Ramón Jáuregui pedirá el cumplimiento de los derechos humanos en las actividades empresariales, dentro y fuera del país, por parte de las empresas españolas.
El diputado socialista defenderá, ante el Pleno de la Cámara, una proposición no de ley de su Grupo Parlamentario sobre Responsabilidad Social Corporativa y Derechos Humanos.
La propuesta reclama un informe jurídico para eliminar los obstáculos de acceso a la justicia para los afectados por operaciones empresariales realizadas en contra de los derechos humanos
La proposición del Grupo Socialista insta al Gobierno a incorporar los principios rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, puestos en práctica por el marco de Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar”, al segundo Plan que está elaborando el Gobierno, en cumplimiento de diferentes mandatos parlamentarios.
Jáuregui propondrá al Gobierno a trasladar y proponer al Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial la incorporación a sus trabajos del Informe del Representante Especial del Secretario General para las cuestiones de los Derechos Humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, John Ruggie, para su análisis y estudio.
El texto de los socialistas destaca la labor y el impulso de Naciones Unidas, que ha instado a empresas de todo el mundo a suscribir un Pacto Global. En los últimos años ha desarrollado un interesantísimo proceso de exigencia ética a las empresas, con la incorporación de los Derechos Humanos como suelo mínimo a todas las empresas del mundo, a través del llamado informe Ruggie, concreta la iniciativa del Grupo Socialista.
Además, la propuesta demanda incorporar las orientaciones de los principios rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas a las directrices de la futura ley de Acción y del Servicio Exterior del Estado.
Asimismo, solicita al Consejo Estatal para la Responsabilidad Social a incorporar, al Plan Nacional de Responsabilidad Social que dicho Consejo está elaborando, un programa especial de implantación de los principios de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos (Informe Ruggie), así como a las grandes empresas españolas que operan en todo el mundo dentro de los planes de fomento de la Marca España.
También, a las empresas que reciban apoyo oficial del Estado a que elaboren un Plan específico referido al deber de respeto, compromiso, análisis de impacto y diligencia debida en materia de derechos humanos.
Igualmente, la iniciativa socialista reclama la elaboración de un informe jurídico sobre las posiblidades de aplicar a los tribunales españoles la intervención en los principios de “protección, respeto y remedio” de los Derechos Humanos a las empresas españolas. Con la valoración de las reformas para cumplir la obligación de reparación del Estado, así como la eliminación de los obstáculos de acceso a la justicia para los afectados por operaciones empresariales realizadas en contra de los derechos humanos.
De igual forma, pide elaborar un informe sobre las iniciativas adoptadas en las administraciones públicas para la aplicación en España de los principios rectores sobre Derechos Humanos y empresa, que se presentará al final de 2013 en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados.
Por último, la propuesta requiere que se informe a las comisiones parlamentarias del estado de elaboración del segundo Plan de Derechos Humanos, del Plan Nacional de Responsabilidad Social de las Empresas, así como de las previsiones de acerca del Plan de ejecución de los principios rectores sobre empresa y derechos humanos de Naciones Unidas.