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lunes. 27.06.2022
  1. Elecciones de 1841
  2. El golpe militar de octubre
  3. Su política
  4. El librecambismo
  5. El bombardeo de Barcelona
  6. La caída de Espartero


El General Baldomero Espartero era una figura con grandes limitaciones. Era un hombre muy ambicioso y según algunos esta ambición le fue inculcada por su ayudante Linaje.

El general Espartero y los progresistas desterraron a la Regente María Cristina, pero nada se intentó contra el sistema monárquico imperante, ni tampoco contra la dinastía de los Borbones. Se daba la circunstancia de que la heredera era todavía menor de edad y había que prolongar la Regencia hasta que Isabel II cumpliese  los catorce años, como establecía la Constitución del año 1837.

La Constitución, del año 1837, decía respecto de la Regencia lo siguiente en su artículo 58º: “hasta que las Cortes nombren la Regencia será gobernado el Reino provisionalmente por el padre o la madre del Rey y en su defecto por el Consejo de Ministros”.

A continuación, convocó elecciones a Cortes, que se celebraron el uno de febrero del año 1841 y que dieron una amplia victoria al Partido Progresista, debido en parte al retraimiento del Partido Moderado, lo que desvirtuaba el resultado y desnaturalizaba la esencia misma de un régimen parlamentario y representativo.

La falta de verdadera oposición al Gobierno por la ausencia de los moderados en las Cortes, ésta la asumió una parte del propio partido progresista, como se pudo comprobar cuando se empezó a discutir la cuestión de la Regencia.

La primera medida que tomó el nuevo Gobierno fue satisfacer la principal reivindicación de los progresistas, que había motivado la revolución de 1840, suspendiendo la Ley de Ayuntamientos sancionada por María Cristina.

La Regencia de Espartero tomó medidas destinadas a incrementar los efectivos de la Milicia Nacional, impulsar la venta de bienes eclesiásticos y a revisar la política arancelaria con la colaboración de destacados elementos de la industria y el comercio.

Elecciones de 1841

Las elecciones a Cortes dieron una amplia mayoría a los progresistas. Esas Cortes se plantearon la cuestión de la Regencia. Algunos diputados eran partidarios de una Regencia de tres personas, conocidos como los trinitarios, mientras que otros se inclinaban por la de una Regencia de una sola persona, los llamados unitarios. 

En el debate en las Cortes sobre la Regencia se produjo la división en el seno del Partido Progresista entre unitarios y trinitarios. Los primeros, también llamados esparteristas, defendían que la Regencia la desempeñara una única persona, y que esa persona debía ser Espartero.

Los segundos, temerosos del enorme poder que iba a tener el general, propusieron una Regencia compuesta por tres personas, una de las cuales sería Espartero. Para los trinitarios, una Regencia compuesta de tres personas implicaba “un equilibrio mayor entre elementos civiles y militares y un control más preciso, por tanto, de la Regencia, recordando la trayectoria de María Cristina”.   

De este modo, cuando las nuevas Cortes, inauguradas el diecinueve de marzo del año 1841, votaron cuántas personas debían formar la Regencia. Los unitarios ganaron la votación con 153 diputados a favor de la Regencia única, mientras que los trinitarios consiguieron un resultado notable, pues 136 diputados apoyaron la Regencia a tres.

El general Espartero “pudo comprobar que el apoyo de sus socios de gobierno, los progresistas, no iba a ser ni unánime ni incondicional”.

El general Espartero fue elegido Regente, el diez de mayo, por 179 votos, aunque el candidato trinitario, Agustín de Argüelles consiguió el apoyo de 110 diputados, un resultado nada despreciable, que se unió a su elección como presidente del Congreso de los Diputados y como tutor de la reina Isabel II.

