Con la llegada de la II República, el nuevo orden constitucional debía amparar la libertad de conciencia y desarrollar un proceso de secularización que permitiera superar la tradicional identificación entre el Estado y la iglesia católica, que era considerada por los republicanos como uno de los elementos clave de legitimación de la monarquía.
Los republicanos anunciaron su determinación de crear un sistema de escuelas laicas, introducir el divorcio, secularizar los cementerios y los hospitales y reducir en gran medida, si no eliminar, el número de órdenes religiosas establecidas en el país.
Para evitar reacciones por parte de los católicos españoles, las primeras decisiones del gobierno provisional republicano sobre la secularización del Estado fueron moderadas, en sintonía con la decisión de poner a su frente al católico liberal, Niceto Alcalá Zamora y nombrar en la cartera clave de Gobernación, a su compañero de la derecha liberal republicana, el también católico, Miguel Maura.
La regla tercera del Estatuto jurídico del gobierno provisional promulgado el catorce de abril del año 1931 y hecho público al día siguiente en el diario oficial, la Gaceta de Madrid, se proclamó la libertad de cultos y decía:
“El Gobierno provisional hace pública su decisión de respetar de manera plena la conciencia individual mediante la libertad de creencias y cultos, sin que el Estado, en momento alguno, pueda pedir al ciudadano revelación de sus convicciones religiosas”.
En las tres semanas siguientes el Gobierno aprobó algunas medidas secularizadoras, como la disolución de las órdenes militares, supresión de la obligatoriedad de asistencia a actos religiosos en cárceles y fin de las exenciones tributarias a la Iglesia, privación de sus derechos a la Confederación Nacional Católica-Agraria, como medidas fundamentales.
La medida más destacada fue el decreto del seis de mayo, declarando voluntaria la enseñanza religiosa. El cinco de mayo se privó a la Iglesia católica de su representación en los Consejos de Instrucción Pública a través de un decreto, con lo que la jerarquía católica ya no pudo intervenir en la elaboración de los planes de estudios, un derecho que venía ejerciendo desde hacía mucho tiempo.
Se prohibió la asistencia a actos religiosos de los militares no siendo a título personal y se suspendieron las festividades de los Patronos de Armas y Cuerpos del Ejército. Por último, se modificó la ley electoral del año 1907 para que los sacerdotes pudieran presentarse como candidatos en las elecciones.
Al mismo tiempo el Gobierno Provisional inició los contactos con el nuncio; Federico Tedeschini para asegurarle que el Gobierno hasta que no se aprobara la nueva Constitución respetaría el Concordato del año 1851 y a cambio la Iglesia debía dar muestras de que acataba el nuevo régimen.
El día veinticuatro de abril el nuncio envió un telegrama a todos los obispos en el que les transmitía el “deseo de la Santa Sede de que recomendasen a los sacerdotes, a los religiosos y a los fieles de sus diócesis que respetasen los poderes constituidos y obedeciesen a ellos para el mantenimiento del orden y para el bien común”.
Junto al nuncio, el otro miembro de la jerarquía eclesiástica que encarnó esta actitud conciliadora hacia la República fue el cardenal arzobispo de Tarragona, Francisco Vidal y Barraquer, que ya había realizado algunos gestos de deferencia hacia las nuevas autoridades como su visita al presidente de la Generalitat, Francesc Maciá, el día dieciocho de abril, o el envío el día veintidós de una carta de saludo y felicitación al Gobierno provisional de la República por parte de la conferencia de obispos catalanes.
El diario católico El Debate dirigido por Ángel Herrera, fundador de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, publicó el día siguiente de la proclamación de la República un editorial en primera página, aunque acompañado de un retrato y de un homenaje al Rey Alfonso que decía:
“La República es la forma de gobierno de hecho en nuestro país. En consecuencia, nuestro deber es acatarla. … y no le acataremos pasivamente… le acataremos de un modo leal, activo, poniendo cuanto podamos para ayudarle en su cometido”.
