Juan Marco Elorriaga: un héroe en el Ministerio de Trabajo
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Pocos conocen el nombre de Juan Marco Elorriaga, delegado provincial de trabajo de Madrid en la Segunda República. La primera vez que me topé con su nombre fue consultando los expedientes de depuración de los funcionarios del Ministerio de Trabajo, en un viejo archivador metálico almacenado en los sótanos de su sede central. El expediente decía muy poca cosa. Según el expediente, Marco Elorriaga fue separado del servicio y dado de baja en la escala de Delegados sin audiencia por estar desaparecido. El BOE publicó la resolución de su separación, fechada el 2 de agosto, motivada por la aplicación del Decreto-Ley de Depuración de Funcionarios de 1936, que en su primer artículo ordenaba la “separación definitiva del servicio de toda clase de empleados, que por su conducía anterior o posterior al Movimiento Nacional, se consideren contrarios a éste..”.
Poco después encontré el motivo por el que el delegado no pudo hacer sus alegaciones. Había sido asesinado meses antes, en los primeros meses de la rebelión militar. Detenido junto con otras autoridades leales a la República de Segovia, una saca de presos terminó con su asesinato y el de otros presos en un camino de las cercanías de la ciudad. El testimonio de un compañero del penal, Pedro Antón García relata que Marco Elorriaga fue sacado de la cárcel de Segovia por un grupo de falangistas en compañía de “cinco milicianos de Madrid y una mujer", y que “ni siquiera le dejaron hacer testamento”.
Pero, ¿quién era Juan Marco Elorriaga? El cargo que ostentaba era, sin duda, relevante y sería posible encontrar alguna información sobre él. Y efectivamente en la prensa de la época encontré en distintos periódicos noticias de su trayectoria como Jefe de la Delegación Provincial de Trabajo de Madrid. Su actuación en los conflictos de la construcción y del metal de Madrid en la primavera de 1934, me convencieron de que merecía investigarse.
MARCO ELORRIAGA
Nacido en Zaragoza en 1887, Marco Elorriaga pertenecía a una familia acomodada. Su tío, Mauricio Elorriaga era gentilhombre de la Reina y el propio Marco Elorriaga se menciona en los ecos de sociedad de La Correspondencia de España en audiencias con el Rey o en bodas de la aristocracia. Se trasladó a Madrid para estudiar derecho en la Universidad Complutense, y en ella terminó sus estudios Ocupaban las cátedras de la Facultad de Derecho en aquellos años figuras como Azcárate, Giner de los Ríos o Segismundo Moret, personajes claves en los primeros pasos del reformismo social en España. El Instituto de Reformas Sociales se había creado en 1903 para estudiar el “problema social” y proponer al Gobierno las leyes necesarias para encauzarlo.
Terminados sus estudios de Derecho, Marco Elorriaga presentó su tesis doctoral, “Legalidad de las leyes” en 1910
Seguramente los contactos hechos en la universidad facilitaron el ingreso de Marco Elorriaga como escribiente de la delegación de estadística del Instituto de Reformas Sociales. Los ingresos de escribiente eran escasos, apenas 1500 pesetas al año, pero Marco Elorriaga pudo asistir a los procesos de elaboración de varias leyes sociales y de los informes sobre la cuestión social en distintos sectores y a la elaboración de las series estadísticas sobre huelgas, coste de la vida, aplicación de las distintas leyes, infracciones y sanciones laborales.
Terminados sus estudios de Derecho, Marco Elorriaga presentó su tesis doctoral, “Legalidad de las leyes” en 1910. Poco tiempo después ingresó en la administración tras aprobar unas oposiciones para oficial de administración en el Ministerio de Gobernación y en 1915 consiguió una plaza de Jefe de Negociado de 2ª clase en el Gobierno Civil de Zaragoza, su ciudad. Ese mismo año fue nombrado profesor auxiliar interino en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. Como se retrata en la literatura de la época, los bajos sueldos de los empleados públicos forzaban a la práctica del pluriempleo, y Marco Elorriaga ejerció también la práctica de la profesión de abogado en los tribunales. Algunos de los asuntos de los que se hizo cargo tuvieron cierta relevancia en la prensa, como la petición de indulto para un reo que defendía, e incluso promovió una reforma del Código Penal para los casos de reincidencia con el apoyo del Colegio de Abogados de Zaragoza.