El nuevo Regente tuvo pronto que enfrentarse no sólo a los ataques de los moderados, sino incluso a los de los propios progresistas

Para el historiador Ángel Bahamonde: “Se había producido la primera fisura importante entre Espartero y el partido progresista”. El nuevo Regente tuvo pronto que enfrentarse no sólo a los ataques de los moderados, sino incluso a los de los propios progresistas.

Nombró, el veinte de mayo, presidente del Gobierno a Antonio González González, un hombre de su confianza, pero que no era del agrado de los principales líderes progresistas. Con esa designación aunaba la Jefatura del Estado y la Presidencia de facto  del Ejecutivo, lo que suponía una grave distorsión del régimen parlamentario.

La Milicia Nacional le fue siempre fiel, incluso después de su caída. En los barrios populares de Madrid fue siempre considerado como un héroe y conservó siempre la estima de la mayor parte de los habitantes de la capital de España. Sin embargo, en Barcelona se ganó el aborrecimiento de la mayoría de su población.

Lo más importante para su carrera política es que le fueron abandonando las fuerzas vivas del país, las Cortes, la prensa, la burguesía e incluso el ejército, que había sido el que lo había encumbrado en el puesto de mayor responsabilidad de la nación.

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Estatua ecuestre de Espartero en Madrid.

El golpe militar de octubre

Al poco tiempo de asumir la Regencia, Espartero fue acusado por ciertos sectores del ejército y de los partidos moderado y progresista de que su política de nombramientos militares, favorecía únicamente a los militares afines, y que eran conocidos con el nombre de los ayacuchos.   

Estos eran generales que gozaban de la máxima confianza del Regente, porque habían combatido y desarrollado su carrera militar con él en las guerras de independencia hispanoamericanas. 

El Gobierno de Antonio González González tuvo que hacer frente al pronunciamiento del año 1841, que estaba organizado desde París por la regente María Cristina con la colaboración del Partido Moderado. El movimiento estuvo dirigido por los generales afines, encabezados por Ramón María Narváez, y en el que también estaba implicado el joven coronel, Juan Prim, a pesar de estar más cercano a los progresistas.

El movimiento militar lo inició el veintisiete de septiembre en Pamplona el general Leopoldo O’Donnell, pero no consiguió que la ciudad proclamase como Regente a María Cristina, a pesar de que ordenó bombardearla desde su Ciudadela.

Le siguió la sublevación de Vitoria por el general Piquer, el cuatro de octubre, que fue seguida por la proclamación en Vergara por el general Urbiztondo de María Cristina como Regente, a la par que se constituía en su nombre una Junta Suprema de Gobierno presidida por Montes de Oca. 

Tuvo lugar el hecho más significativo del pronunciamiento el día siete de octubre, el asalto al Palacio Real para capturar a Isabel II y a su hermana, y llevarlas al País Vasco. Allí se proclamaría de nuevo la tutoría y Regencia de María Cristina, y se nombraría un Gobierno presidido por Francisco Javier de Istúriz. 

Por la noche, los generales Diego de León y Manuel de la Concha, con la complicidad de la guardia exterior, entraron en el Palacio Real, pero no lograron apoderarse de las dos niñas, ante la resistencia que hicieron en la escalera principal los alabarderos. El general Diego de León se entregó convencido de que Espartero no iba a fusilarle.

La justificación del pronunciamiento fue que la reina estaba secuestrada por los progresistas, a través de su tutor Agustín de Argüelles y de la dama de compañía nombrada por este, la condesa de Espoz y Mina, viuda del famoso guerrillero y militar liberal navarro Francisco Espoz y Mina

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Retrato de Baldomero Espartero (1841) por Antonio María Esquivel. Ayuntamiento de Sevilla. (Foto Wikipedia)

Lo que estaban haciendo los progresistas era llevar a la práctica una de sus aspiraciones fundamentales, que era la de controlar la educación de la Reina, con la finalidad de que fuera una reina liberal.

El objetivo del pronunciamiento era la vuelta de María Cristina, porque estaba “deseosa de recuperar la Regencia y la tutela regia de la que había sido formalmente apartada, hecho este último básico ya que suponía controlar los resortes de Palacio como poder de hecho en la toma de decisiones políticas y económicas”.

