lunes. 22.04.2024

Fue un movimiento surgido durante la I República española, que aspiraba a dividir el Estado en cantones casi independientes.

El cantonalismo fue un fenómeno de la pequeña burguesía, que además tuvo una gran influencia sobre el naciente movimiento obrero y constituyó un precedente para el anarquismo en España. 

  1. El republicanismo federal
  2. La proclamación de la República
  3. La proclamación de la República Federal
  4. La rebelión de Cartagena y la dimisión de Pi y Margall
  5. El Gobierno de Salmerón
  6. Las expediciones marítimas y terrestres del Cantón de Cartagena
  7. El final del cantonalismo
  8. El final de Salmerón
  9. El final del Cantón de Cartagena
  10. La represión​

La insurrección tuvo lugar durante la Iª República entre julio del año 1873 y enero del año 1874. Fue protagonizada por los republicanos federales intransigentes, que querían instaurar inmediatamente la república federal de abajo arriba, sin esperar a que las Cortes Constituyentes elaboraran y aprobaran la nueva Constitución federal.

El uno de julio del año 1873, los diputados federales intransigentes se retiraron de las Cortes y constituyeron en Madrid un Comité de Salud Pública, que llamó a la insurrección. Ésta se inició, el doce de julio del año 1873, en Cartagena, extendiéndose en los días siguientes por las regiones de Valencia, Murcia y Andalucía. 

En estas zonas se formaron cantones, lo que da el nombre a la rebelión, cuya federación de abajo arriba constituiría la Federación Española. La teoría política en que se basó el movimiento cantonal fue el federalismo pactista de Francisco Pi y Margall, contra cuyo Gobierno se alzaron, paradójicamente, los republicanos federales intransigentes. 

Al fracasar la política de Pi y Margall de combinar la persuasión con la represión para poner fin a la insurrección, el Gobierno que le sustituyó, presidido por el moderado, Nicolás Salmerón no dudó en emplear al Ejército, dirigido por los generales, Martínez Campos y Pavía, para aplastar la rebelión. 

Esta política la acentuaría el siguiente Gobierno del también moderado, Emilio Castelar, que, tras suspender las sesiones de las Cortes, prosiguió el asedio del Cantón de Cartagena, que fue el último reducto de la rebelión. Finalmente, cayó el doce de enero del año 1874, tras el triunfo el tres de enero del golpe militar del general Pavía que puso fin a la República Federal Española.

La rebelión cantonal fue considerada como un movimiento separatista por el Gobierno de Emilio Castelar, que era una percepción compartida por las clases medias y altas. Gran parte de los historiadores actuales destacan que la rebelión únicamente buscaba reformar la estructura del Estado, sin querer en ningún momento romper la unidad de España. 

La historiadora Gloria Espigado Tocino dice que “el cantonalismo no ha gozado de muchas simpatías entre los historiadores ya que la Primera República como la encarnación viva del desorden y el desgobierno y cuya fase más extremista, o cantonal, era asimilada al terror comunalista”. 

La historiadora Ester García Moscardó plantea entender “la propuesta cantonal como una de las posibles soluciones al problema de la construcción efectiva de la democracia que se planteó tras el triunfo de la Revolución Gloriosa en 1868”.

La también historiadora Florencia Peyrou considera que “el cantonalismo constituyó por encima de todo un intento de llevar a cabo la federación, para conjurar el riesgo de involución del proceso revolucionario y para implementar toda una serie de reformas que se vinculaban con el republicanismo más avanzado desde hacía tiempo. Los dirigentes intransigentes... querían implementar un comunalismo municipalista con un modelo de democracia directa”.

Sin embargo, el enfrentamiento entre amigos y correligionarios fue devastadorLa profunda decepción con los ideales y con los hombres se apoderó de muchos republicanos y, después de aquello, fue imposible recomponer el partido republicano, de forma que algunos sectores republicanos, como los encabezados por Emilio Castelar y Nicolás Salmerón abandonaron el federalismo.

El republicanismo federal

El estado moderno español se basaba en tres pilares que a lo largo de la historia hasta nuestros días siguen siendo inamovibles siguen siendo inamovibles como son: la monarquía, la Iglesia y el ejército. Sin tener esto presente es muy difícil entender la historia de España.

Se confrontaron en España tres proyectos de construcción del Estado a lo largo del siglo XIX: el liberal, el tradicionalista o carlista y el republicano federal. El que se impuso en el reinado de Isabel II fue el liberal basado en la monarquía constitucional censitaria, la iglesia y un modelo centralizado de organización territorial. 

Hacia mediados de siglo surgió el republicanismo federal que proponía un modelo radicalmente diferente del liberal. Frente a la monarquía constitucional censitaria, la República democrática con el sufragio universal masculino como principio fundamental.

El republicanismo federal respondía a las aspiraciones de las clases populares y de una parte de las clases medias, por lo que no sólo era un proyecto político, sino también social en cuanto se proponía aplicar una serie de reformas que las satisficieran.

Se trataba de dar voz a aquellos sectores de la sociedad española que habían quedado al margen de los procesos de construcción nacional y de articulación del Estado, desarrollado bajo la hegemonía del moderantismo liberal.

