martes 26/1/21
AUMENTA LA PARCIALIDAD Y LA PRECARIEDAD EN EL EMPLEO

312.135 asalariados menos con la reforma laboral de Rajoy, ¿de qué recuperación hablan?

El balance de cuatro años de reforma laboral es que hay menos personas afiliadas, más personas a tiempo parcial y con contratos temporales y un aumento de la precariedad.

Rajoy en una imagen de archivo.
Rajoy en una imagen de archivo.

Con los datos publicados del mes de marzo se puede analizar el primer trimestre, un avance de lo que dirá la EPA. El resultado que ofrece es diferente a la realidad que se nos vende: no ha habido recuperación porque el número de afiliados al Régimen General es inferior al existente en el primer trimestre de 2011: hay 312.135 personas afiliadas menos en el promedio de los tres meses.


Variación de los afiliados al Régimen General entre el 1º trimestre de 2016 y de 2011

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Total afiliados por tipo de contrato

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Total afiliados por edad

FUENTE: Seguridad Social: Afiliación media por tipo de Contrato y grupo de Edad. Régimen General, sin agrario ni hogar.


En 2011 había 13.083.171 personas afiliadas de las que 9.170.844 tenían un contrato a tiempo completo. En 2016 la afiliación ha disminuido un 2,4%, 12.771.036 personas, y la parcialidad ha aumentado un 16,4%, hay 444.165 personas con contratos a tiempo parcial más. En el gráfico se aprecia cómo tienen una fuerte disminución los contratos a tiempo completo y solamente crecen los que son a tiempo parcial, especialmente los temporales, y el contrato para la formación.

Además, el número de trabajadores con contrato indefinido se reduce un 4,7% y los temporales aumentan un 1,8%. Con ello, la tasa de precariedad aumenta en 1,5 puntos hasta alcanzar el 37,4%. Sobre la tasa de precariedad hay que tener en cuenta que los datos son de afiliados al Régimen General, por lo que no se encuentran los funcionarios públicos encuadrados en Muface. Si estuvieran, la tasa se aproximaría a la establecida en la EPA. Hay menos trabajadores, con mucho menos tiempo de trabajo y más precarios: ¿de qué recuperación se habla?

La estrategia del PP parece que está dando resultado: no se pone en cuestión la recuperación, porque la destrucción de empleo que hicieron fue brutal y ahora hay más empleo. En 2013, con la reforma laboral actuando a todo gas, había 1,2 millones menos. Ahora la pérdida solamente es la cuarta parte y nos lo venden como si hubiera más asalariados que antes de la reforma laboral, pero no los hay.

Si la reforma ha aumentado la parcialidad y la precariedad, también ha modificado la estructura de edades del mercado de trabajo, expulsando a los de menor edad. Mientras hay 817 mil personas menos con edad inferior a 45 años, las mayores de esa edad han aumentado en 518 mil.

Los jóvenes menores de 30 años han disminuido un 18%. Junto a esa fuerte disminución, se ha producido un grave aumento de la precariedad y parcialidad. Ambas tasas han aumentado en 12 puntos. Los jóvenes con contratos para la formación han experimentado un aumento del 127%. Este aumento se debe a lo extremadamente precario que ha quedado este tipo de contrato, a la posibilidad de su utilización reiterada y a su bajo coste de Seguridad Social. No es raro recibir ofertas de trabajo en la Oficina de empleo en la que se requieren “aprendices con doce meses de experiencia” para camareros. Pero más que un aumento es un reemplazo. Se han substituido 622 afiliaciones a tiempo completo por 117 mil en formación.

Las personas entre 30 y 44 años han visto cómo se eliminaban 374 mil empleos, un 6,1% de los existentes en 2011, todos ellos indefinidos a tiempo completo. Por su parte, las personas mayores de 45 años aumentaban en algo más de medio millón.

El balance de cuatro años de reforma laboral es que hay menos personas afiliadas al Régimen General, 312 mil menos, más personas a tiempo parcial, más personas con contratos temporales y un aumento de la precariedad. Además nos encontramos con un mercado de trabajo más viejo que ha expulsado a 817 personas de menos de 45 años.

El segundo pie de la reforma laboral era el recorte de prestaciones. Por un lado se permitía arrojar al paro a miles de trabajadores con una indemnización irrisoria, sin el arbitraje de la autoridad laboral o judicial, y por el otro, se le recortaban las prestaciones. El resultado no podía ser otro que el que se pretendía: una brutal bajada de salarios.

