Así lo ha explicado en la Comisión Constitucional de la Cámara el presidente de la Comisión de Responsabilidad Social Empresarial de la CEOE, Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa, citado por el Parlamento para exponer su posición ante la nueva Ley de Transparencia, que va a afectar también a la patronal y a los sindicatos.
En todo caso debe habilitarse un "control flexible" que no obstaculice el funcionamiento de las 4.500 entidades que forman parte de la CEOE
Según ha detallado, de los 19,6 millones del presupuesto de la CEOE para 2013, sólo 6,2 millones procede de fondos públicos, pues el resto procede de cuotas de las organizaciones (13 millones). Además, ha indicado que esas subvenciones que reciben no son "aportaciones genéricas a fondo perdido", sino que se destinan a proyectos concretos cofinanciados o a la formación.
CONTROL "FLEXIBLE"
A su juicio, el principio de transparencia no debe alcanzar a los fondos privados, y en todo caso debe habilitarse un "control flexible" que no obstaculice el funcionamiento de las 4.500 entidades que forman parte de la CEOE, algunas de ellas "muy pequeñas" y de un presupuesto anual que no supera los 100.000 euros.
"Si unos empresarios del metal deciden mañana contratar un ejecutivo muy caro para un plan de internacionalización, no sé por qué eso tiene que estar dentro del marco de esta ley", ha dicho
Lázaro Montero de Espinosa ha insistido en que la CEOE respalda que se dé información sobre los convenios de ayudas públicas, porque se trata de dar la máxima transparencia al uso del dinero público, pero cree que "no tiene sentido que una entidad privada deba informar de la ejecución del presupuesto o auditar sus cuentas obligatoriamente".
En su opinión, tanto la patronal como los sindicatos merecen un desarrollo legislativo "específico" porque un control idéntico al del sector público "no sería proporcional". "Las aportaciones privadas no deberían estar sujetas a los principios (de Transparencia) porque son aportaciones de entidades privadas", ha remarcado.
En este sentido, ha desechado la posibilidad de publicar las retribuciones de los responsables de la CEOE, que sí se exige en el sector público. "Tratándose de personas privadas al servicio de entidades privadas que cobran sueldos privados no se considera pertinente que las retribuciones de sus altos responsables sean expuestas públicamente", ha remarcado, precisando que los miembros de la CEOE sí pueden conocerlas.