El federalismo republicano tuvo más que ver con todo el espectro de cuestiones relacionadas con la democracia y la democratización, que con asuntos técnicos de organización territorial. Si la democracia consistía en extender a todos los varones mayores de edad la capacidad de decidir sobre su destino, la federación constituía un paso más en este sentido porque implicaba ampliar a todas las esferas sociales esta capacidad de decisión. 

La propuesta federal significaba la recuperación del poder para llevar a cabo con celeridad las reformas que se consideraban imprescindibles, la mayoría de las cuales tenía que ver con relaciones laborales, precios de productos de primera necesidad y la distribución de la tierra y de recursos imprescindibles como abono, leña o agua. 

La ruptura interna del partido republicano entre benevolentes e intransigentes se produjo en el marco de la III Asamblea federal celebrada en el año 1872. Mientras que los primeros seguían apostando por la vía legalista, los segundos defendían la vía insurreccional, aplicando la tradición del republicanismo, que la consideraba legítima en cuanto estuvieran en peligro las libertades individuales que eran inherentes a la dignidad humana.

La proclamación de la República

El once de febrero del año 1873, al día siguiente de la abdicación del rey Amadeo de Saboya, el Congreso y el Senado, constituidos en Asamblea Nacional, proclamaron la República por 258 votos a favor contra 32, pero sin definirla como unitaria o como federal. El historiador, Manuel Suárez Cortina dice ​ que “la república llegó más por el agotamiento de la monarquía que por la propia fuerza política de los republicanos”. 

El mismo día once de febrero, la autoproclamada Asamblea Nacional nombró como presidente al republicano federal Estanislao Figueras, cuyo gobierno tuvo que restablecer el orden que estaba siendo alterado por los propios republicanos federales, que habían entendido la proclamación de la República como una nueva revolución.

La Iª República se identificó con la abolición de las odiadas quintas militares, promesa que la revolución del año 1868 no había cumplido, como recordaba una copla que se cantaba en Cartagena:

Si la República viene,
No habrá quintas en España,
Por eso aquí hasta la Virgen,
Se vuelve republicana

El encargado de la tarea de restablecer el orden fue el ministro de la Gobernación, Francisco Pi y Margall, el principal defensor del federalismo pactista de abajo arriba pero contrario a la vía insurreccional. 

Pi consiguió la disolución de las juntas y la reposición de los ayuntamientos que habían sido suspendidos a la fuerza, en una clara prueba de su empeño en respetar la legalidad incluso contra los deseos de sus propios partidarios.

Se creó el cuerpo armado de los Voluntarios de la República que sustituyó a los Voluntarios de la Libertad, la milicia monárquica fundada en el reinado de Amadeo I. El presidente Figueras, tras la proclamación de la República dijo que se había puesto fin a la oposición entre el poder y el pueblo.

El nueve de marzo tenía lugar en Madrid un intento de golpe de Estado por parte de los radicales que se proponían impedir la convocatoria de Cortes Constituyentes para evitar que la República se proclamara federal. 

La Diputación de Barcelona en esta ocasión no sólo llegó a debatir la proclamación del “Estado catalán” sino que pidió la disolución inmediata de la Asamblea Nacional de Madrid y la convocatoria de elecciones constituyentes. ​ La fallida proclamación del “Estado catalán” del mes de marzo estuvo el temor a un golpe alfonsino que acabara con la República antes de que siquiera se constituyese. 

A la doble guerra colonial y carlista que provenía de la época anterior se sumó el aislamiento internacional, ya que solo Estados Unidos y Suiza que eran repúblicas federales reconocieron la Primera República española. 

No fue ajeno esto a la vinculación simbólica del federalismo con la Comuna de París del año 1871. La manifiesta deslealtad de los socios de gobierno radicales, quienes no dejaron de conspirar desde el mismo mes de febrero, agravó aún más el panorama.

Especialmente después del tercer intento de golpe de Estado del Partido Radical para paralizar la convocatoria de las Cortes Constituyentes que tuvo lugar el veintitrés de abril, desbaratado como en las dos ocasiones anteriores por la rápida actuación del ministro de la Gobernación Pi y Margall​, arreció la presión de los republicanos intransigentes y de la prensa afín sobre el gobierno para que proclamara la República Federal sin esperar a la reunión de las Cortes Constituyentes pero el gobierno se atuvo a la legalidad. 

El intransigente Francisco Rispa dirá más adelante que en aquel momento el gobierno estaba en manos de “hombres insignes, de gran honradez y miras elevadas; pero de acción floja y desmayada, de contemplaciones excesivas y nada a propósito para consolidarla”.

La proclamación de la República Federal

En mayo se celebraron las elecciones a Cortes Constituyentes, que a causa del boicot del resto de los partidos supusieron una aplastante victoria para el Partido Republicano Federal. Sin embargo, esta situación era engañosa porque en realidad los diputados republicanos federales de las Constituyentes estaban divididos en tres o cuatro grupos.

