nuevatribuna.es
5 de febrero de 2009, 7:33
IGC | 4.2.2009
El Gobierno de la Comunidad modificará los nuevos estatutos de Caja Madrid que hace unos días remitió el Consejo de Administración de la entidad financiera. Así lo avanzó este miércoles el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, para quien el documento elaborado por Miguel Blesa pone de manifiesto "serias discrepancias con la legislación vigente".
Beteta se refiere a la reforma de la Ley de Cajas aprobada a finales de año en la Asamblea regional, principal detonante de al guerra abierta en el seno de la entidad que tiene enfrentados a aguirristas y gallardonistas, estos últimos garantes de la permanencia de Blesa y firmes defensores de que el proceso electoral (iniciado antes de la reforma legal) debe regirse por la legislación de 2003.
"Si alguien cree que sus derechos no están suficientemente respetados, tiene derecho a la tutela efectiva de los tribunales, y esto, en relación a las leyes, es del Tribunal Constitucional. Éste es el camino y mientras tanto, la Ley tiene presunción de legalidad", aseguró Beteta, en clara advertencia a todos los que se opongan a la aplicación de la polémica ley que favorece a la Comunidad en detrimento de ayuntamientos como el de Madrid e incrementa la participación de entidades privadas, como la Cámara de Comercio y universidades.
La Caja devuelve a Aguirre el órdago
Pese a las advertencias del gobierno regional, las autoridades de Caja Madrid registraban este mismo miércoles en el Banco de España el nombramiento de Fernando Serrano como presidente de la comisión de control.
Serrano, que también es el Defensor del Contribuyente del Ayuntamiento de Madrid, sustituyó en el cargo a Pablo Abejas, pero su nombramiento sigue sin ser reconocido por la Comunidad que le ha suspendido temporalmente como miembro de dicho órgano, al igual que hizo con Carlos Gómez Castañeda, representante de Izquierda Unida.
En declaraciones a la prensa, Serrano dijo que tiene reconocida la compatibilidad de cargos por el órgano competente municipal.
El proceso electoral en la Caja continúa así empantanado y sin visos de solución. No hay previsiones de que se reúna la comisión de control y el Consejo de Administración deberá valorar en su momento los cambios y los reajustes que vaya a hacer Beteta a los estatutos. Fuentes de la Caja no descartan que el embrollo acabe necesariamente en los tribunales.
El Gobierno de la Comunidad modificará los nuevos estatutos de Caja Madrid que hace unos días remitió el Consejo de Administración de la entidad financiera. Así lo avanzó este miércoles el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, para quien el documento elaborado por Miguel Blesa pone de manifiesto "serias discrepancias con la legislación vigente".
Beteta se refiere a la reforma de la Ley de Cajas aprobada a finales de año en la Asamblea regional, principal detonante de al guerra abierta en el seno de la entidad que tiene enfrentados a aguirristas y gallardonistas, estos últimos garantes de la permanencia de Blesa y firmes defensores de que el proceso electoral (iniciado antes de la reforma legal) debe regirse por la legislación de 2003.
"Si alguien cree que sus derechos no están suficientemente respetados, tiene derecho a la tutela efectiva de los tribunales, y esto, en relación a las leyes, es del Tribunal Constitucional. Éste es el camino y mientras tanto, la Ley tiene presunción de legalidad", aseguró Beteta, en clara advertencia a todos los que se opongan a la aplicación de la polémica ley que favorece a la Comunidad en detrimento de ayuntamientos como el de Madrid e incrementa la participación de entidades privadas, como la Cámara de Comercio y universidades.
La Caja devuelve a Aguirre el órdago
Pese a las advertencias del gobierno regional, las autoridades de Caja Madrid registraban este mismo miércoles en el Banco de España el nombramiento de Fernando Serrano como presidente de la comisión de control.
Serrano, que también es el Defensor del Contribuyente del Ayuntamiento de Madrid, sustituyó en el cargo a Pablo Abejas, pero su nombramiento sigue sin ser reconocido por la Comunidad que le ha suspendido temporalmente como miembro de dicho órgano, al igual que hizo con Carlos Gómez Castañeda, representante de Izquierda Unida.
En declaraciones a la prensa, Serrano dijo que tiene reconocida la compatibilidad de cargos por el órgano competente municipal.
El proceso electoral en la Caja continúa así empantanado y sin visos de solución. No hay previsiones de que se reúna la comisión de control y el Consejo de Administración deberá valorar en su momento los cambios y los reajustes que vaya a hacer Beteta a los estatutos. Fuentes de la Caja no descartan que el embrollo acabe necesariamente en los tribunales.