Sin embargo, un sector numeroso del episcopado estaba compuesto por obispos menos conciliadores e incluso abiertamente opuestos a la República, muchos de ellos nombrados durante la dictadura de Primo de Rivera que no estaban dispuestos a transigir con la República a la que consideraban una desgracia pues entendían que estaba en clara oposición a la Iglesia.
La cabeza visible de ese grupo era el Cardenal primado y arzobispo de Toledo, Pedro Segura, que ya se había manifestado claramente contrario a la República antes y durante la campaña de las elecciones municipales del doce de abril del año 1931.
Este cardenal afirmando que la República era obra de los “enemigos de la Iglesia y el orden social”, por lo que estaba justificada la formación de un “compacto frente unido” en defensa de la Monarquía y de la Iglesia católica.
En su primera intervención desde el púlpito después del catorce de abril se refirió a la República como un castigo divino, lo que levantó las iras de la prensa republicana, señalándolo como el símbolo del clericalismo monárquico, y provocó el envío de una nota de protesta del gobierno a la nunciatura.
El pronunciamiento de mayor trascendencia fue el del cardenal Segura, que se produjo el día uno de mayo cuando hizo pública una pastoral en la que, tras abordar la situación española en un tono catastrofista, hacía un agradecido elogio de la monarquía y del destronado monarca Alfonso XIII, “quien, a lo largo de su reinado, supo conservar la antigua tradición de fe y piedad de sus mayores”.
La prensa republicana interpretó la pastoral como una incitación a los fieles a unirse para salvar los derechos amenazados de la iglesia y los partidos y organizaciones de izquierda la consideraron una declaración de guerra, incrementando el sentimiento anticlerical de muchos ciudadanos.
El gobierno provisional presentó una nota de serena y enérgica protesta al nuncio, Federico Tedeschini por lo que consideraba una intervención en política del cardenal primado, “cuando no hostilidad al régimen republicano”, y pidió que fuera apartado de su cargo. La prensa, por su lado, arreciaba en su campaña contra Segura.
El poeta Antonio Machado describía la proclamación de la II República de la siguiente forma:
“¡Aquellas horas, Dios mío, estuvieron tejidas todas ellas con el más puro lino de la esperanza, ¡cuando unos viejos republicanos izamos la bandera tricolor en Ayuntamiento de Segovia!”.
Para el exministro de la dictadura de Primo de Rivera, José Yanguas Messía, el catorce de abril había sido:
“un día aciago para España porque ese día se consumó la gran traición a España, decretada por las logias masónicas y por el Kremlin de Moscú, con el objetivo de destruirla «en su cuerpo y en su espíritu, entregándola a las fuerzas disgregadoras y corrosivas del separatismo político y el comunismo marxista”.
La primera reunión conspirativa de los monárquicos tuvo lugar el mismo día catorce de abril en casa del conde de Guadalhorce, Rafael Benjumea y Burín, al que también asistieron Yanguas Messía y José Calvo Sotelo, aunque la presencia de este último no está confirmada y al poco tiempo se exilió en Portugal.
En la reunión se habló de la creación de un partido monárquico cuyo fin sería derrocar a la República recién proclamada. Ese partido monárquico se fundó a finales de abril con el nombre de Acción Nacional, que, en abril del año 1932, pasaría a llamarse Acción Popular, aunque en él predominaron los accidentalistas, para los que la vuelta de la monarquía no era el objetivo esencial sino la defensa del catolicismo y de los valores tradicionales.
Pocos días después, Juan Ignacio Luca de Tena que era el director y propietario de diario ABC, viajó a Londres para consultar con Alfonso XIII la formación de un comité electoral monárquico y para informarle de las primeras reuniones conspirativas. Al mismo tiempo realizó una entrevista periodística al ex rey que publicó su diario.
En ella, se ofreció la imagen de un rey patriótico y sacrificado, que ponía el bien de su país por encima de las formas de gobierno y pedía a los monárquicos que se organizaran para participar en la vida pública, incluso apoyando al gobierno en todo lo que sea defensa del orden y de la integridad de la Patria.
Al final de la entrevista el diario ABC hacía una expresa declaración de principios monárquica:
“ABC permanece donde estuvo siempre: con la libertad, con el orden, con la integridad de la Patria, con la Religión y con el Derecho, que es todavía decir, en España, con la Monarquía Constitucional y Parlamentaria”.