A pesar de esta división no tuvieron problemas en proclamar la República democrática federal el día ocho de junio, una semana después de que se abrieron las Cortes Constituyentes bajo la presidencia José María Orense por 218 votos contra dos:

Artículo único. “La forma de gobierno de la Nación española es la República democrática federal”.

Una vez reunidas las Cortes Constituyentes, el primer presidente del Poder Ejecutivo de la República, Estanislao Figueras devolvió sus poderes a la Cámara y propuso que se nombrara para sustituirlo a su ministro de la Gobernación, Francisco Pi y Margall, pero los intransigentes se opusieron y lograron que Pi desistiera de su intento. 

Estanislao Figueras tuvo conocimiento de que el general intransigente, Juan Contreras preparaba un golpe de Estado para iniciar la República federal desde abajo, al margen del Gobierno y de las Cortes, lo que le hizo temer por su vida, sobre todo después de que Pi y Margall no se mostrara muy dispuesto a entrar en su gobierno. 

El intento de golpe de Estado se produjo el día once, cuando una masa de republicanos federales instigados por los intransigentes rodeó el edificio del Congreso de los Diputados en Madrid mientras el general Contreras al mando de la milicia de los Voluntarios de la República tomaba el ministerio de la Guerra. 

Los moderados Emilio Castelar y Nicolás Salmerón propusieron que Pi y Margall ocupara la presidencia vacante del Poder Ejecutivo, tras la huida de Estanislao Figueras, pues era el dirigente con más prestigio dentro del partido republicano. 

El once de junio Pi y Margall fue elegido por las Cortes presidente del Poder Ejecutivo de la República, asumiendo al mismo tiempo el ministerio de la Gobernación.

El programa de gobierno tenía el lema “Orden y Reformas” que intentaba conciliar a todas las fracciones republicanas federales de las Cortes. Se basaba en la necesidad de acabar con la guerra carlista, la separación Iglesia y el Estado, la abolición de la esclavitud y las reformas en favor de las mujeres y los niños trabajadores. 

También incluía la devolución a los pueblos de los bienes comunales mediante una ley que modificara la desamortización de Pascual Madoz del año 1855, pero la norma no llegó a ser aprobada. Tampoco llegó a aprobarse otra ley que tenía como objeto la cesión vitalicia de tierras a los arrendatarios a cambio del pago de un censo.  

La que sí fue aprobada fue una ley del veinte de agosto que dictaba reglas “para redimir rentas y pensiones conocidas con los nombres de foros y subforos y otros de igual naturaleza”. ​ Por último el programa incluía como prioridad la elaboración y aprobación de la nueva Constitución de la República federal.

Los intransigentes se quejaban no se habían incluido algunas de las reivindicaciones históricas de los federales como “la abolición del estanco del tabaco, de la lotería, de los aranceles judiciales y de los consumos repuestos en 1870 por ausencia de recursos”.

La prensa conservadora difundía una imagen catastrófica. La Gaceta Popular publicó lo siguiente:

“Las casas arden; las máquinas, esa última palabra de los adelantos materiales, caen rotas en pedazos; la piqueta internacional mina ya los cimientos de la civilización; del seno de la sociedad surgen sus más encarnizados enemigos; si son vencidos, nuevos arroyos de sangre correrán por el país; si vencen, la barbarie y la estupidez borrarán en su triunfo toda huella de saber, todo el producto del trabajo, todo germen de progreso”.

La inoperancia práctica del gobierno​ a causa de la heterogeneidad de su composición y su dependencia de la derecha, o a la labor de bloqueo que realizaban los ministros intransigentes, hizo que se presentara en las Cortes una proposición encabezada por Castelar​ para que se concediera al presidente del Poder Ejecutivo la facultad de nombrar y destituir libremente a sus ministros. 

La aprobación de la misma le permitiría a Pi sustituir a los miembros intransigentes del gabinete por otros del sector moderado, naciendo así un gobierno de coalición entre los «centristas y los moderados de Castelar y de Salmerón. 

La crisis se resolvió al día siguiente, como temían los intransigentes, con un giro a la derecha. 

La rebelión de Cartagena y la dimisión de Pi y Margall

Tras el abandono de las Cortes el uno de julio del año 1873 de los diputados republicanos federales intransigentes, el Comité de Salud Pública bajo la presidencia de Roque Barcia, pensó en trasladarse a Cartagena.

El Comité de Salud Pública constituyó la Comisión de Guerra, presidida por el general, Juan Contreras, que se comprometió a sublevar Cartagena, Valencia, Barcelona, Sevilla y Murcia.

Comenzó la sublevación a las cinco de la madrugada del doce de julio, siguiendo las instrucciones de una Junta Revolucionaria de Salvación Pública, que se había constituido una hora antes por iniciativa del enlace con el Comité de Madrid, y bajo la presidencia de Pedro Gutiérrez. 

La señal para la sublevación la dio el castillo de Galeras que lanzó un cañonazo avisando que el regimiento de África, que iba a relevar a la guarnición de voluntarios, se había retirado. Según otras versiones, el cañonazo era la señal previamente acordada, para indicar a la fragata Almansa que se habían tomado las defensas y podía sublevarse junto al resto de la escuadra.

