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12 de marzo de 2010, 9:02
NUEVATRIBUNA.ES - 12.03.2010
Activa, la asociación de afectados por el cierre del fondo Santander Banif Inmobiliario, ha pedido a la Audiencia Nacional que revoque la venta del centro comercial Plenilunio, vendido el pasado 4 de mayo por 235 millones de euros - un 15 por ciento por debajo de su último valor de tasación- gracias a la autorización otorgada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La asociación ha presentado un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional fechado el 25 de enero contra la decisión de la CNMV de autorizar la venta del centro comercial Plenilunio, que fue transmitido el 4 de mayo por 235 millones de euros, frente a los 279,4 millones de euros de su valor en la última tasación.
Por otro lado, la asociación sostiene que la gestora del Santander ha iniciado la venta de los inmuebles del fondo sin contar con la autorización expresa de la CNMV, afirma el abogado y fundador de ‘Activa’, Juan Manuel Moreno-Luque. En cambio, en el caso de Plenilunio, la CNMV tuvo que emitir autorización al contar el inmueble con una antigüedad en su cartera inferior a tres años. Si el recurso prospera, la venta a la sociedad Orion Columba podría declararse nula.
Los partícipes sostienen que la CNMV no ha autorizado la venta de los inmuebles del fondo, sino la suspensión de reembolsos. Para Moreno-Luque, la gestora ha iniciado una liquidación de hecho del que fuera el mayor fondo inmobiliario español. Cuando suspendió reembolsos, Santander afirmó que iniciaba la “venta ordenada” de los inmuebles.
Los inversores agrupados en ‘Activa’ mantienen una lucha judicial desde hace un año por recuperar los ahorros retenidos por el Santander desde que, en marzo de 2009, el fondo clausuró las ventanas de liquidez e impidió a los partícipes abandonar la inversión por un plazo máximo de dos años. En ese momento, el fondo acumulaba un patrimonio de 2.686 millones de euros.
El abogado mantiene que la CNMV no ha autorizado “ni la liquidación del fondo, ni la venta ordenada de los inmuebles”. Pese a todo ha confiado en que “al final se impondrán la razón y el Estado de Derecho” y ha explicado que “no se puede utilizar un instrumento del ahorro popular para esquilmar a la gente”. “Se han llevado todo el dinero y le han dejado a la gente los inmuebles”, concluyó.
Activa, la asociación de afectados por el cierre del fondo Santander Banif Inmobiliario, ha pedido a la Audiencia Nacional que revoque la venta del centro comercial Plenilunio, vendido el pasado 4 de mayo por 235 millones de euros - un 15 por ciento por debajo de su último valor de tasación- gracias a la autorización otorgada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La asociación ha presentado un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional fechado el 25 de enero contra la decisión de la CNMV de autorizar la venta del centro comercial Plenilunio, que fue transmitido el 4 de mayo por 235 millones de euros, frente a los 279,4 millones de euros de su valor en la última tasación.
Por otro lado, la asociación sostiene que la gestora del Santander ha iniciado la venta de los inmuebles del fondo sin contar con la autorización expresa de la CNMV, afirma el abogado y fundador de ‘Activa’, Juan Manuel Moreno-Luque. En cambio, en el caso de Plenilunio, la CNMV tuvo que emitir autorización al contar el inmueble con una antigüedad en su cartera inferior a tres años. Si el recurso prospera, la venta a la sociedad Orion Columba podría declararse nula.
Los partícipes sostienen que la CNMV no ha autorizado la venta de los inmuebles del fondo, sino la suspensión de reembolsos. Para Moreno-Luque, la gestora ha iniciado una liquidación de hecho del que fuera el mayor fondo inmobiliario español. Cuando suspendió reembolsos, Santander afirmó que iniciaba la “venta ordenada” de los inmuebles.
Los inversores agrupados en ‘Activa’ mantienen una lucha judicial desde hace un año por recuperar los ahorros retenidos por el Santander desde que, en marzo de 2009, el fondo clausuró las ventanas de liquidez e impidió a los partícipes abandonar la inversión por un plazo máximo de dos años. En ese momento, el fondo acumulaba un patrimonio de 2.686 millones de euros.
El abogado mantiene que la CNMV no ha autorizado “ni la liquidación del fondo, ni la venta ordenada de los inmuebles”. Pese a todo ha confiado en que “al final se impondrán la razón y el Estado de Derecho” y ha explicado que “no se puede utilizar un instrumento del ahorro popular para esquilmar a la gente”. “Se han llevado todo el dinero y le han dejado a la gente los inmuebles”, concluyó.