Para el historiador Juan Francisco Fuentes, el pronunciamiento era no solo antiesparterista, sino también antiliberal: “que se explica por el peso determinante que tanto la ex Regente, que financió la sublevación con más de ocho millones de reales como su marido, Fernando Muñoz, tuvieron en la dirección del golpe y por la participación en el mismo de sectores carlistas descontentos con el supuesto incumplimiento del Convenio de Vergara…,  así como la notoria complicidad de las diputaciones forales, contrarias a la solución centralista que acababa de dar el gobierno a los fueros vascos”.

La dura represión ordenada por Espartero no acabó con la conspiración moderada, que continuó actuando en la clandestinidad

El golpe contaba con el apoyo de los exmilitares carlistas descontentos, porque todavía estaban pendientes del reconocimiento de la graduación alcanzada durante la guerra carlista entre los años 1833 y 1840 y de la consiguiente integración en el ejército, tal como se había pactado en Vergara.

Podemos afirmar que la cuestión carlista no fue la clave del pronunciamiento, pero sí procuró base social y cobertura territorial. Resulta significativo que los principales núcleos de la secuencia de pronunciamiento se situaran en el País Vasco-Navarro.

El golpe fracasó, gracias a la rápida intervención de Espartero. La respuesta de Espartero rompió con una de las reglas no escritas entre los militares respecto de los pronunciamientos, que era el de respetar la vida de los derrotados. Mandó fusilar a los generales Montes de Oca, Borso de Carminati y a Diego de León.

Esto causó un enorme impacto en gran parte del Ejército y en la opinión pública, incluida la progresista.  La muerte del joven general Diego de León, que tenía solamente treinta y cuatro años, a quien Espartero se negó a indultar, quedó en la memoria popular como un crimen imperdonable del Regente.

Por otro lado, la dura represión ordenada por Espartero no acabó con la conspiración moderada, que continuó actuando en la clandestinidad.

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Fotografiado por J. Laurent. 

Su política

Espartero no hizo una política de partido, y además tenía una visión simplista del mando y su ignorancia del derecho constitucional, junto con su ambición, le hicieron confundir la jefatura del Estado con el ejercicio del poder ejecutivo.

Quería manejar los hilos de la política concreta y eso le llevó a marginar a los elementos más valiosos y destacados de su partido como Olózaga, Mendizábal, Fermín Caballero, que no se prestaban a ese juego. No tardarían estos en pasarse a la oposición.

La Ley, de diecinueve de agosto del año 1841, completó el proceso legal de la desvinculación de los bienes nobiliarios en mayorazgo [1] y otra del dos de septiembre del mismo año, que amplió la desamortización de Mendizábal a los bienes del clero secular. 

Esta ley, junto con la abolición definitiva del diezmo [2], además de otros proyectos como la renovación de la obligatoriedad del clero de jurar fidelidad al poder constituido o el proyecto de ley sobre jurisdicción eclesiástica [3], empeoraron las ya de por sí tensas relaciones del régimen isabelino con la Santa Sede desde que el nuncio  había abandonado España en el año 1835.

El Papa Gregorio XVI protestó por la que consideraba injerencia del Gobierno en materia eclesiástica. El sacerdote conservador Jaime Balmes llegó a acusarlo de estar guiado por un espíritu cismático y de querer convertir a la Iglesia española en algo parecido a la anglicana. 

Se restableció la ley de imprenta progresista del año 1837, lo que permitió ampliar notablemente la libertad de expresión de la prensa, incluida la que era crítica con el Gobierno.

También destacan las leyes que intentaron regularizar los fueros navarros y vascos. En los fueros navarros el proceso de negociación con la Diputación Foral de Navarra tuvo éxito y el acuerdo fue ratificado por las Cortes al aprobar la Ley Paccionada  de Navarra [4] del veinte de septiembre del año 1841 que armonizaba los fueros con la Constitución del año 1837.

