nuevatribuna.es
20 de septiembre de 2010, 12:56
NUEVATRIBUNA.ES/L.M. - 20.09.2010
La huelga general se libra hoy en su preámbulo. Cuando falta poco más de una semana para el paro, la guerra por ganar la huelga contamina cada paso hacia la convocatoria del 29 de septiembre. Los sindicatos respondieron hoy a los empresarios que exigen seguridad para garantizar el derecho al trabajo. Por un lado, las centrales movieron la ficha de los servicios mínimos en uno de los casilleros principales en el tablero de la huelga, como son los transportes. Tras adelantarse con una propuesta de servicios mínimos –que copia una orden de Álvarez Cascos, de 2002- denunciaron por otro lado la “coacción” empresarial que se vive en la recta final de la quinta huelga de la democracia, que tendrá lugar la próxima semana.
Tras las quejas empresariales, los sindicatos quisieron hoy ‘pegar’ primero y presentar una propuesta de servicios mínimos en el transporte para la huelga general de la próxima semana. Las centrales confían en cerrar un acuerdo los próximos días con el ministerio de Fomento. “Queremos ser corresponsables” en la gestión del conflicto, recalcaron tras presentar este lunes la propuesta los secretarios de organización de UGT y CCOO, José Javier Cubillo y Antonio del Campo, respectivamente, a las puertas del ministerio de Fomento.
Sin embargo, una parte de las competencias en materia de transportes recae sobre las Comunidades Autónomas. Y ahí las aguas bajan turbias, según la región. En Cataluña, por ejemplo, ya existe un principio de acuerdo “absolutamente respetuoso” con el derecho a la huelga, según informaron Cubillo y Del Campo. En cambio, en la Comunidad de Madrid, los sindicatos temen que el Gobierno presidido por Esperanza Aguirre trate de “vulnerar” el derecho a la huelga, como, según los sindicatos, viene haciéndolo “reiteradamente.
COACCIÓN EMPRESARIAL
“No es a los sindicatos a los que hay que preguntar por la violencia, sino a las patronales y al Gobierno de Madrid”, denunciaron los representantes de UGT y de CCOO. “La experiencia demuestra que los recortes (de derechos) los sufren sobre todo quienes tratan de ejercer el derecho a la huelga”, añadieron. “Y no quienes desean ejercer el derecho al trabajo en el día del paro”. “Pueden hacerlo libremente”, añadieron.
Para los sindicatos, la mayor “coacción” proviene de la orilla empresarial y, en el caso de Madrid, del Gobierno Aguirre. Así, según su visión, en la última huelga que tuvo lugar en el metro de Madrid, “se vulneró claramente” el derecho a la huelga. Con unos servicios mínimos abusivos, y a pesar de las sentencias anteriores en contra, “la acción del Gobierno de la Comunidad de Madrid fue claramente ilegal”, sentenciaron, tras criticar la “incompetencia” del Ejecutivo regional a la hora de “organizar unos servicios alternativos”. En su opinión, “el Gobierno de Madrid nunca supo responder a las responsabilidades que le corresponden”.
SIN MÍNIMOS EN EL CIERRE PATRONAL
Por otro lado, los representantes sindicales criticaron a la patronal CEOE y a organizaciones patronales sectoriales por solicitar la intervención de las fuerzas de orden público el próximo 29 de septiembre “en lugar de alcanzar un acuerdo”, afirmaron.
Para UGT y CCOO, el documento presentado hoy en Fomento plantea unos servicios mínimos “absolutamente razonables” y coincide “sustancialmente” con la orden firmada por el entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, antes de la última huelga general, en 2002, con una sola diferencia en materia de transporte aéreo. Así, la orden de Cascos planteaba servicios en cada compañía aérea con trayectos coincidentes con otras compañías, mientras que los sindicatos pretenden que se dicten atendiendo al trayecto, y no a la compañía. Los sindicatos han presentando estas coincidencias en su propuesta como un acto de buena voluntad para intentar llegar pronto a un acuerdo.
OBSTRUCCIÓN EMPRESARIAL
Por otro lado, UGT anunció hoy que llevará ante los tribunales y la inspección de trabajo a la empresa de artes gráficas Tompla –de 700 trabajadores- a la que el sindicato acusa de impedir la celebración de una asamblea la pasada semana en su sede de Madrid. Según denuncia el sindicato, el empresario prohibió por escrito la celebración de la asamblea en las instalaciones de la empresa, a pesar de que está obligado por ley. La asamblea, que pretendía informar a los trabajadores del turno de noche sobre los motivos de la próxima huelga general, tuvo que realizarse finalmente en la sede que UGT tiene en Alcalá de Henares, informa a este periódico el portavoz de FES-UGT, Roberto Tornamira.