Esta declaración fue seguida de un llamamiento a los monárquicos españoles, publicado en el diario el ocho de mayo en el que se pedía que los simpatizantes con la monarquía se inscribieran en el Círculo Monárquico Independiente, cuya finalidad era coordinar todas las organizaciones monárquicas de cara a las elecciones constituyentes, y que acudieran el día diez a la constitución de su comité ejecutivo.
Al principio de mayo tuvo lugar una nueva reunión de los monárquicos en el palacio del marqués de Quintanar a la que por primera vez asistieron militares, los generales Luis Orgaz y Miguel Ponte y el comandante, Heli Rolando de Tella.
También asistieron el periodista Juan Pujol, director del diario filofascista Informaciones y hombre de confianza del financiero Juan March, y otros notables monárquicos como el conde de Vallellano, Julio Danvila y Santiago Fuentes Pila.
LOS SUCESOS DE LA QUEMA DE CONVENTOS
Se conoce como quema de conventos a la ola de violencia anticlerical contra edificios e instituciones de la iglesia católica ocurrida entre los días diez al trece de mayo del año 1931 pocas semanas después de haberse proclamado la II República. Fue “el primer conflicto de orden público grave que hubo de enfrentar el régimen republicano”.
Los disturbios comenzaron en Madrid durante la inauguración del Círculo Monárquico de la calle de Alcalá a las once de la mañana del domingo diez de mayo del año 1931 y rápidamente se extendieron por otras ciudades del sur y el Levante peninsular.
El Círculo Monárquico Independiente fundado por el director del diario monárquico ABC, Juan Ignacio Luca de Tena. El acto contó con la aprobación del director general de Seguridad, Carlos Blanco Pérez, que habría dado autorización verbal a Luca de Tena para su celebración, aunque sin llegar a comunicárselo al ministro de la gobernación Miguel Maura.
La convocatoria la había realizado dos días antes el diario ABC que había publicado el llamamiento a los monárquicos españoles. Acudió bastante gente y, tras unos discursos muy acalorados en defensa de la monarquía, se eligió el Comité del Círculo, integrado, entre otros, por el conde de Gamazo, el periodista Federico Santander, el banquero Arsenio Martínez Campos y los abogados Eduardo Cobián y Luis Garrido Juaristi. Se discutió cómo celebrar el cumpleaños del ex rey el diecisiete de mayo.
Durante el acto, hicieron sonar la “Marcha Real” en un gramófono y algunos de los asistentes se asomaron al balcón para dar vivas al rey y a la monarquía y lanzaron pasquines del periódico clandestino El Murciélago en el que se llamaba a “hacer la vida imposible a esta caricatura de República”.
Varios jóvenes monárquicos se unieron a los vivas al rey y a la monarquía desde la calle, lo que fue respondido por el taxista que los había llevado hasta allí con vivas a la República. Al oír las vivas uno de los jóvenes golpeó al taxista con su bastón y este cayó al suelo. Cuando varios transeúntes se acercaron para ayudarlo increpando al grupo monárquico también fueron golpeados.
Otros monárquicos salieron de la sede de Alcalá para apoyarlos, pero cuando se vieron superados en número se refugiaron dentro del edificio y cerraron las puertas. Entonces algunos de los que se habían enfrentado a los monárquicos, encolerizados, quemaron tres coches que estaban allí aparcados, uno de ellos el del director de ABC Luca de Tena.
También lanzaron piedras contra el edificio rompiendo algunos cristales. Apareció la policía que, tras pedir calma a la multitud que se había congregado, procedió a detener a los monárquicos que habían participado en los altercados, pero no los pudo sacar de allí por la actitud levantisca del público que llegó a asaltar dos coches de policía que habían llegado de refuerzo.
Hasta las cinco de la tarde no consiguieron conducirlos a pie hasta la sede la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol, mientras un grupo numeroso de personas seguía sus pasos y los insultaba.
Un antiguo ministro de la monarquía, Leopoldo Matos y Massieu, se tuvo que refugiar en casa de un amigo que vivía cerca de la calle Alcalá cuando fue reconocido e increpado por la multitud.