Monedas del cantón de Cartagena
Monedas del cantón de Cartagena

Cuando los insurrectos controlaban la ciudad, el gobernador aconsejó al Ayuntamiento que dimitiera, cosa que hizo en presencia del gobernador de la provincia, por su consejo y bajo su presidencia. Poco después, la Junta izó la bandera roja en el Ayuntamiento y proclamó el Cantón murciano, nombrando a continuación a Antoñete Gálvez comandante general de las fuerzas del Ejército, Milicia y Armada. 

Dirigidos por Antoñete Gálvez y por el general Juan Contreras, presidente del Comité de Guerra que se había desplazado desde Madrid, se apoderaron de los barcos de guerra de la base naval sin causar víctimas.

El gobernador militar de Cartagena envió un telegrama al ministro de la Guerra en el que le comunicaba que el regimiento Iberia, estacionado a ocho kilómetros, estaba preparado para intervenir, pero el gobernador civil me ruega que suspenda su entrada por temor a un conflicto. Pi y Margall respaldó al gobernador y después se supo que dos compañías se habían indisciplinado y se habían negado a marchar contra los cantonales. 

El regimiento Iberia entró en Cartagena el día quince al mando del coronel Pernas. Lo mismo haría el batallón de cazadores de Mendigorría, compuesto por más de 500 soldados bajo el mando del general, Félix Ferrer.

Se constituyó la Junta revolucionaria de Murcia el quince de julio, presidida por el diputado, Jerónimo Poveda, quien izó la bandera roja en el Ayuntamiento y luego en el palacio arzobispal que quedó convertido en sede de la Junta. 

En el Manifiesto que hizo público, la «Junta revolucionaria» decía

“Murcianos: la demora del Gobierno en constituir a esta región definitivamente en federación, y el nombramiento de cargos militares a jefes desafectos a dicha región, han obligado a los republicanos a proclamar el Cantón Murciano. [...]  Deseando devolver a las familias la paz tanto ttiempo perturbado hacemos las siguientes manifestaciones: reconocemos y acatamos la soberanía de las Cortes Constituyentes y declaramos que nuestra actitud es sólo la ejecución de uno de sus acuerdos. Aceptamos la lucha a la que la patria nos llama y nos oponemos a todo movimiento de motín o desorden, contrarios y siempre nocivos a la libertad y al país”.

Pi y Margall condenó la vía que estaban siguiendo los intransigentes de poner en práctica el federalismo de abajo arriba, que él mismo había defendido, porque estaba pensada para una ocupación del poder por medio de una revolución a mano armada, no para una República ha venido por el acuerdo de una Asamblea, de una manera legal y pacífica. 

A raíz de los acontecimientos de Alcoy y, sobre todo, de Cartagena, el núcleo duro de la derecha arreció su campaña de acoso y derribo de Francisco Pi y Margall, atemorizada por el fantasma de la Comuna de París, y aprovechando las crecientes manifestaciones a favor de un gobierno fuerte y enérgico que tuviese como prioridad el orden público. 

No obstante, Pi y Margall no dudó en reprimir a los sublevados como lo prueba el telegrama que envió como Ministro de la Gobernación a todos los gobernadores civiles el trece de julio, nada más tener conocimiento de la proclamación en Cartagena del Cantón murciano.

La política de Pi y Margall de combinar la persuasión y la represión para acabar con la rebelión cantonal se aprecia también en las instrucciones que dio al general republicano, Domingo Ripoll en su cometido de acabar con la rebelión cantonal en Andalucía al frente de un ejército de operaciones con base en Córdoba compuesto por 1677 infantes, 357 caballos y 16 piezas de artillería:

“Confío tanto en la prudencia de Vd. como en su temple de alma. No entre en Andalucía en son de guerra. Haga Vd. comprender a los pueblos que no se forma un ejército sino para garantizar el derecho de todos los ciudadanos y hacer respetar los acuerdos de la Asamblea. 

Tranquilice Vd. a los tímidos, modere a los impacientes; manifiésteles que con sus eternas conspiraciones y frecuentes desórdenes están matando a la República. Mantenga siempre alta su autoridad. Apele, ante todo, a la persuasión y al consejo. Cuando no basten no vacile en caer con energía sobre los rebeldes. La Asamblea es hoy el poder soberano”.

Pi y Margall intentó formar uno nuevo que agrupara a todos los sectores de la Cámara, incluido el formado por diputados intransigentes no implicados en la insurrección de Cartagena y que habían vuelto a la Cámara, para lo que pidió el voto de confianza, pero el resultado le fue adverso al obtener el apoyo de solo 93 diputados, frente a los 119 que obtuvo Nicolás Salmerón. 

Al día siguiente Pi y Margall dimitió, tras 37 días de mandato. En su despedida Pi Margall afirmó que su política había sido objeto no ya de censuras, sino de ultrajes y calumnias.