En el caso de los fueros vascos el arreglo foral no fue posible, y Vizcaya, Álava y Guipúzcoa permanecieron en una indefinición legal que no se resolvería hasta  el año1876.

Los dos decretos limitaron las atribuciones de las tres diputaciones forales vascas. El primero, del cinco de enero de 1841, eliminó el pase foral que hasta entonces permitía a las diputaciones forales no cumplir las leyes del Estado que fueran contrarias a sus fueros.

El segundo fue un decreto, del veintinueve de octubre del año 1841, que suprimió las aduanas interiores, estableció en las tres provincias los juzgados de primera instancia  y amplió el número de personas que podían votar en las elecciones municipales y forales.

El librecambismo

La oposición a Espartero no sólo vino determinada por motivos políticos, sino también por motivos económicos. El Regente había mostrado una decidida inclinación por el librecambismo, al que había llegado a través de su admiración por Inglaterra.

La cuestión del libre comercio contra el proteccionismo fue debatida en las Cortes y en las discusiones se pusieron de manifiesto los contrapuestos intereses de andaluces y catalanes. Estos apoyaban fuertemente la protección de la industria nacional mediante la aplicación de fuertes aranceles, mientras que Andalucía, y también en Madrid, había poderosos intereses comerciales relacionados con capitales ingleses que demandaban una completa libertad de comercio con todas las naciones.

En España se había practicado una política proteccionista para estimular la producción nacional y obstaculizar la competencia extranjera. Sin embargo, esta política había fracasado a causa del contrabando.

El comercio ilícito se efectuaba a través de todas las fronteras españolas y prácticamente por todo el litoral, hasta el punto de que existía una verdadera invasión de mercancías procedentes de otros países que circulaban impunemente por gran parte del territorio español, a pesar de las prohibiciones que estaban en vigor.

El contrabando llegó a alcanzar tal magnitud, que hubo años en que las mercancías inglesas que entraban de contrabando a través de Gibraltar triplicaron el volumen, a las que llegaban a España por cauces normales.

La necesidad de acabar con esta lacra del contrabando y la creencia de que bajando los aranceles se haría un bien al país, fue lo que llevó al general Espartero a aprobar la reforma arancelaria del año 1841.

Se aprobó la nueva ley arancelaria, el nueve de julio del año 1841, que rebajaba considerablemente los derechos que tenían que pagar la mayor parte de los productos de importación. La nueva disposición no significaba, de ningún modo, una absoluta libertad de comercio, pero sí una flexibilización del sistema comercial.

La nueva ley era una puerta abierta a las manifacturas extranjeras en unos momentos en que la industria nacional trataba de salir adelante después de los  momentos difíciles por los que había atravesado como consecuencia de las calamidades acaecidas en el primer tercio de siglo.

El resultado de esta política fue muy negativo para algunos y tuvo aspectos positivos para otros. La política arancelaria, la creciente división dentro del progresismo y los brotes de republicanismo que comenzaron a aparecer en determinadas ciudades, se materializaron en agudas críticas al gobierno, con el surgimiento de movimientos proteccionistas en Barcelona, en los que pronto comenzaría a destacar el barón de Güell y hasta en verdaderas revoluciones, como las del año 1842 en Barcelona.

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Revuelta en Barcelona en 1842

El bombardeo de Barcelona

Otra de las consecuencias del pronunciamiento moderado del año 1841 fue que en varias ciudades se produjo un levantamiento progresista para impedirlo, aunque, una vez derrotado, algunas juntas desobedecieron la orden de Espartero de disolverse y desafiaron la autoridad del regente.

Los sucesos más graves se produjeron en Barcelona, donde la Junta de Vigilancia presidida por Juan Antonio Llinás, aprovechando la ausencia del Capitán General, Antonio Van Halen, que se había desplazado a Navarra para acabar con el pronunciamiento moderado.