En 1918 fue ascendido al empleo de auxiliar de delegación en la Delegación de Estadística del IRS de Zaragoza. Durante la Dictadura de Primo de Rivera, se suprimió el IRS y sus empleados se integraron en las distintas secciones del Ministerio. Algunos asumieron las mayores responsabilidades por sus capacidades técnicas. Palacios Morini, González Rothvoss, Bernaldo de Quirós, Sangro y Ros de Olano, Zancada Ruata, Elorrieta Artaza, etc. Comparten varios su origen liberal krausista y su adscripción a la generación del 14. Muchos de ellos comenzaron su carrera en la Restauración y la continuaron hasta la Segunda República, y en algunos casos durante el franquismo. Las delegaciones estadísticas se transformaron en las delegaciones regionales del trabajo, con competencias en el desarrollo de la organización corporativa. Marco Elorriaga, en su trabajo en la delegación regional, se abocó al desarrollo de la organización corporativa en Aragón, con la creación de las nuevas instituciones paritarias, participando en el nombramiento de secretarios y presidentes de comisiones mixtas, en la organización de sus elecciones, en la resolución de los recursos de sus sanciones, y en ocasiones, mediando en los conflictos de trabajo. Compaginaba sus tareas en la delegación con la dirección del Diario de Avisos de Zaragoza y con el desarrollo de su carrera como jurista. Publicó en 1925 una monografía, “El nuevo régimen local. Antecedentes legislativos”, sobre el nuevo estatus de los municipios que la Dictadura elaboró con el objetivo de democratizar los ayuntamientos y eliminar el caciquismo. En 1926 intentó apuntalar su carrera con una plaza fija y un mejor sueldo y se presentó, aunque sin éxito, a las Cátedras de Derecho administrativo de Santiago de Compostela y de Derecho civil español, común y foral de la de Salamanca.
Aunque la carrera como jurista de Marco Elorriaga no pudo ser, el desarrollo de la organización corporativa le brindó otras posibilidades
Pero aunque la carrera como jurista de Marco Elorriaga no pudo ser, el desarrollo de la organización corporativa le brindó otras posibilidades. Era necesaria una nueva burocracia para la organización corporativa; presidentes, vicepresidentes y secretarios de los comité partarios, conocedores de sus procedimientos, de sus recursos y sanciones y capaces de entenderse con sindicatos y organizaciones patronales. Para formar a los funcionarios y a los trabajadores y patronos que deberían integrarlos, el Ministerio de Trabajo había creado en 1925 la Escuela Social de Madrid, integrada dentro de la Sección de Cultura Social. Ejercían como profesores varios altos funcionarios del ministerio. El éxito de la institución hizo que pronto se abrieran Escuelas Sociales en otras capitales, incluida Zaragoza, y en 1928 Marco Elorriaga obtuvo allí la plaza de profesor de Legislación Social. Ese mismo año, Marco Elorriaga fue nombrado secretario del Comité Paritario de Despachos y Oficinas de Zaragoza, y en 1930 presidente del de Transportes, tranvías y electricidad. En ese año ya funcionaban en España 460 comités y 250 estaban en proceso de formación, y se habían aprobado 71 bases de trabajo.
La proclamación de la Segunda República supuso el triunfo de las ideas que había empujado la generación del 14 y la posibilidad de iniciar un ambicioso programa de reformas, que, en palabras de Adolfo G. Posada, sería capaz de vencer la secular resistencia de “las inclinaciones dinásticas, del predominio del sentimiento y del interés confesionales de la Iglesia y de la tara del autoritarismo militar.” Pero paradójicamente, la Europa con la que esta generación se había identificado ya no era la misma. Los gobiernos autoritarios o fascistas se establecían por todo el continente y los regímenes de la Alemania de Weimar y la Austria socialdemócrata eran derrocados.
