nuevatribuna.es
14 de mayo de 2010, 1:04
NUEVATRIBUNA.ES- 12.05.2010
El recorte anunciado hoy por el Gobierno carga la mitad del ajuste sobre la inversión, tanto de la Administración General del Estado, como en las partidas autonómica y local. A falta de concretar dónde meten la tijera los entes locales y autonómicos –por importe de 1.200 millones de euros-, queda claro que la inversión del Estado central sufrirá un recorte -adicional sobre lo ya anunciado en anteriores ocasiones- por valor de 6.045 millones de euros.
Los efectos del recorte de la inversión son conocidos. Ralentizará la creación de empleo y retrasará la llegada de infraestructuras que son impulsoras a su vez de la productividad de la economía española.
Los funcionarios sufrirán de forma más directa los recortes presupuestarios. Los empleados públicos verán desaparecer de media un 5 por ciento de sus nóminas a partir del próximo mes de junio. Este recorte, que supondrá un ahorro aproximado de 2.800 millones de euros, no se aplicará por igual a todos los empleados públicos. Aquéllos que más ganan verán mermados sus ingresos en mayor medida, mientras que los que cobran menores sueldos sufrirán un recorte menor. Por su parte, los altos cargos verán mermar sus ingresos un 15 por ciento.
Además, el recorte salarial en el sector público se complementa con una congelación de sueldos el año que viene. Esta congelación no se aplicará sobre las rentas actuales, sino sobre los salarios ya recortados. Es decir, los empleados públicos ganarán el año que viene un 5 por ciento menos que este año, fruto de la congelación anunciada.
Otro capítulo fundamental del duro programa de ajuste se refiere a las pensiones. Pese a que la Ley obliga a revalorizar cada año las pensiones, el Gobierno se dispone a congelar las pensiones a partir del próximo mes de enero, lo que supondrá un ahorro aproximado de 2.300 millones de euros. Quedan excluidas del ajuste las pensiones mínimas y las no contributivas, que cobran quienes menos ganan entre los pensionistas. Además, se suprime el régimen transitorio para la jubilación parcial.
Otra medida de fuerte impacto social es la supresión del llamado ‘cheque-bebé’, la ayuda de 2.500 euros que se reciben con el nacimiento de un hijo. Teniendo en cuenta que nacen al año unos 500.000 niños en España, la supresión de esta ayuda a partir del 1 de enero supondrá un ahorro al Estado de 1.300 millones de euros.
La ayuda al Desarrollo también sufrirá un recorte de 600 millones de euros hasta 2011, así como otras partidas como el gasto en medicamentos, que sufrirá modificaciones a fin de procurar que los medicamentos prescritos se ajusten a la cantidad precisa para cada tratamiento.
El Gobierno ha decidido además eliminar los pagos retroactivos que recibían las personas tras solicitar una ayuda a la Dependencia. Estos pagos, que compensaban los gastos realizados en el período que transcurre entre la petición de la ayuda y su concesión efectiva, serán suprimidos. A cambio, el Gobierno se comprometerá a resolver todas las solicitudes en un plazo máximo de seis meses.
Por otro lado, fuentes del Ejecutivo explicaron que las medidas que han anunciado hoy el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, son "las más duras", pero dejaron claro que no serán las únicas.
El recorte anunciado hoy por el Gobierno carga la mitad del ajuste sobre la inversión, tanto de la Administración General del Estado, como en las partidas autonómica y local. A falta de concretar dónde meten la tijera los entes locales y autonómicos –por importe de 1.200 millones de euros-, queda claro que la inversión del Estado central sufrirá un recorte -adicional sobre lo ya anunciado en anteriores ocasiones- por valor de 6.045 millones de euros.
Los efectos del recorte de la inversión son conocidos. Ralentizará la creación de empleo y retrasará la llegada de infraestructuras que son impulsoras a su vez de la productividad de la economía española.
Los funcionarios sufrirán de forma más directa los recortes presupuestarios. Los empleados públicos verán desaparecer de media un 5 por ciento de sus nóminas a partir del próximo mes de junio. Este recorte, que supondrá un ahorro aproximado de 2.800 millones de euros, no se aplicará por igual a todos los empleados públicos. Aquéllos que más ganan verán mermados sus ingresos en mayor medida, mientras que los que cobran menores sueldos sufrirán un recorte menor. Por su parte, los altos cargos verán mermar sus ingresos un 15 por ciento.
Además, el recorte salarial en el sector público se complementa con una congelación de sueldos el año que viene. Esta congelación no se aplicará sobre las rentas actuales, sino sobre los salarios ya recortados. Es decir, los empleados públicos ganarán el año que viene un 5 por ciento menos que este año, fruto de la congelación anunciada.
Otro capítulo fundamental del duro programa de ajuste se refiere a las pensiones. Pese a que la Ley obliga a revalorizar cada año las pensiones, el Gobierno se dispone a congelar las pensiones a partir del próximo mes de enero, lo que supondrá un ahorro aproximado de 2.300 millones de euros. Quedan excluidas del ajuste las pensiones mínimas y las no contributivas, que cobran quienes menos ganan entre los pensionistas. Además, se suprime el régimen transitorio para la jubilación parcial.
Otra medida de fuerte impacto social es la supresión del llamado ‘cheque-bebé’, la ayuda de 2.500 euros que se reciben con el nacimiento de un hijo. Teniendo en cuenta que nacen al año unos 500.000 niños en España, la supresión de esta ayuda a partir del 1 de enero supondrá un ahorro al Estado de 1.300 millones de euros.
La ayuda al Desarrollo también sufrirá un recorte de 600 millones de euros hasta 2011, así como otras partidas como el gasto en medicamentos, que sufrirá modificaciones a fin de procurar que los medicamentos prescritos se ajusten a la cantidad precisa para cada tratamiento.
El Gobierno ha decidido además eliminar los pagos retroactivos que recibían las personas tras solicitar una ayuda a la Dependencia. Estos pagos, que compensaban los gastos realizados en el período que transcurre entre la petición de la ayuda y su concesión efectiva, serán suprimidos. A cambio, el Gobierno se comprometerá a resolver todas las solicitudes en un plazo máximo de seis meses.
Por otro lado, fuentes del Ejecutivo explicaron que las medidas que han anunciado hoy el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, son "las más duras", pero dejaron claro que no serán las únicas.