Se extendió el rumor por Madrid de que el taxista republicano había muerto, lo que unido a la noticia publicada ese día por los periódicos de que el general Berenguer había salido de la cárcel y además no se había olvidado la pastoral del cardenal Segura de tres días antes, desencadenó una ola de violencia y disturbios por toda la ciudad.
Empezó con el intento de asalto a la sede del diario ABC en la calle Serrano que estaba custodiada por la policía. Hubo un tiroteo que ocasionó dos muertos: el portero de una finca cercana y un niño.
Algunos grupos intentaron detener la circulación de los tranvías, aunque la intervención de los socialistas consiguió reanudar el servicio. También paraban los taxis alegando que se había declarado la huelga del sector y les amenazaban con quemar sus vehículos si seguían trabajando.
Varias armerías fueron asaltadas, con lo que hubo más tiroteos a lo largo del día. Cuando el ministro socialista, Indalecio Prieto se enteró del intento de asalto a una armería, salió a la calle para convencer a los alborotadores de que volvieran a sus casas, mientras esperaba la llegada de la policía.
Grupos de exaltados quemaron un quiosco del diario católico “El Debate”, apedreaban el casino militar y rompían los escaparates de una librería católica. Además, se producían disparos contra una unidad montada de la guardia civil.
Una multitud se había dirigido a la sede de la Dirección General de Seguridad, en la madrileña Puerta del Sol, exigiendo la dimisión del ministro de la Gobernación, Miguel Maura, que había acudido a la sede del Círculo Monárquico para calmar los ánimos y fue recibido por los republicanos al grito de ¡Maura, no!
Hacia la medianoche un exaltado disparó contra la multitud congregada en la Puerta del Sol hiriendo a una persona, siendo linchado. Sobre las dos y media de la madrugada la gente abandonó la Puerta del Sol y tres horas después los monárquicos detenidos, entre los que se encontraba Luca de Tena, eran conducidos a la cárcel Modelo de Madrid.
El ministro de la Gobernación Miguel Maura quiso desplegar a la guardia civil pero sus compañeros de gobierno, encabezados por el presidente, Niceto Alcalá Zamora y por el ministro de la Guerra, Manuel Azaña, se opusieron, reacios a emplear a las fuerzas de orden público contra el pueblo y restando importancia a los hechos.
Maura empleó como argumento que había recibido una información de un capitán del ejército de que algunos jóvenes del Ateneo de Madrid, que estaban preparándose para quemar edificios religiosos al día siguiente, a lo que Manuel Azaña le contestó, según cuenta Maura en sus memorias, que eran tonterías y añadió, que, en caso de ser cierto lo que se preparaba, sería una muestra de justicia inmanente.
Estando reunidos al punto de la mañana del lunes once de mayo, llegó la noticia de que la Casa Profesa de los jesuitas de la calle Flor estaba ardiendo. El ministro de la Gobernación, Miguel Maura, de nuevo intentó sacar a la calle a la guardia civil para restablecer el orden, pero al igual que la noche anterior se encontró con la oposición del resto del gabinete.
Miguel Maura en sus “Memorias” señala a Manuel Azaña, que según él dijo “que todos los conventos de España no valen la vida de un republicano”. Si sale la guardia civil, yo dimito. Sin embargo, Alcalá Zamora escribió en sus “Memorias” que Azaña “no se opuso ni por un instante a la declaración del estado de guerra”. Todo lo cual presenta dudas sobre cuál fue la posición real de Azaña.
A otro ministro, según Maura, le hizo gracia que fuesen los jesuitas los primeros en pagar tributo al pueblo soberano. El que presentó su dimisión, que luego retiraría, fue Maura, que abandonó la sede de la Presidencia del Gobierno. Ardieron seis de los ciento setenta conventos de Madrid.
