La Comunidad de Madrid presidida por Esperanza Aguirre destapó este lunes la caja de los truenos al anunciar que presentará una demanda contra el Estado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por el impago de una deuda de 120 millones de euros que la vicepresidenta económica, Elena Salgado, se comprometió a compensar a la Comunidad de Madrid por determinadas exenciones en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), en un “pacto verbal” cerrado, según el Ejecutivo autonómico, por Aguirre y la propia vicepresidenta económica.
El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Percival Manglano, presentó este lunes un escrito ante el TSJM como paso previo a la presentación de un recurso contra el Estado por el impago de 120 millones de euros en concepto de compensación tras la exención del pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP).
Por su parte, los socialistas madrileños sostienen que Aguirre acude a la Justicia como "el mal estudiante que pide una revisión de examen" y acusan al Gobierno de la Comunidad de Madrid de “judicializar su mala gestión ", tras haber "arruinado la Hacienda pública de la región".
Financiación autonómica por “el color político”
El consejero madrileño ha especificado que el recurso se presentará en los próximos días debido al incumplimiento de la palabra de la vicepresidenta del Gobierno para Asuntos Económicos, Elena Salgado, quien se comprometió de forma verbal ante la presidenta regional, Esperanza Aguirre, a compensar a la Comunidad de Madrid la exención de este tributo. "El Gobierno dijo que se compensaría por importe de 120 millones de euros", ha aseverado el consejero y ha criticado que "nunca se haya hecho".
Asimismo, ha insistido en que no se trata de "la única deuda del Estado" con la Comunidad de Madrid, ya que ésta se suma a "otras muchas que en total son 3.000 millones de euros". "Estos fondos se deben a un sistema de financiación autonómica injusta que beneficia a unas comunidades frente a otras por el color político, y Madrid es la más perjudicada", ha denunciado.
"Lo que se hace es borrar a 600.000 madrileños, lo que implica que no se transfiera a la Comunidad de Madrid la financiación para su Sanidad y para otros muchos servicios. Aparte, hay otras decisiones para no transferir fondos del Fondo de Competitividad, que son otros 1.000 millones de euros", ha indicado.
Además, ha expuesto que hay otros 400 millones de euros no transferidos en concepto de la Ley de Dependencia, que supone que el Estado pague la mitad de los fondos "y ni siquiera ha pagado la cuarta parte".
De este modo, Manglano ha denunciado que esta deuda lleva a la Comunidad de Madrid a "una situación límite" y ha recordado acto seguido que precisamente el Gobierno regional inició en 2007 a implantar una "política de austeridad", que le ayudó a ahorrar más de 1.700 millones de euros.
Tercera región más endeudada
Por su parte, el secretario de Economía, Comercio y Turismo del PSM, Antonio Miguel Carmona, ha criticado que el consejero de Economía y Hacienda, Percival Manglano, haya acudido al TSJM como "el mal estudiante que pide una revisión de examen", en alusión al anuncio de recurso para exigir al Estado la compensación tras la exención del ITP.
Carmona ha criticado que "el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid judicializa su mala gestión ", ya que, a su juicio, "ha arruinado la Hacienda pública de la región".
"Desde que está Aguirre han acumulado un déficit público de 5.000 millones de euros, ha subido la presión fiscal y es la tercera región con más deuda", ha explicado el responsable socialista, a la vez que ha indicado que "este es el resultado de la política fiscal de no tener 'un puto euro', en palabras de la propia Aguirre.
Asimismo, Carmona ha explicado que el peso político del consejero de Economía madrileño en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) es "nulo".
"El Gobierno de la nación benefició a las PYMES madrileñas con la exención del ITP, a determinadas operaciones societarias, para evitar hacer recaer sobre los hombros de las pequeñas empresas madrileñas la falta de pericia de los gestores públicos populares", ha explicado.
El Grupo Parlamentario Socialista registrará una iniciativa exigiéndole responsabilidades al consejero Manglano, en defensa de las PYMES madrileñas, "frente a la voracidad recaudatoria de un mal estudiante".