La proclamación de la Segunda República supuso el triunfo de las ideas que había empujado la generación del 14 y la posibilidad de iniciar un ambicioso programa de reformas
La Segunda República no rompió el hilo de reformas iniciado por el IRS y continuado en la Dictadura por el Ministerio de Trabajo. El Código de Trabajo fue mejorado por la Ley de Contrato de Trabajo; los jurados mixtos se solaparon con los comités paritarios, ampliando sus competencias y extendiéndose a todos los sectores económicos, profundizando la estatalización de las relaciones laborales, la cooperación en el ámbito de la OIT se amplió, el INP prosiguió su tarea activando el seguro de maternidad aprobado en 1929. La Constitución de 1931, inspirada en la de la República de Weimar, reconoció estos derechos y los llevó al máximo nivel. La legislación aprobada continuaba la tendencia de aumentar la intervención del Estado, de “estatalizar” las relaciones laborales, y de dotarla de mayor eficacia, afianzando la jurisdicción del Ministerio de Trabajo y el Derecho Social en todo el territorio. Largo Caballero planteó una reforma del ministerio a través de la Ley de Delegaciones, para convertirlo en una organización centralizada, con fuerte implantación nacional, capaz de intervenir de manera eficaz en todo el territorio y de conseguir que las leyes se aplicaran. Los delegados concentrarían todas las competencias del ministerio en cada provincia, y deberían hacer cumplir las leyes sociales al frente de la inspección de trabajo y mediar y conciliar en el conflicto entre capital y trabajo, atajando huelgas, dinamizando la negociación entre patronos y sindicatos e imponiendo, si fuera necesario, las sanciones correspondientes. Las resistencias en las Cortes para su aprobación fueron grandes y en el trasfondo de ellas estaba el temor de que el ministro socialista organizara un nuevo poder en el Estado, controlado por la UGT e independiente de los gobernadores civiles.
En el Tribunal que juzgaría a los aspirantes a delegados estuvieron presentes dos generaciones, la del 98, representada por Adolfo G. Posada, presidente del tribunal, Julio Puyol, su compañero en el IRS, y Jesús Arias de Velasco, magistrado y catedrático de derecho político. A la del 14 pertenecían Práxedes Zancada y José Gascón y Marín, que contaban a esas alturas con una dilatada experiencia desempeñando tareas de dirección en el ministerio o en otros organismos reformistas. Más de mil personas optaron a obtener una de las 51 plazas de delegado provincial, para lo que se enfrentaron a tres exámenes sobre un temario de Política Social y Derecho Obrero, y una prueba práctica sobre un supuesto de derecho corporativo. Solo 16 aspirantes consiguieron aprobar, y de ellos fue Marco Elorriaga quien obtuvo la mejor puntuación. Marco Elorriaga fue destinado a la Delegación Provincial de Madrid, como Jefe de la Delegación, con una plantilla compuesta por cuatro delegados provinciales, dos de ellos interinos, cinco auxiliares de delegación, seis inspectores provinciales (entre ellos Isabel Oyarzábal, la única mujer que aprobó la oposición de inspectora provincial), dos de ellos interinos, y nueve inspectores auxiliares.
El primero de abril de 1933 comenzó la actuación de las nuevas delegaciones provinciales de trabajo, un momento en el que la conflictividad laboral había alcanzado su punto más alto
El primero de abril de 1933 comenzó la actuación de las nuevas delegaciones provinciales de trabajo, un momento en el que la conflictividad laboral había alcanzado su punto más alto. Los delegados fueron sometidos a una fuerte presión por las expectativas sobre su actuación. La UGT por hacer que se cumplieran las leyes, y la de los patronos, que se habían reorganizado y protestaban por los supuestos atropellos que sufrían de parte de los delegados. Durante el verano de 1933, las organizaciones patronales se presentaron ante la opinión pública como víctimas de una persecución injusta y de unas disposiciones que atentaban contra ellos, acusando al personal de las delegaciones de ser una correa de transmisión del socialismo y del ministro Largo Caballero. La ofensiva de los patronos, apoyada por las derechas y la mayoría de la prensa, causó el descrédito del Ministerio de Trabajo y del Gobierno. Forzado a abandonar el gobierno junto con los otros ministros socialistas, Largo Caballero manifestaba, poco después su frustración en un mitin en Madrid: “aun queriendo aplicar la legislación social, como no tenía en sus manos a la guardia civil, a los jueces, a los alcaldes, no podía; porque estos elementos hacían lo que querían los patronos y los caciques, y no lo que pedía el ministro”.