Un testigo de los acontecimientos fue Julio Caro Baroja que relató más tarde lo que vio:
“A las doce de la mañana, a las doce y cuarto, a la una y cinco, se avisó del Colegio de Jesuitas de la calle de la Flor a la Dirección de Seguridad que el incendio cobraba proporciones grandes. La gente pasaba, o medrosa o indiferente, por las proximidades, viendo salir el humo por las ventanas. Los incendiarios desaparecieron rápidos y organizados. El que vio aquello y yo lo vi no podía imaginarse que se desenvolviera así una clásica acción anticlerical. En una de las paredes ahumadas podía leerse después este letrero:
Abajo los jesuitas La justicia del pueblo por ladrones. Ardieron así el convento de las Bernardas de Vallecas y la iglesia de Santa Teresa, de los carmelitas descalzos... Por tener mi domicilio cerca, vi arder el convento de los carmelitas.
Era por la mañana, ya avanzada ésta. Unos grupos de hombres habían prendido fuego a la iglesia, y mientras ardían tiraban por las ventanas de la residencia enseres y libros. Entre éstos, un ejemplar de la Enciclopedia Espasa.
Recuerdo cómo dos o tres hombres sacaron a un fraile viejo, alto, de buen aspecto, custodiado, para que nadie se metiera con él, mientras que otro reprendía a un compañero, que al parecer quería llevarse un tomo o unas láminas del pobre repertorio enciclopédico: "Camarada, no hemos venido aquí para robar", etc.
Tiempo después vi incendiada una pequeña iglesia cerca de la plaza de Santa Ana, en la calle del Príncipe. La gente pasaba una vez más junto a ella torva o medrosa, y hubo algún gesto claro de disgusto. Una mujercilla desgreñada lo observó y dijo que los padecimientos del obrero tenían más importancia que aquella crema.
El Gobierno declaró el estado de guerra el martes doce de mayo y a medida que las tropas fueron ocupando la capital, los incendios cesaron. El gobierno provisional nombró al general Queipo de Llano encargado de acabar con los desordenes. Queipo de Llano acababa de volver del exilio tras haber huido a París por su implicación en la sublevación republicana de Cuatro Vientos.
Queipo de Llano gozaba de una enorme popularidad entre los republicanos. Cuando leyó el bando de guerra apeló a la cordura en bien de la República, de la que dijo que es obra del pueblo. Como todos saben, Queipo de Llano se acabaría sublevando en julio del año 1936.
Pero mientras Madrid recuperaba la calma, la quema de conventos y de otros edificios religiosos se extendía a otras poblaciones del este y el sur peninsular, siendo los sucesos más graves se produjeron en Málaga. Los gobernadores civiles y los alcaldes que actuaron con contundencia no hubo incendios.
Entre los días once y doce de mayo del año 1931 se quemaron intencionadamente en Madrid los siguientes edificios religiosos:
- Casa Profesa propiedad de los jesuitas ubicada en la calle Isabel. En este incendio se quemó su biblioteca, considerada en aquel momento la segunda mejor de España. Contaba con más de 80.000 volúmenes, entre ellos incunables irreemplazables. En el incendio se perdieron para siempre ediciones de Lope de Vega, Calderón de la Barca, Saavedra Fajardo…
- Colegio de la Inmaculada y San Pedro Claver y el Instituto Católico de Artes e Industria situado en la calle de Alberto Aguilera. Se perdieron para siempre 20.000 volúmenes de su biblioteca. Toda la obra del P. García Villada entre ella sus libros particulares, colección “Razón y Fe”, papeles y todas las fichas. Se perdieron más de 100.000 copias de canciones populares recopiladas por el P. Antonio Martínez.
- El centro de enseñanza de Artes y Oficios en la calle de Areneros regentado por los jesuitas.
- La iglesia parroquial de Santa Teresa y San José de los Carmelitas descalzos de la plaza España.
- Colegio de Sagrado Corazón de Chamartín.
- Convento de las Mercedarias calzadas de San Fernando.
- Colegio de María Auxiliadora de las Salesianas.
- Convento de las Bernardas de Vallecas situado en la calle de Isabel la Católica.
- Colegio Nuestra Señora de las Maravillas en Cuatro Caminos. Se destruyó su museo de mineralogía y diverso material científico.
- En el convento de las Trinitarias de la calle del Marqués de Urquijo se contentaron con hacer salir a las corrigendas.