Mes y medio después de haber dimitido, y cuando las Cortes estaban a punto de suspenderse a propuesta del nuevo presidente Emilio Castelar. Pi y Margall explicó el seis de septiembre a la Cámara por qué en aquellos momentos había defendido la construcción federal de arriba abajo, y no de abajo arriba como siempre lo había hecho, y por lo que algunos le habían acusado de haber sido el promotor ideológico de la rebelión cantonal.

Con la salida del gobierno de Pi y Margall se rompió el equilibrio entre instituciones republicanas y movimientos republicanos y como respuesta, los cantones se multiplicaron y radicalizaron.

En efecto, a partir del diecinueve de julio, la rebelión cantonal se extendió fuera de Cartagena porque muchos republicanos federales, no sólo los intransigentes, pensaron que con Nicolás Salmerón al frente del gobierno sería imposible ni siquiera alcanzar la República Federal.

En el cantón de Málaga las autoridades locales fueron las que encabezaron la sublevación, en la mayoría se formaron juntas revolucionarias, algunas bajo la denominación de comités de salud pública, siguiendo la arraigada tradición juntista vinculada a la cultura de la insurrección que provenía del soberanismo.

El cantón de Valencia se proclamó el día dieciocho de julio, mientras que, a lo largo del día, tras conocerse la caída de Pi y Margall, la milicia de los Voluntarios de la república había ocupado los puntos estratégicos de la ciudad. 

En su manifiesto decían que “no se trata de hacer la revolución social, ni atentar contra los intereses económicos, ni conculcar los sentimientos morales o religiosos... Tratamos de fundar el derecho y la libertad y, ante todo, afirmamos el orden y el respeto a cuanto sea legítimo”.

Los cantones andaluces buscaban, en primer lugar, el reconocimiento de una serie de derechos y la reparación de los daños ocasionados por las injusticias capitalistas. En segundo lugar, la formación de cantones andaluces estaba pensada como el modo de ejercer el poder constituyente... 

Ningún cantón andaluz era separatista ni negó la legitimidad de las Cortes Constituyentes. En tercer lugar, pese a que la división interna se tornara violenta en ocasiones, los cantones andaluces presentaron una conciencia de identidad común.

En Sevilla se puede constatar de manera clara la continuidad entre la conflictividad socio-laboral que había brotado desde comienzos de la república y la proclamación del cantón.

Cuando se supo que la fuerzas del general Pavía se dirigían hacia Sevilla, miles de familias, según el cónsul francés, abandonaron la ciudad temiendo toda clase de atrocidades.

Según Gloria Espigado “Los cantones, que estaban en su derecho, a mi juicio, al constituirse tales dentro de su soberanía, porque la tienen en sí, han podido hacerlo sin permiso del poder central, que no es el que da vida a los cantones, sino que, por el contrario, los cantones son los que dan vida al poder central; y esta es la diferencia entre lo que vosotros creéis y lo que nosotros creemos; pues si el poder central nace de la delegación de los cantones, ¿cómo queréis que el delegado sea el que dé facultades al delegante? 

Pues yo sostengo más. Ese movimiento cantonal no ha sido en modo alguno... un movimiento de ruina, de muerte y de desolación, como suponéis, sino un movimiento que es consecuencia natural de la República federal que habéis proclamado”.

El peso de la movilización en apoyo del cantón lo llevaron los Voluntarios de la República, identificados por el gorro frigio y en ocasiones por unas cintas rojas en las que figuraba el nombre de la República Federal escrito en letras azules. 

En cuanto a cómo levantar a la población destacan las banderas rojas y republicanas, con la incorporación de la banda morada en recuerdo de los comuneros, el himno, el de Riego principalmente, los mítines públicos y el pasquín anunciador. 

Estos métodos tenían un efecto positivo entre los partidarios del cantón pero también provocaron que desde los primeros momentos, riadas humanas abandonen temerosas la ciudad, hasta el extremo de que las nuevas autoridades terminan por regular la salida de la ciudadanía, impidiendo la pérdida de productos de consumo y la marcha de propietarios y comerciantes, sujetos a empréstitos forzosos dictador para la supervivencia cantonal. Por otro lado, las mujeres participaron muy activamente en el movimiento cantonal.

El Gobierno de Salmerón

El nuevo presidente del Poder Ejecutivo, Nicólas Salmerón era un moderado que defendía la transición gradual hacia la república federal. El lema de su gobierno fue imponer a todos el imperio de la ley y situó como prioridad acabar con la rebelión cantonal, para después ocuparse de los carlistas. 

Nada más tomar posesión del cargo Salmerón sustituyó al general republicano, Domingo Ripoll​ por el general, Manuel Pavía, de dudosa fidelidad a la República Federal, al frente del ejército expedicionario de Andalucía, apostado en Córdoba. 

Cuando el diecinueve de julio Salmerón se reunió con Pavía para ofrecerle el puesto le dijo, según relata el propio Pavía: “si consigue Vd. que un soldado dispare su fusil contra un cantonal, se habrá salvado el orden”. Contrastaba con las instrucciones que le dio Pi y Margall al general Ripoll, que le impedía disparar.

La prensa internacional también se ensañó con los cantonales. El diario conservador británico The Times los calificó como harapientos.