A lo largo de 1934, los conflictos laborales se complicaron. Las descalificaciones entre patronal y sindicatos subieron de tono, las organizaciones patronales arreciaron su campaña en contra de la legislación social y generalizaron su incumplimiento. En el campo, la patronal bajaba los salarios y los trabajadores se resistían con huelgas a menudo acompañadas de disturbios y sabotajes. Los incumplimientos eran tan habituales que el ministro Estadella tuvo que ordenar a los delegados que sancionaran los comportamientos ilegales de los patronos, amenazandolos con medidas disciplinarias si no actuaban con diligencia.
A lo largo de 1934, los conflictos laborales se complicaron. Fue el comienzo de una campaña contra el ministro Estadella y contra los funcionarios del ministerio, que fue calificado como “nido de marxistas” en la prensa de la patronal
Las reformas de los radicales Samper y Estadella, derogando la Ley de Términos Municipales y modificando algunos aspectos de los jurados mixtos no contentaron a las organizaciones patronales, que pretendían un recorte drástico de las competencias de los jurados. Estadella designó una comisión para estudiar su reforma y proponer los cambios necesarios, integrada por varios magistrados y altos cargos del ministerio, entre ellos el delegado de Madrid, Marco Elorriaga. Pero los trabajos no llegaron a buen fin. Para algunos de sus miembros faltaba la voluntad política para hacer la reforma. Fue el comienzo de una campaña contra el ministro Estadella y contra los funcionarios del ministerio, que fue calificado como “nido de marxistas” en la prensa de la patronal.
A principios de 1934 Madrid se convirtió en el centro de la conflictividad social por las huelgas de la construcción y del metal, que se prologaron durante semanas sin que cediera ninguna de las partes. La inestabilidad ponía en riesgo al Gobierno radical, que dependía de la CEDA para mantenerse. La percepción de que por debajo de la huelga había motivaciones políticas hizo que Estadella presentara una propuesta de reforma que endurecía los requisitos para la convocatoria de huelgas y de lock outs.
En el caso de la construcción, el conflicto se arrastraba desde finales del año anterior. La recesión económica había hundido el sector, que dependía en gran medida de la obra pública y el desempleo había crecido de manera alarmante. En el sector de la construcción de Madrid era tradicionalmente mayoritaria la UGT, pero muchos de los jóvenes que emigraron del campo a la capital se habían integrado en el Sindicato Único de la Construcción de la CNT, dirigido por Cipriano Mera, que llevó la iniciativa de esta huelga, imponiendo su modo de acción y su lenguaje, más agresivo que el de la UGT. Los huelguistas exigían la readmisión de los despedidos en una de las principales empresas de construcción y el establecimiento de turnos de jornada reducida para repartir el trabajo. Estadella era favorable a esta medida, que ya había sido avalada por la OIT, y es que el desempleo era el factor que más peligrosamente amenazaba la estabilidad. El trasfondo del conflicto estaba teñido de las tensiones y temores del momento, patronal y sindicatos se acusaban respectivamente de fascistas o de pretender una revolución de tipo soviético, generando un ambiente que hacía casi imposible la mediación para los delegados.