La huelga general se libra hoy en su preámbulo. Cuando falta poco más de una semana para el paro, la guerra por ganar la huelga contamina cada paso hacia la convocatoria del 29 de septiembre. Los sindicatos respondieron hoy a los empresarios que exigen seguridad para garantizar el derecho al trabajo. Por un lado, las centrales movieron la ficha de los servicios mínimos en uno de los casilleros principales en el tablero de la huelga, como son los transportes. Tras adelantarse con una propuesta de servicios mínimos –que copia una orden de Álvarez Cascos, de 2002- denunciaron por otro lado la “coacción” empresarial que se vive en la recta final de la quinta huelga de la democracia, que tendrá lugar la próxima semana.
Tras las quejas empresariales, los sindicatos quisieron hoy ‘pegar’ primero y presentar una propuesta de servicios mínimos en el transporte para la huelga general de la próxima semana. Las centrales confían en cerrar un acuerdo los próximos días con el ministerio de Fomento. “Queremos ser corresponsables” en la gestión del conflicto, recalcaron tras presentar este lunes la propuesta los secretarios de organización de UGT y CCOO, José Javier Cubillo y Antonio del Campo, respectivamente, a las puertas del ministerio de Fomento.
Sin embargo, una parte de las competencias en materia de transportes recae sobre las Comunidades Autónomas. Y ahí las aguas bajan turbias, según la región. En Cataluña, por ejemplo, ya existe un principio de acuerdo “absolutamente respetuoso” con el derecho a la huelga, según informaron Cubillo y Del Campo. En cambio, en la Comunidad de Madrid, los sindicatos temen que el Gobierno presidido por Esperanza Aguirre trate de “vulnerar” el derecho a la huelga, como, según los sindicatos, viene haciéndolo “reiteradamente.
COACCIÓN EMPRESARIAL
“No es a los sindicatos a los que hay que preguntar por la violencia, sino a las patronales y al Gobierno de Madrid”, denunciaron los representantes de UGT y de CCOO. “La experiencia demuestra que los recortes (de derechos) los sufren sobre todo quienes tratan de ejercer el derecho a la huelga”, añadieron. “Y no quienes desean ejercer el derecho al trabajo en el día del paro”. “Pueden hacerlo libremente”, añadieron.
Para los sindicatos, la mayor “coacción” proviene de la orilla empresarial y, en el caso de Madrid, del Gobierno Aguirre. Así, según su visión, en la última huelga que tuvo lugar en el metro de Madrid, “se vulneró claramente” el derecho a la huelga. Con unos servicios mínimos abusivos, y a pesar de las sentencias anteriores en contra, “la acción del Gobierno de la Comunidad de Madrid fue claramente ilegal”, sentenciaron, tras criticar la “incompetencia” del Ejecutivo regional a la hora de “organizar unos servicios alternativos”. En su opinión, “el Gobierno de Madrid nunca supo responder a las responsabilidades que le corresponden”.
SIN MÍNIMOS EN EL CIERRE PATRONAL
Por otro lado, los representantes sindicales criticaron a la patronal CEOE y a organizaciones patronales sectoriales por solicitar la intervención de las fuerzas de orden público el próximo 29 de septiembre “en lugar de alcanzar un acuerdo”, afirmaron.
Para UGT y CCOO, el documento presentado hoy en Fomento plantea unos servicios mínimos “absolutamente razonables” y coincide “sustancialmente” con la orden firmada por el entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, antes de la última huelga general, en 2002, con una sola diferencia en materia de transporte aéreo. Así, la orden de Cascos planteaba servicios en cada compañía aérea con trayectos coincidentes con otras compañías, mientras que los sindicatos pretenden que se dicten atendiendo al trayecto, y no a la compañía. Los sindicatos han presentando estas coincidencias en su propuesta como un acto de buena voluntad para intentar llegar pronto a un acuerdo.
OBSTRUCCIÓN EMPRESARIAL
Por otro lado, UGT anunció hoy que llevará ante los tribunales y la inspección de trabajo a la empresa de artes gráficas Tompla –de 700 trabajadores- a la que el sindicato acusa de impedir la celebración de una asamblea la pasada semana en su sede de Madrid. Según denuncia el sindicato, el empresario prohibió por escrito la celebración de la asamblea en las instalaciones de la empresa, a pesar de que está obligado por ley. La asamblea, que pretendía informar a los trabajadores del turno de noche sobre los motivos de la próxima huelga general, tuvo que realizarse finalmente en la sede que UGT tiene en Alcalá de Henares, informa a este periódico el portavoz de FES-UGT, Roberto Tornamira.