La Junta de Vigilancia procedió a demoler la odiada fortaleza de la Ciudadela, mandada construir por Felipe V tras su victoria en la guerra de Sucesión, que la mayoría de los barceloneses consideraban un instrumento de opresión.

Bombardeo de Barcelona desde el castillo de Montjuic
Bombardeo de Barcelona desde el castillo de Montjuic.

Con esa medida se pretendía proporcionar trabajo a los muchos obreros que se encontraban en paro. La respuesta de Espartero fue suprimir la Junta por abuso de la libertad y desarmar a la Milicia, además de disolver el Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona, y hacer pagar a la ciudad la reconstrucción de los muros de la Ciudadela que ya se habían derribado.

El general Espartero solicitó y obtuvo un voto en las Cortes para reprimir la sedición de Barcelona.

Comenzó, el trece de noviembre del año 1842, una insurrección a la que se sumó la Milicia y, en pocas horas, la ciudad se llenó de barricadas. El detonante de la misma fue la noticia de que el Gobierno se disponía a firmar un acuerdo comercial librecambista con Gran Bretaña que rebajaría los aranceles  a los productos textiles ingleses, lo que supondría la ruina para la industria algodonera catalana.

La chispa inicial, sin embargo, fue un tumulto que se produjo en el Portal de L’Ángel en relación con los consumos, el domingo trece de noviembre por la tarde. La autoridad militar respondió ocupando el Ayuntamiento y deteniendo a varios periodistas del periódico “El Republicano” presentes en los hechos. Al día siguiente, una Comisión que pedía que se liberase a los detenidos fue a su vez encarcelada.

Comenzó entonces una guerra de barricadas protagonizada por la milicia, apoyada por paisanos armados. El capitán general, Antonio Van Halen se vio obligado a ordenar a sus hombres que abandonaran la ciudad y que se replegaran hacia el castillo de Montjuic, sobre la montaña del mismo nombre, desde donde se dominaba la ciudad, ​y hacia la fortaleza de la Ciudadela, en el otro extremo de la ciudad.

El repliegue de las tropas gubernamentales fue considerado un triunfo por los sublevados, cuya Junta presidida por Juan Manuel Carsy y que tenía su origen en la Junta de Vigilancia formada en Barcelona el año anterior, hizo público su programa, que pedía:

> Unión entre todos los liberales
> Abajo Espartero y su gobierno.
> Cortes constituyentes.
> Justicia y protección a la industria nacional.

Espartero decidió dirigir personalmente la represión de la insurrección y el veintidós de noviembre llegó a Barcelona. Ese mismo día, el general Van Halen, por orden del Regente, comunicó que Barcelona sería bombardeada desde el castillo de Montjuic si antes de 48 horas no se rendían los insurrectos.

El cañoneo duro doce horas, durante las cuales se dispararon más  de 1.014 proyectiles que destruyeron más de cuatrocientos sesenta y dos edificios y se produjo veinte víctimas. La sublevación fue dominada y se impuso a la capital catalana una contribución extraordinaria de doce millones como castigo a su actitud rebelde.

La oposición regional al gobierno de Espartero no hizo sino aumentar. La burguesía catalana comenzó a apoyar ahora los esfuerzos del Partido Moderado para volver al poder. La mayoría de los trabajadores y artesanos, por su parte, a no tenían confianza en el Partido Progresista. Un creciente número de ellos se unió al movimiento republicano, que volvió a cobrar fuerza rápidamente a pesar de la derrota sufrida.

En el resto del país, la prensa criticó duramente a Espartero por el bombardeo de Barcelona. Progresistas, moderados y republicanos condenan los métodos represivos empleados. Esta repulsa generalizada habría de transformarse en uno de los factores claves que contribuyó a poner en marcha el movimiento político destinado a derrocar a Espartero en el verano del año 1843.