Patronal y sindicatos se acusaban respectivamente de fascistas o de pretender una revolución de tipo soviético, generando un ambiente que hacía casi imposible la mediación para los delegados
La huelga amenazaba con extenderse, y para el Gobierno era urgente la necesidad de de atajar los desórdenes. Marco Elorriaga propuso al jurado la reducción de la jornada de 48 a 44 horas, que fue aprobado con el rechazo total de los patronos y ratificado pocos días después por Estadella. La reacción de las organizaciones patronales fue muy dura. La Federación Patronal, recién constituida convocó un lock-out, pero el delegado de madrid reaccionó prohibiéndolo alegando su falta de capacidad jurídica para convocarlo.
La Confederación Patronal Española publicó un comunicado en el que afirmaba haber perdido “las últimas esperanzas de que en la legislación social se imponga un criterio de justicia y ecuanimidad”, y anunció su desobediencia: “No es posible aceptar ni acatar las imposiciones últimamente dictadas por el ministerio de Trabajo”. Otras patronales se solidarizaron, temiendo que la jornada de 44 horas se extendiera. La tensión entre el Ministerio y los patronos llegó a su máximo cuando la Federación Patronal presentó el oficio de lock out. Marco Elorriaga la rechazó por carecer esta organización de la “personalidad jurídica necesaria”. La patronal acusó al ministro y al delegado de hacerles víctimas de una persecución y de instrumentalizar a los inspectores asediando a los empresarios con sanciones. El órgano de la Patronal, Labor, en tono resentido, afirmó que “ni aun en los años en que el Ministerio del Trabajo estuvo regentado por el líder más destacado del socialismo, fueron las clases patronales tratadas con tanta desconsideración y tanto desprecio”, y advirtió de que tomarían “determinaciones que eviten precipitarlos en la ruina y desesperación”.
Marco Elorriaga respondió en la prensa a las acusaciones de la patronal. En El Heraldo de Madrid denunció la continua vulneración de las leyes sociales
Marco Elorriaga respondió en la prensa a las acusaciones de la patronal. En El Heraldo de Madrid denunció la continua vulneración de las leyes sociales por parte de los patronos y el escaso número de sanciones que la Delegación provincial de Madrid había impuesto desde su nombramiento como Jefe de la Delegación, pesar del importante volumen de infracciones que la inspección detectaba: “... después de treinta años de legislación social, las gentes no se han enterado todavía de que ésta existe.Todo son transgresiones y olvidos. Nadie siente la necesidad de acatar las leyes... Más de mil visitas de inspección se habrán realizado en ese período y no pasan de veinte las sanciones que se han impuesto. ¿Por qué no se han advertido infracciones ? No”. En la misma entrevista, el delegado asumió toda la responsabilidad de sus actuaciones, intentando proteger de la presión al ministro.
Al conflicto de la construcción se sumó el del metal. Movilizados por el sindicato “El Baluarte” y el Minero Metalúrgico (UGT y CNT), se pusieron en huelga 18.000 trabajadores para pedir la reducción de jornada a 44 horas. Las negociaciones entre sindicatos y Federación Patronal se prolongaron durante varias semanas. Marco Elorriaga intentó mediar sin éxito. El Director general de Trabajo, Riu responsabilizó a la patronal de tensar la situación y prolongar la huelga para ahorrar jornales y de nuevo el jurado mixto resolvió a favor de la petición de los trabajadores, y el ministro impuso el laudo y la jornada de 44 horas. Labor afirmó que Lerroux “no ha podido rescatar el Ministerio de Trabajo de la férula socialera; sigue siendo una prolongación de la Casa del Pueblo”. El diario “La Libertad”, en aquel momento propiedad del financiero March, en un editorial titulada “Semillero de conflictos” atacó el papel de los delegados de trabajo, dotados de una “autoridad omnímoda” establecida en una Ley “tan a la ligera votada”, y que tan inútiles eran para prevenir y solucionar conflictos. Marco Elorriaga se convirtió en el gran defensor de las leyes sociales en Madrid y en los meses siguientes todas sus actuaciones fueron duramente criticadas por la patronal. La Federación Patronal Madrileña impulsó la creación del Bloque Patronal, un frente único de comerciantes e industriales de Madrid para defender con mayor eficacia sus intereses. En su primera asamblea, el Bloque Patronal pidió la derogación de las leyes de jurados mixtos y de contrato de trabajo y la reforma del ministerio de Trabajo, “donde anida el virus socialista".