Un firme partidario de la política de Salmerón fue Emilio Castelar, quien le sucedería en el cargo. El treinta de julio, lanzó un duro ataque en las Cortes contra el movimiento cantonal, del que dijo que es una amenaza insensata a la integridad de la Patria, al porvenir de la libertad. En su discurso abjuró del federalismo, asoció el cantonalismo con el socialismo y defendió la República posible.

El gobierno de Nicolás Salmerón también intentó neutralizar el movimiento cantonal con la adopción de ciertas medidas sociales que les restaran apoyos, entre las que destacó el proyecto de ley de Jurados mixtos, para la resolución de los conflictos laborales, presentado en las Cortes el catorce de agosto, que era una medida reformista, de inspiración krausista, que buscaba armonizar los intereses de trabajadores y patronos, muy alejada de las aspiraciones revolucionarias de las masas obreras y campesinas.

Las expediciones marítimas y terrestres del Cantón de Cartagena

Las expediciones marítimas y terrestres que emprendió el Cantón de Cartagena tuvieron dos objetivos esenciales. 

  • En primer lugar, extender la rebelión con lo que se conseguiría distraer fuerzas al enemigo y alejar la línea del presunto cerco al que podría ser sometido.
  • En segundo lugar, proveer de subsistencias a las fuerzas concentradas en Cartagena que pasaban de 9.000 hombres y que el Campo de Cartagena ya no podía proporcionar más hombres. Además de conseguir el dinero necesario para hacer frente a los gastos de guerra, porque los recursos obtenidos en la propia Cartagena eran insuficientes.

La primera expedición marítima tuvo lugar el veinte de julio en una acción simultánea del vapor Fernando el Católico al mando del general Contreras hacia Mazarrón y Aguilas en la costa murciana, y la fragata Vitoria al mando de Gálvez hacia Alicante. 

En principio las dos misiones tuvieron éxito pues Mazarrón y Águilas se incorporaron al Cantón Murciano y Gálvez proclamó el cantón de Alicante constituyendo una Junta de Salud Pública. 

Tres días después de la vuelta de la Vitoria a Cartagena las autoridades centralistas recuperaron el control de Alicante y pusieron fin al cantón Al mismo tiempo se constituyeron grupos armados de autodefensa integrados por los miembros de las clases acomodadas.

El veintitrés de julio el Vigilante estaba a punto de entrar en Cartagena fue interceptado por la fragata blindada Friedrich Carl que haciendo uso del decreto recién aprobado por el gobierno de Nicolás Salmerón, que declaraba piratas a todos los barcos que enarbolaran la bandera roja cantonal por lo que podían ser apresados por los buques de cualquier país dentro incluso de las aguas jurisdiccionales españolas. 

La segunda expedición marítima tuvo como objetivo sublevar la costa andaluza de Almería a Málaga. El veintiocho de julio, al mando del general Contreras salieron de Cartagena, aclamadas por la multitud, las fragatas Almansa y la Vitoria, con dos regimientos a bordo más un batallón de infantería de Marina. 

La expedición llegó a Almería y exigió a una comisión de representantes de la Diputación y del Ayuntamiento el pago de 100. 000 duros como contribución de guerra y el abandono de la ciudad de las fuerzas militares para que el pueblo decidiera libremente proclamar el Cantón o no. 

La respuesta fue negativa y las autoridades locales prepararon la defensa de la plaza, mientras la mayoría de población civil de Almería se marchaba de la ciudad. En la mañana del día treinta comenzó el bombardeo, que fue respondido desde Almería. 

La ciudad no se rindió por lo que el general Contreras esa misma noche puso rumbo a Motril a donde llegó al amanecer del día siguiente. Contreras desembarcó a los heridos y recibió ayuda económica en forma de pagarés a cobrar en Málaga por un importe de 160 000 reales.

El uno de agosto cuando la Almansa se encontraba en aguas de Málaga fue flanqueada por las Fragatas HMS Swiftsure y Friedrich Carl. La Almansa y la Vitoria quedaron bajo la custodia británica y fueron llevadas a Gibraltar donde serían devueltas al gobierno español.

El final del cantonalismo

El lema del gobierno de Salmerón fue el imperio de la ley, lo que suponía que para salvar la República había que acabar con carlistas y cantonales. Para sofocar la rebelión cantonal tomó medidas duras como destituir a los gobernadores civiles, alcaldes y militares que habían apoyado de alguna forma a los cantonalistas.

Además, nombró a generales contrarios a la República Federal como Pavía o Martínez Campos para que mandaran las expediciones militares a Andalucía y Valencia, respectivamente. 

Movilizó a los reservistas, aumentó la guardia civil con 30. 000 hombres, nombró delegados del Gobierno en las provincias con las mismas atribuciones que el Ejecutivo. Autorizó a las Diputaciones a imponer contribuciones de guerra y a organizar cuerpos armados provinciales. 

Gracias a estas medidas fueron sometidos uno tras otro los distintos cantones, excepto el de Málaga, que no caería hasta el diecinueve de septiembre y el de Cartagena que resistiría hasta el doce de enero del año 1874.