La caída de Espartero

Tras el bombardeo de Barcelona, Espartero perdió la mayor parte de la popularidad que se había ganado como vencedor en la primera guerra carlista y que le había hecho acreedor al título de Duque de la Victoria.

Se fue formando una heterogénea coalición antiesparterista en los primeros meses del año 1843, a la que se fueron sumando todos aquellos grupos y sectores que rechazaban la política de Espartero y de sus fieles militares.

María Cristina de Borbón desde París conspiraba contra Espartero, con la ayuda de los elementos moderados que se hallaban en el exilio o en la península y con el apoyo del rey de Francia, Luis Felipe de Orleans, a quien disgustaba la creciente influencia que Inglaterra había cobrado en España a partir del año 1840.

Sabedor Espartero que la dirección de todas estas intrigas se hallaban en París, trató de presionar por medio del embajador inglés para obligar a Francia a abandonar la postura que había adoptado.

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Juan Prim

Espartero olvidaba que la oposición se fraguaba también dentro del Partido Progresista. A su regreso de Barcelona y para evitar las críticas que generó su política de represión, clausuró el Congreso y convocó elecciones para el mes de marzo.

El tres de abril de 1843, las nuevas Cortes abrieron sus sesiones. Durante todo el mes, su única actividad fue discutir las actas, al haber denunciado los atropellos que habían cometido el Gobierno y el ejército para asegurarse el triunfo de los candidatos esparteristas.

Acabado el debate y se comprobó que el Partido Progresista había vuelto a obtener la mayoría. No obstante, este estaba fragmentado en tres sectores pero solo uno de ellos seguía apoyando al Regente.

Como resultado de esto, era la oposición antiesparterista la que tenía la mayoría en la Cámara, gracias a la suma de los diputados progresistas legales y puros, los diputados demócrata-republicanos y los moderados.

El primer acto de la nueva mayoría fue forzar la caída del Gobierno del general Rodil y obligar al Regente a que nombrara, el nueve de mayo, como nuevo presidente al líder de los progresistas puros, Joaquín López, que sí que obtuvo el respaldo de la Cámara.

La crisis se agudizó cuando el Gobierno de López exigió que Espartero destituyera al general, Francisco Linage, como su secretario personal y lo nombrara jefe de alguna Capitanía, con ello buscaban desmantelar la camarilla de militares que respaldaba el caudillismo del Regente. 

La respuesta de Espartero desató la crisis, porque, en lugar de despedir a su secretario, lo que hizo fue destituir a Joaquín María López, cuyo gobierno solo había durado diez días.

En la sesión parlamentaria del veinte de marzo del año 1843, se produjo la ruptura formal entre las Cortes y el Gobierno y Olózaga conquistó indudablemente el liderazgo de la oposición progresista.

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Muerte de Baldomero Espartero, de José Nin y Tudó. 1879. (Museo de La Rioja).

La crisis política fue acompañada inmediatamente por la insurrección. Varias unidades militares se levantaron en armas.

Todos se volvieron contra Espartero. El levantamiento contra Espartero fue uno de los más populares y unánimes que se dieron en España. Si los militares y políticos están contra el Regente, éste conservaba el apoyo de ciertas masas urbanas sobre todo en Madrid.

Lo cierto es que la alianza de moderados y progresistas era puramente circunstancial y destinada a no perdurar en cuanto desapareciese el motivo que los había unido,

Las primeras sublevaciones, Málaga y Granada fueron de carácter exclusivamente progresista. Las de Valencia y Sevilla tuvieron un carácter anti regencia. Los dos focos principales de la rebelión estaban en Cataluña y Andalucía.

El veintisiete de mayo se produjo un levantamiento en Reus encabezado por los militares cercanos al progresismo, Juan Prim y Lorenzo Milán del Boch al grito de “Abajo Espartero! ¡Mayoría de edad de la Reina!”.