Beneficiarios y gasto en prestaciones con datos a febrero y anuales

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FUENTE: SEPE: Estadística mensual de Demandantes de empleo, paro, contratos y prestaciones por desempleo

Los datos anuales de 2016 se han obtenido proyectando el número de beneficiarios y el gasto de los dos primeros meses teniendo en cuenta lo ocurrido en 2015. Si utilizamos la misma manera de proyección en 2015, la diferencia sobre lo ocurrido es un 1,1% en el gasto y un 4,7% en el número de beneficiarios.

RECORTE EN PRESTACIONES

El gobierno del PP ha recortado el gasto en prestaciones en más de 25 mil millones de euros en relación con el realizado en 2011. Para valorar este recorte en su justa medida, es preciso tener en cuenta que la cifra de parados EPA hasta 2015 ha sido muy superior a la de 2011. El año pasado la media de parados fue de 43 mil personas más y en el conjunto de los cuatro años ha habido 2,5 millones de parados más.

En 2016 continúa el recorte y es previsible que, si se continúa con la normativa actual, el gasto sea cerca de doce mil millones menos que en 2011. En los dos meses de los que hay datos, ya es inferior en unos dos mil millones de euros. Este menor gasto va acompañado de una reducción del número de beneficiarios. Si en los dos primeros meses de 2011 se abonaron algo más de seis millones de nóminas, en 2016 han sido 1,8 millones menos. La reducción ha sido de un 29% en el número de beneficiarios y de un 36% en el gasto realizado.

Si comparamos el gasto con el presupuesto del SEPE, en los dos últimos años han quedado sin gastar más de diez mil millones de euros. En 2016 serán cerca de dos mil. Además de la enorme injusticia que supone este hecho y que la tasa de protección por paro en 2015 haya sido inferior al 30%, el 28,3%, se pueden hacer unas consideraciones en relación a las últimas bravuconadas del ministro Montoro.

Del gasto social que tiene el gobierno del Estado, salvo las pensiones, el que requiere un mayor volumen de recursos son las prestaciones por desempleo. Es el SEPE quien tiene la competencia y, por lo tanto, la obligación de proporcionar la protección a los parados, tal y como le mandata el artículo 41 de la Constitución. Si el SEPE incumple sus obligaciones, las personas no protegidas por él, en su totalidad o en una parte, deberán ser atendidas por las rentas sociales de las comunidades autónomas. El señor Montoro se ufana de no incumplir el déficit que tenía asignado el Estado y, por ello, recortó el gasto previsto en prestaciones, los cinco mil millones que quedaron sin gastar, además de los del Programa de activación. Si se hubieran gastado, el déficit del Estado habría aumentado en más de medio punto. ¿No tenían otro sitio en donde recortar el gasto?

Las comunidades se ven obligadas a asumir unas competencias que no son suyas y para las que no tienen financiación, la contingencia a proteger es el desempleo y hay que decir una vez más que es estatal. Emplean recursos que no tienen e incumplen el déficit. Pese a que se carece de datos para poder estimar qué parte del aumento del déficit de las comunidades se debe a este motivo, es obvio que al ser un gasto que están realizando sin financiación, es puro déficit.

Conociendo esta situación, resulta totalmente indignante ver la expresión cínica del ministro Montoro sacando pecho por lo bien que lo ha hecho el Gobierno y “regañando” a las comunidades autónomas que han tenido que invertir, aumentando su déficit, por la dejación de funciones del Estado.

Pero lo más importante, más que el déficit, que el señor Montoro, que el Gobierno y que las comunidades autónomas, es el hecho de que en 2015 haya habido 3.622.392 personas paradas que no perciban prestaciones por desempleo de las que 2.363.062 sean de larga duración que no tienen ninguna cobertura.

Esta situación de forma inmediata solamente se palia extendiendo la protección del subsidio a las personas paradas con cargas familiares, a los mayores de 45 años, a las mujeres víctimas de violencia y a las personas con discapacidad. Es una modificación que operativamente puede asumir el propio SEPE con solo algún refuerzo de plantilla. Supone una modificación simple de la Ley General de la Seguridad Social que no requiere ningún procedimiento adicional. Una vez que esté aprobada, será el momento de definir lo que algunos llaman salario mínimo vital o renta mínima. Habrá que poner en marcha el procedimiento de aprobación de cada expediente, organizar y dotar a los órganos que la gestionen, etc. Mientras tanto, las personas paradas no pueden continuar sin ingresos. La propuesta de ampliación del subsidio es una salida inmediata a la fecha de su publicación en el BOE que no requiere demora alguna. La mayoría del Congreso tiene capacidad de hacerlo, solo precisa de su voluntad política. ¿La habrá?

312.135 asalariados menos con la reforma laboral de Rajoy, ¿de qué recuperación hablan?
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