El cantón de Valencia
El cantón de Valencia

El final de Salmerón

La mayoría que apoyaba al gobierno de Nicolás Salmerón empezó resquebrajarse cuando la derecha encabezada por Emilio Castelar, exigió que se suspendiesen temporalmente las sesiones de las Cortes y se gobernase por decreto y que se restableciesen las ordenanzas militares, incluida la pena de muerte, con el fin de asegurar que los oficiales fueran obedecidos por la tropa. 

Castelar presentó entonces una propuesta a favor de una política más enérgica para acabar con la insurrección que consiguió el apoyo de unos 130 diputados, mientras que el grupo reformista que apoyaba a Salmerón se mostró dividido. 

Lo mismo sucedió en el seno del gobierno, lo que quedó patente en la reunión que mantuvo el dos de septiembre durante la cual los ministros mantuvieron una acalorada discusión sin que se alcanzara ningún acuerdo.

El seis de septiembre Nicolás Salmerón dimitía de la presidencia del gobierno. El motivo inmediato fue no tener que firmar las sentencias de muerte de ocho soldados que en Barcelona se habían pasado al bando carlista, porque Salmerón era contrario a la pena de muerte.  

En la sesión de las Cortes del seis de septiembre, en que se discutió la dimisión de Nicolás Salmerón y el nombramiento de Emilio Castelar para sustituirle, Pi y Margall, que estaba recuperando apoyos a su programa centrista de “Orden y Reformas”, realizó una dura crítica sobre la forma como se había reprimido la rebelión cantonal y dijo:​

“El Gobierno ha vencido a los insurrectos, pero ha sucedido lo que yo temía: han sido vencidos los republicanos. ¿Lo han sido los carlistas? No. Ínterin ganabais vitalidad en el mediodía, los carlistas la ganaban en el norte.... Yo no hubiese apelado a vuestros medios, declarando piratas a los buques de que se apoderaron los federales; yo no hubiese permitido el que naciones extranjeras, que ni siquiera nos han reconocido, viniesen a intervenir en nuestras tristísimas discordias. Yo no hubiese bombardeado Valencia. Yo os digo que, por el camino que seguís es imposible salvar la República, porque vosotros desconfiáis de las masas populares y sin tener confianza en ellas, es imposible que podáis hacer frente a los carlistas”.

El siete de septiembre del año 1873 fue investido por las Cortes para ocupar la Presidencia del gobierno, Emilio Castelar. Recibió el apoyo no sólo de los diputados de la derecha sino también del centro-derecha de Salmerón consiguió 133 votos y Pi y Margall, 67 votos. 

Durante un acalorado debate que había tenido lugar en las Cortes el treinta de julio, Castelar había dicho lo siguiente:

“Yo amo con exaltación a mi patria, y antes que a la libertad, antes que a la República, antes que a la federación, antes que a la democracia, pertenezco a mi idolatrada España y me opondré siempre, con todas mis fuerzas, a las más pequeña, a la más mínima desmembración de este suelo que íntegro recibimos de las generaciones pasadas y que íntegro debemos delegar a las generaciones venideras”.

Castelar había quedado hondamente impresionado por el desorden causado por la rebelión cantonal. Mucho más tarde dio una visión muy personal de lo que había sucedido, en la que se fundamentaría el mito de que los cantonales querían romper la unidad de España.

Solo dos días después de haber sido investido presidente del Poder Ejecutivo, Castelar consiguió de las Cortes la concesión de facultades extraordinarias, iguales a las pedidas por Pi y Margall para el País Vasco y Navarra y para Cataluña para combatir a los carlistas, pero ahora extendidas a toda España para acabar tanto con la guerra carlista como con la rebelión cantonal. 

El siguiente paso fue proponer la suspensión de las sesiones de las Cortes para lo que Castelar tuvo que emplearse a fondo y poner en juego todo su prestigio personal como gran tribuno de la Democracia.

El dieciocho de septiembre la propuesta fue aprobada con los votos de los republicanos federales moderados y la oposición de los centristas de Pi y Margall y los intransigentes que habían vuelto a la Cámara siendo 124 votos a favor y 68 en contra. 

Las Cortes quedaron suspendidas desde el veinte de septiembre del año 1873 hasta el dos de enero del año 1874. Los diputados que se opusieron a la suspensión argumentaron que esta suponía la muerte de la República porque se impedía que el proyecto constitucional fuera discutido. Castelar les respondió que el problema no era ese:

“Aquí el problema político está en demostrar que con la República hay orden, hay autoridad, hay respeto a la ley, hay castigo para el criminal, hay guerra para los pronunciamientos, hay horror a la anarquía; y que la República puede crear una sociedad fuerte, un Estado respetado dentro de la federación, dentro de la libertad y dentro de los intereses de la integridad, unidad y prosperidad de la Patria”.

Los poderes extraordinarios que obtuvo Castelar y la suspensión de las sesiones de las Cortes le permitieron gobernar por decreto, facultad que utilizó inmediatamente para reorganizar el cuerpo de artillería disuelto hacía unos meses durante el reinado de Amadeo de Saboya llamar a los reservistas y convocar una nueva leva con lo que consiguió un ejército de 200. 000 hombres, y el lanzamiento de un empréstito de 100 millones de pesetas para hacer frente a los gastos de guerra. 