El general esparterista Zurbano consiguió dominar la rebelión de Reus, Barcelona se sumó en seguida al movimiento, formándose en junio una Junta Suprema de Gobierno de la provincia de Barcelona en la que figuraban republicanos, progresistas y moderados. Poco después, el general Prim hacía su entrada triunfal en la ciudad.

En Zaragoza, el general Seoane, fiel a Espartero, había conseguido dominar la situación. Toda la franja mediterránea, desde Barcelona a Sevilla, parecía pérdida para Espartero hacia el veinticinco de julio del año 1843.

Prim y Serrano no se atrevían a marchar sobre Madrid por el impedimento de Seoane en Zaragoza

El general Ramón María Narváez desde Francia se dirigió a Valencia donde fue muy bien acogido. Prim y Serrano no se atrevían a marchar sobre Madrid por el impedimento de Seoane en Zaragoza.

Espartero salió de Madrid con dirección a Ciudad Real y a Albacete, circunstancia que aprovecho el general Narváez para dirigirse hacia Madrid. El general Seoane le salió al paso y se enfrentaron en Torrejón de Ardoz entre el veintidós y veintitrés de julio saliendo victorioso el general Narváez.

Madrid intentó resistir por medio de la Milicia Nacional pero acabó rindiéndose.

Espartero conoció la caída de Madrid cuando se encontraba en Sevilla intentando asediar la ciudad. Al enterarse del curso de los acontecimientos, marchó a Cádiz, donde embarcó para Inglaterra. Terminaba así la Regencia de Espartero de la misma manera que había acabado la Regencia de María Cristina,

La coalición antiesparterista decidió entonces proclamar la mayoría de edad de Isabel, en cuanto cumplió los trece años de edad, en octubre de 1843, iniciándose así su reinado efectivo. 

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Isabel II, Reina de España, es declarada mayor de edad y presta juramento a la Constitución el 10 de octubre de 1843. Biblioteca Nacional de Francia. (Foto: Web Congreso de los Diputados)

NOTAS:

[1] Derecho que tiene el primogénito de una familia de heredar todos los bienes.  La institución del mayorazgo impedía que las tierras de las familias nobles pudieran dividirse, ya que establecía que los herederos primogénitos eran los únicos que tenían derechos a heredarlas.
[2] Derecho del 10 % del valor de ciertas mercaderías, especialmente el que se pagaba a la iglesia
[3] Jurisdicción especial desarrollada durante el Antiguo Régimen para la resolución de asuntos eclesiásticos. La jurisdicción eclesiástica tenía varias vertientes de actuación que la hacían especialmente conflictiva y entraba en colisión con otras jurisdicciones y, especialmente, con la jurisdicción ordinaria.
[4] La Ley Paccionada del año 1841 es una ratificación del Convenio de Oñate que suprimía las peculiaridades de Navarra y de las Provincias Vascongadas. Se instaura en Navarra el Régimen Foral que supone renunciar al Reino a cambio de una autonomía. Navarra pasa de ser un reino a ser una provincia.


BIBLIOGRAFÍA:

Bahamonde, Ángel y Martínez, Jesús A. “Historia de España. Siglo XIX “.  2011. Editorial Cátedra. Madrid.
Fontana, Josep.  “La época del liberalismo” Vol. 6 de la Historia de España, dirigida por Josep Fontana y Ramón Villares.  2007. Crítica/Marcial Pons.  Barcelona.
Fuentes, Juan Francisco. “El fin del Antiguo Régimen (1808-1868). Política y sociedad”. 2007.  Editorial Síntesis. Madrid.
Pérez Núñez, Javier. “Los debates parlamentarios de la ley municipal de 1840”.  196.  Revista de Estudios Políticos 93.
Pérez Núñez, Javier.   “La revolución de 1840: la culminación del Madrid progresista”.  2014.  Cuadernos de Historia Contemporánea 36.
Vilches, Jorge. “Progreso y Libertad. El Partido Progresista en la Revolución Liberal Española”.  2001. Alianza Editorial.  Madrid.

La Regencia del General Espartero