La entrada en el Gobierno de la CEDA en octubre de 1934 y la consiguiente insurrección de los socialistas, supuso, después de ser sofocada, la suspensión del marco de relaciones laborales
La entrada en el Gobierno de la CEDA en octubre de 1934 y la consiguiente insurrección de los socialistas, supuso, después de ser sofocada, la suspensión del marco de relaciones laborales. El ministro de la CEDA, Anguera de Sojo, suspendió la actividad de los plenos de los jurados mixtos y autorizó el despido de los trabajadores que habían apoyado la huelga de manera discrecional, sin plazos ni indemnizaciones y sin posibilidad de recurso ante los jurados. Los trabajadores quedaron sin capacidad de defenderse frente a la ofensiva patronal. Algunas organizaciones patronales llamaron a despedir a todos los trabajadores “marxistas” o afiliados a organizaciones sindicales, hubieran participado o no en la huelga. Marco Elorriaga volvió a significarse intentando suavizar las medidas punitivas de los patronos y de nuevo fue señalado por la prensa derechista. En La Nación se le acusó de que su actuación “detiene y embaraza el afán depurador y justiciero del Gobierno y del pueblo,” y pidió la supresión de la delegación de trabajo de Madrid por ser “un centro perturbador y dañoso”.
A lo largo de 1935 las referencias en la prensa sobre la actuación de los delegados en general se refieren a la escasa aplicación de la legislación social. Una consulta de varios delegados al ministro sobre si seguían vigentes las disposiciones que Estadella estableció para la cosecha de 1934 motivó una orden del ministro para prohibir a los patronos la discriminación de trabajadores por “razones de orden político y sindical” y facultaba a los delegados para obligarles a contratarlos. El Sol, que había censurado en 1933 la actuación de la “organización socialista” del ministerio de Trabajo, puso de manifiesto que la orden suponía el reconocimiento de la discriminación de los trabajadores por motivo de su afiliación sindical, a la que no se hacía frente con la rotunidad y los medios que se merecía. El editorial describía una situación dramática para la cosecha de 1935, caracterizada por el “penoso envilecimiento de los salarios en los últimos tiempos,salarios de hambre y jornadas ilegales”. La nota concluía con una sentencia lapìdaria: “La legislación social es letra muerta en el campo, se trabaja a destajo, las sanciones se quedan en el papel”.
Elorriaga mantuvo su línea de firmeza en la aplicación de las leyes sociales y volvió a convertirse en el centro de la atención pública al ordenar la detención del empresario Carballeda
En este ambiente tan poco favorable, Marco Elorriaga mantuvo su línea de firmeza en la aplicación de las leyes sociales y volvió a convertirse en el centro de la atención pública al ordenar la detención del empresario Carballeda, propietario del Teatro Maravillas, por desacato a dos inspectores. Éstos le habían denunciado por las prolongadas jornadas de trabajo que habían llevado al desmayo por agotamiento de una de las actrices. El empresario recurrió al consabido tono victimista y le acusó públicamente de perseguir injustamente al sector del espectáculo.
De nuevo Marco Elorriaga volvió a salir en la prensa a defender su actuación con datos concretos que refutaron las quejas: “durante toda la temporada actual no se habla girado ni una sola visita al teatro de Maravillas, a pesar de que ni tiene horario de trabajo la mayor parte de sus trabajadores ni ha cumplido otros muchas de los requisitos que impone la legislación social, y por lo que respecta a actuaciones anteriores, solamente ha sido impuesta por la Delegación provincial de Trabajo, en el plazo de dos años, una multa de cincuenta pesetas a propuesta de la Inspección, y otra de ciento cincuenta, a propuesta del Jurado mixto, que por cierto no han sido hechas efectivas, como tampoco ha hecho efectivas tres sentencias dictadas por el Jurado mixto a consecuencia de reclamación de diversos trabajadores, los cuales no han percibido las cantidades a que tenían derecho”.