- El Oratorio del Caballero de Gracia se dejaron persuadir por algunos espontáneos y de otras casas religiosas se alejaron después de ahuyentar a sus moradores.
Alrededor de cien edificios religiosos ardieron total o parcialmente aquellos días en todo el país. Como hemos visto, se destruyeron objetos del patrimonio artístico y litúrgico, se profanaron algunos cementerios de conventos y varias personas murieron y otras resultaron heridas.
La derecha antirrepublicana convertiría la quema de conventos de mayo del año 1931 en un mito que enlazaría con la revolución asturiana de octubre del año 1934 y los desórdenes de la primavera del año 1936 bajo el gobierno del Frente Popular para justificar el golpe de Estado de julio del año 1936.
La Agrupación al Servicio de la República condenó los hechos en un artículo publicado en el diario “El Sol” el once de mayo, firmado por Gregorio Marañón, José Ortega y Gasset y R. Pérez de Ayala y decían:
“Quemar conventos e iglesias no demuestra ni verdadero celo republicano ni espíritu de avanzada, sino más bien un fetichismo primitivo o criminal que lleva lo mismo a adorar las cosas materiales que a destruirlas”.
El alcalde socialista de Madrid publicó el siguiente bando:
“El pueblo, que siempre dio pruebas de la más noble elevación espiritual …) no puede olvidar en estos momentos que junto a los edificios que pretende destruir hay casas donde habitan millares de convecinos… ancianos … a los que las llamas … no podrían distinguir ni respetar. Por ello, si la indignación prendió el fuego, apáguenlo los corazones generosos de los madrileños”.
El diario “El Socialista” publicó el doce de mayo del año 1931, lo siguiente:
“La reacción ha visto ya que el pueblo está dispuesto a no tolerar. Han ardido los conventos: ésa es la respuesta de la demagogia popular a la demagogia derechista”.
A juicio del profesor e historiador, Julián Casanova:
“El significado principal de estos acontecimientos es que se produjeron al mes escaso de inaugurarse la República y que en la memoria colectiva de muchos católicos quedaron grabados como el primer asalto contra la Iglesia por parte de una República laica y anticlerical, un ensayo general de la catástrofe que se avecinaba”.
Niceto Alcalá Zamora en sus memorias dice que las consecuencias fueron desastrosas para la República, y decía: “le crearon enemigos que no tenía; quebrantaron la solidez compacta de su asiento; mancharon su crédito hasta entonces diáfano e ilimitado”.
El cardenal Francisco Vidal y Barraquer presentó una nota de protesta el diecisiete de mayo, que envió al presidente del gobierno provisional y decía:
hechos de esta índole... disminuyen la confianza que un numeroso sector de católicos había inspirado la actuación directa del Gobierno en muchas de sus primeras disposiciones.
¿Hubo pasividad del gobierno republicano?
No se sabe con absoluta certeza quién quemó los alrededor de cien edificios religiosos que ardieron total o parcialmente aquellos días, y durante los cuales murieron varias personas y otras resultaron heridas.
La hipótesis más admitida es que los incendiarios fueron elementos de extrema izquierda republicana y anarquistas que pretendían presionar al gobierno provisional para que llevara a cabo la revolución que significaba ante todo terminar con el clericalismo.
Hay consenso entre los historiadores en la irresponsabilidad del gobierno en el manejo de la situación, que solo se explica por:
- Una difusa simpatía que pudieran sentir algunos ministros por los alborotadores.
- Una mezcla de perplejidad, error de cálculo, debilidad y miedo a la impopularidad derivada del empleo de la fuerza contra el pueblo.
El historiador Gabriel Jackson señala que la mayoría de los ministros no quería que el nuevo régimen comenzara su existencia disparando contra españoles, convencidos de que las masas odiarían a un Gobierno que recurriera a la guardia civil ante las primeras señales de un motín.
La historiadora Pilar Mera Costas se pregunta:
¿Por qué el Consejo de ministros esperó y no pudo controlar la situación hasta dos días después? y responde:
“Recién proclamada la República, los ministros temían que, si respondían con excesiva contundencia y resultados violentos, el régimen perdiese la legitimidad popular al igualarse con la represión de la dictadura ante la primera dificultad...
