrentadas de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), que consideró que podría provocar un sobrecoste total en caso de que se genere el máximo de energía previsto en la norma de 1.200 millones de euros, y del propio regulador energético, que advirtió sobre el sobrecoste que tendrá para la factura eléctrica.