Carballeda presentó una protesta ante el Director General de Trabajo, e intentó desacreditar al delegado acusándolo de defender sus intereses personales con una actriz
Carballeda presentó una protesta ante el Director General de Trabajo, e intentó desacreditar al delegado acusándolo de defender sus intereses personales con una actriz. El tratamiento frívolo de la abusiva jornada de trabajo de las actrices revela hasta qué punto las mujeres eran desconsideradas como trabajadoras. El juicio al empresario fue seguido por la prensa como un sainete. La Voz tituló uno de sus artículos bajo el título de El estreno en el Palacio de Justicia de "Un empresario en el banquillo”. El juicio se resolvió con una sanción al empresario de 100 pesetas.
La última actuación de Marco Elorriaga en Madrid fue el cierre del local del Bloque Patronal por incumplir la Ley de Asociaciones. Esta organización habrá nacido precisamente para ejercer una oposición más agresiva contra las leyes sociales después de los laudos del metal y la construcción de Madrid. El cierre fue revocado de inmediato por la superioridad del ministerio, que inició los trámites para removerle del cargo. Poco después Marco Elorriaga fue sancionado y trasladado a Segovia, no sin presentar el delegado un recurso contra la sanción al Tribunal Supremo.
La sublevación del 18 de julio de 1936 encontró a Marco en Segovia. Detenido junto con las autoridades de Segovia que no se unieron a la sublevación, fue fusilado por el Ejército franquista en los primeros días de la guerra. Santiago Vega Sombría en su monografía sobre la represión franquista en Segovia publicó la nota de servicio que relata el final del delegado: “27 de agosto. En esta madrugada fueron sacados tres condenados por la justicia militar y un destacado detenido gubernativo: el delegado provincial de Trabajo Juan Marco Elorriaga. La “superior autoridad militar de la plaza” (así escribía el comandante España) ordenó el traslado a Salamanca, a donde, evidentemente, no llegaron. Se hizo cargo de los presos José Hernández Contreras. Es probable que fueran ejecutados en el Puente Oñez, lugar elegido también por el encargado de la conducción para el fusilamiento de la saca del 31 de agosto.” Casi un año después, la maquinaria puesta en marcha para ordenar el proceso de depuración de funcionarios separó definitivamente del servicio a Marco Elorriaga por orden del 2 de agosto de 1937, en virtud de la Ley y Reglamento de Funcionarios y del Decreto Ley de 5 de diciembre 1936. Marco Elorriaga tenía 49 años.
Elorriaga fue un funcionario empeñado en hacer cumplir las leyes sociales que, como un Quijote, se atrevió a enfrentar las iras de la poderosa patronal madrileña
No fue el único delegado de trabajo ejecutado durante la guerra. La misma suerte corrió Fernando Mijares Buitrago, compañero en la delegación provincial de Madrid de Marco Elorriaga, ejecutado en Madrid por una pelotón de milicianos según relata Jordana de Pozas, junto con otros cinco vocales de la Academia Nacional de Jurisprudencia. Declarado “muerto en campaña” en 1942, su viuda obtuvo la pensión que se estableció para los fallecidos en acto de guerra o en apoyo del Movimiento Nacional. Para Marco Elorriaga sólo quedó el olvido y el silencio.
Me ha parecido oportuno recordar y brindar un homenaje a este funcionario, empeñado en hacer cumplir las leyes sociales, que como un Quijote se atrevió a enfrentar las iras de la poderosa patronal madrileña y actuó en defensa de los derechos de las trabajadoras de los teatros de Madrid frente a los abusos de empresarios sin escrúpulos, todo ello en el momento en que los vientos no iban a su favor. Como un héroe, en el sentido orteguiano, alguien que aunque vive en este mundo, en su interior lucha por un ideal más allá de la realidad que reina a su alrededor y que le disgusta, a pesar de que mantenerse fiel a ese ideal le causará no pocos problemas.