El recurso evidente habría sido utilizar a la guardia civil, pero a pesar de la adhesión explícita del general Sanjurjo, director de la guardia civil, al triunfo republicano del catorce de abril, su utilización represiva por parte de la monarquía había dañado de tal modo su imagen ante los ciudadanos que, llegado el momento, el gobierno prefirió optar por una medida tan poco republicana como dejar el orden en manos del Ejército”.
El propio presidente Niceto Alcalá Zamora, en una alocución radiada el mismo día once de mayo, justificó implícitamente la actitud del gobierno, diciendo que se había evitado un baño de sangre. Sin embargo, el Papa Pío XII se referiría, el diecisiete de mayo, a la gravísima responsabilidad de los que no habían impedido oportunamente que los sucesos se produjeran.
La izquierda republicana y los socialistas hablaron de la existencia de una conspiración monárquica y clerical, e interpretaron los hechos como un aviso para el gobierno provisional sobre la política moderada que había llevado hasta esos momentos. El pueblo dotado de fino instinto, y según “El Socialista” se había adelantado al gobierno en la defensa del régimen.
El órgano del CNI, “Solidaridad Obrera” fue el que más insistió en la intervención popular en los hechos y en relacionarlos con un movimiento justiciero frente al afeminamiento político del Gobierno, que había dejado de ser un gobierno revolucionario para convertirse en uno de los tantos gobiernos liberales de la monarquía.
Las logias masónicas expresaron al gobierno su descontento por su contemporización con los elementos conservadores, clericales y monárquicos. Entre los que apoyaban al gobierno provisional, los únicos que claramente condenaron lo sucedido y se opusieron a la interpretación que estaban haciendo de los sucesos la izquierda republicana y los socialistas fueron los intelectuales de la Agrupación al Servicio de la República.
Estos criticaron duramente que se considerara una expresión de la democracia los actos vandálicos de una multitud caótica e informe y ponían en duda que incendiar edificios religiosos fuera una demostración de verdadero celo republicano.
La quema de conventos contribuyó al endurecimiento de la posición de la derecha, al igual que la de la Iglesia católica y asustó a los sectores conservadores, partidarios del orden, que consideraron excesivamente blanda la respuesta del Gobierno.
LA RELACIÓN REPÚBLICA E IGLESIA
El gobierno se sumó a la interpretación de la izquierda republicana y de los socialistas y por eso ordenó la suspensión de la publicación del diario católico “El Debate” y del monárquico “ABC”, así como la detención de varios significados monárquicos, que semanas después serían absueltos por los tribunales.
El gobierno llegó a acordar incluso la expulsión de los jesuitas, aunque finalmente no se consumó. Se produce la expulsión de España el diecisiete de mayo, del obispo integrista de Vitoria, Mateo Múgica, por negarse a suspender el viaje pastoral que tenía previsto realizar a Bilbao donde el gobierno temía que, se produjeran incidentes entre los carlistas y los nacionalistas vascos que compartían su oposición a la República y su defensa del clericalismo, y los republicanos y los socialistas anticlericales.
Se aprueban algunas medidas dirigidas a asegurar la separación de la iglesia del Estado sin esperar a la reunión de las Cortes Constituyentes. Una circular de la Dirección General de Enseñanza Primaria concretaba el trece de mayo, el Decreto de seis de mayo que había declarado voluntaria la enseñanza religiosa.
Se establece que sería necesaria una manifestación expresa de los padres en la matrícula indicando que deseaban recibirla, se ordenaba la retirada de crucifijos de las aulas donde hubiese alumnos que no recibieran enseñanza religiosa.
Un Decreto declaraba obligatorio el título de maestro para ejercer la enseñanza el veintiuno de mayo, lo que afectaba especialmente a los colegios religiosos ya que los frailes y monjas que impartían las clases carecían del mismo.
Otro Decreto reconocía la libertad de cultos y la libertad de conciencia en la escuela el veintidós de mayo y otra disposición prohibía a los religiosos enajenar inmuebles y objetos artísticos, arqueológicos o históricos sin permiso de la administración.
