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NUEVATRIBUNA.ES/ AGENCIAS - 09.04.2010

El Juzgado de lo Penal número 5 de Gerona ha condenado al encargado de un restaurante de la localidad a 19 meses de prisión y a pagar una multa de 6.000 euros en concepto de reparación del daño moral causado a la camarera a quien pidió que abortara si quería conservar su puesto de trabajo.

El tribunal considera probado que el encargado de un local de comida mexicana de la localidad, instó a la mujer a que interrumpiera su gestación una vez ésta le comunicó que estaba embarazada. Al hacer caso omiso, el encargado, que ejercía las tareas de contratación y renovación del personal, optó por no renovarle el contrato.

La mujer entró a trabajar en el restaurante durante los meses de verano de 2005, tras lo que le prorrogaron el contrato por diez meses más hasta julio de 2006. La camarera, que quedó embarazada en febrero de 2006 de otro compañero de trabajo, decidió tener a su hija pese a la "coacción" a la que le sometió su superior para limitar el ejercicio de un "derecho fundamental".

La sentencia especifica que la mujer estuvo "a punto de interrumpir" su gestación, pero tras "muchas dudas" siguió adelante y, llegado el momento de vencimiento del contrato la relación laboral no fue renovada y le fue presentado un finiquito por valor de cero euros.

Tras la mediación del sindicato UGT, al que acudió la mujer, dicho finiquito ascendió hasta los 2.000. El mismo sindicato ejerció la defensa de la trabajadora en los tribunales, por lo que considera el fallo una "sentencia ejemplar" en la lucha contra el acoso laboral por razón de sexo.

El tribunal considera que la mujer evidenció con su comportamiento un "alto grado de madurez", da por buena su versión --corroborada por otra compañera de trabajo a la que el encargado pidió que intercediera para lograr el aborto-- y recuerda que, una vez comunicado su estado, el restaurante no adoptó las medidas necesarias para favorecerla.

De este modo, el encargado hizo que prosiguiera cargando neveras y trasladando cajas pesadas "con insistencia", lo que contribuyó a la creación de un "clima hostil" en el trabajo.

ACOSO MORAL EN FRANCE TELECOM

Mientras tanto, en Francia, la Fiscalía de París ha abierto una investigación judicial a France Telecom por "acoso moral" y por poner en peligro la vida de terceras personas tras el suicidio de 35 empleados del operador de telecomunicaciones francés, según reveló hoy la emisora de radio francesa France Info.

Tras la denuncia presentada por el sindicato francés SUD, un juez de instrucción se encargará de investigar la organización del trabajo en la compañía. La Justicia no se centrará en el mal funcionamiento o en posibles negligencias, sino en la organización del trabajo en su conjunto.

En concreto, el juez estudiará un sistema de gestión basado, según sus detractores, en el estrés y el acoso creado, lo que ha conducido a algunos trabajadores a la depresión o al suicidio.

La instrucción se ha iniciado a raíz de un informe de 82 páginas de un inspector de trabajo que incluye datos "abrumadores", como que los responsables de France Telecom se fijaron el objetivo de provocar la salida de 22.000 trabajadores del grupo, o las presiones que el personal sufrió por este objetivo.

En esta línea, el diario francés Le Parisien señala que este informe confirma por tanto que el malestar y los suicidios de varios trabajadores están ligados a la política de reorganización y gestión adoptada desde 2006 por la compañía, y que los directivos estaban al tanto de estos problemas.

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