EL CARDENAL SEGURA COMO PROBLEMA
La Iglesia católica, que en general había reaccionado con moderación a los incendios de mayo, criticó todas estas medidas laicistas, especialmente la retirada de los crucifijos de las aulas y sobre todo el Decreto de veintidós de mayo.
Este Decreto provocó la protesta del Nuncio asegurando que no era legal legislar sobre libertad de cultos o enseñanza religiosa en las escuelas sin tener en cuenta el Concordato del año 1851. La Santa Sede negó el plácet al recién nombrado embajador de España, Luis de Zulueta, el treinta de mayo.
La reacción más radical partió de nuevo del cardenal Segura que el tres de junio que se encontraba en Roma, hizo pública una pastoral en la que se recogía “la penosísima impresión que les había producido ciertas disposiciones gubernativas” a los obispos y todos los agravios que a su juicio había padecido la Iglesia hasta esos momentos, incluido el último decreto, del que no aceptaban que la enseñanza religiosa desapareciera de la escuela pública, poniendo de manifiesto el antiliberalismo que la iglesia católica seguía manteniendo.
La pastoral del cardenal Segura de nuevo desató las iras de la prensa republicana y socialista que la calificó de “intromisión intolerable”. El gobierno provisional expresó a la Santa Sede su deseo de que el cardenal no retornase a España y que fuese destituido de la sede de Toledo.
Sin embargo, el cardenal Segura volvió inesperadamente a España el once de junio y fue detenido tres días después por orden del gobierno en Guadalajara y el día quince fue expulsado del país.
De este hecho quedó una famosa foto que dio la vuelta al mundo con el cardenal abandonando el convento de los Paúles de Guadalajara rodeado de policías y guardias civiles, que se presentó como prueba de la persecución que estaba padeciendo la Iglesia católica en España.
El Cardenal Segura no volvería a España hasta después de iniciada la guerra civil. Al día siguiente se celebró en la plaza de toros de Pamplona un gran mitin católico para protestar contra la expulsión del cardenal.
El caso del vicario Echeguren
Dos meses después, y en pleno debate en las Cortes Constituyentes en el que la “cuestión religiosa” estaba siendo la más polémica, se producía un nuevo incidente que enturbió aún más las relaciones de la República y la Iglesia católica y en el que el Cardenal Segura volvía a ser protagonista.
Fue detenido en la frontera francesa el vicario de Vitoria, Justo Echeguren, el día diecisiete de agosto y entre la documentación incautada, se encontraron unas instrucciones del Cardenal Segura a todas las diócesis en las que se facultaba a los obispos a vender bienes eclesiásticos en caso de necesidad.
Dicho documento decía:
“lo más grave era que, a tal circular, acompañaba un dictamen del abogado Rafael Martín Lázaro, firmado en fecha tan temprana como el 8 de mayo, que aconsejaba la transferencia por parte de la Iglesia de sus bienes inmuebles a seglares y la colocación de bienes muebles en títulos de deuda extranjeros, es decir, invitaba a la fuga de capitales”. Su intención era eludir una posible expropiación por parte del Estado.
La respuesta inmediata del gobierno provisional, después de descartar la ruptura de las relaciones diplomáticas con la Santa Sede, fue la publicación el veinte de agosto de un Decreto en el que se suspendían las facultades de venta y enajenación de los bienes y derechos de todo tipo de la Iglesia católica y de las órdenes religiosas.
En el preámbulo de dicho Decreto se intentó suavizar la medida haciendo referencia a “los esfuerzos notorios que habían realizado elementos destacados de la Iglesia española” para mantener su lealtad al nuevo régimen, aludiendo así al sector conciliador encabezado por el cardenal Francisco Vidal y Barraquer y el Nuncio frente al intransigente sector integrista encabezado por el cardenal Segura.
Por otro lado, el Decreto fue acompañado por la suspensión de una decena de periódicos católicos del País Vasco y de Navarra que se habían significado por sus proclamas antirrepublicanas y que fueron acusados por el gobierno de hacer llamamientos a la rebelión armada contra la República.
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