También incorporó 35. 000 nuevos guardias civiles y reorganizó y militarizó la milicia ciudadana y la purgó de federalistas.

Además Castelar recuperó las ordenanzas militares que se aplicarían con todo rigor, incluida la pena de muerte, establecida en todos los códigos militares en todos los códigos militares del mundo sin excepción, argumentó Castelar, y estableció la imposición de multas de 5.000 pesetas a las familias cuyos hijos desertaran. 

Promulgó varios decretos que limitaban los derechos y las libertades ciudadanas, como la prohibición de ausentarse de una localidad sin la preceptiva cédula oficial de identificación o la prohibición a los periódicos de publicar noticias sobre la rebelión que no fueran las notas oficiales. 

Esta política fue muy celebrada por los periódicos de la derecha, aunque desconfiaban de Castelar porque seguía definiéndose como republicano federal.

El final del Cantón de Cartagena

El diez de septiembre el general Martínez Campos le escribió al general Juan Contreras, jefe de las fuerzas cantonales de Cartagena, para que se rindiera una vez que los cantones andaluces habían caído y la ciudad se encontraba bloqueada por mar y tierra. La respuesta fue negativa, sobre todo porque el cerco por mar no era tal.

El 20 de septiembre dos buques cantonales se presentaron ante Alicante amenazando con bombardearla si no se le entregaban víveres. 

El 11 de octubre el contralmirante Miguel Lobo intentó bloquear el puerto de Cartagena, pero fracasó en la batalla naval que entabló con la flota cantonal frente al cabo de Palos y una semana después fue sustituido en el mando de la flota republicana por el contralmirante Chicharro. El cerco por mar de Cartagena seguía fallando y así era muy difícil doblegar su resistencia.

El dos de noviembre una manifestación exigió la celebración de elecciones, a lo que la Junta Soberana de Salvación accedió, pero el resultado no varió la composición de la misma: los partidarios de la resistencia siguieron teniendo mayoría. Se acordó nombrar a José María Orense presidente honorario del cantón. 

El desánimo y la desmoralización de los sitiados aumentaron cuando a finales de noviembre comenzó el bombardeo de la ciudad, que era lo que pretendía el gobierno cuando el catorce de noviembre el ministro de la Guerra comunicó al general Ceballos que sería conveniente arrojar 5.000 proyectiles a la plaza porque así se podría quebrantar el ánimo de los defensores o cuando menos molestarles, para no dar lugar a que permanezcan como han permanecido, completamente tranquilos.

El bombardeo comenzó el veintiséis de noviembre del año 1873 sin previo aviso y se prolongó hasta el último día del asedio, el doce de enero de 1874.

El diez de diciembre ocupó el cargo el general, José López Domínguez. La política de Castelar era acabar con los cartageneros antes de la reunión de las Corte. El plan era sitiar Cartagena, bombardearla, ahogarla por falta de víveres y negociar la rendición con algunas personas del interior.

Al conocerse en Cartagena el golpe de Pavía los sitiados perdieron toda esperanza de que hubiera algún tipo de negociación​ por lo que se plantearon la capitulación. A las once de la mañana del día seis de enero, explotó el depósito de pólvora del Parque de Artillería, muriendo las 400 personas que allí se habían refugiado porque estaba más allá del alcance de los cañones enemigos. 

En la tarde del once de enero, se celebró una gran asamblea en la que además de los miembros de la Junta participan militares, voluntarios y movilizados. En ella se decidió a propuesta de Roque Barcia la rendición y la Junta Revolucionaria encargó a Antonio Bonmati, que, en nombre de la Cruz Roja Española, parlamentara con el jefe del ejército gubernamental y ofreciera la rendición de la plaza.

Sin embargo, el resto de los líderes del Cantón Murciano de Cartagena, entre ellos Antoñete Gálvez y el general Contreras, propusieron continuar resistiendo. Poco después salió de Cartagena ondeando bandera blanca una comisión de la asamblea encabezada por dos representantes de la Cruz Roja para negociar la rendición con el general López Domínguez. 

Mientras la comisión estaba parlamentando con el general López Domínguez, la mayor parte de los miembros de la Junta, encabezados por Antoñete Gálvez y el general Contreras, junto con cientos de cantonalistas, incluidos mujeres y niños, que también querían escapar, subieron a bordo de la fragata Numancia que salió del puerto de Cartagena a las cinco de la tarde de ese día, doce de enero, consiguiendo evadir el cerco de la flota gubernamental gracias a su gran velocidad y a la habilidad de su capitán, poniendo rumbo a Orán, a donde llegaron al día siguiente.

Mientras tanto la comisión volvió a Cartagena con las condiciones para la rendición ofrecidas por el general López Domínguez, que no habían variado sustancialmente de las iniciales, como suponían los miembros de la Junta que escaparon. 

La comisión comunicó a los sitiados que el general ya no negociaría más y que les había dado un plazo para aceptar sus condiciones que finalizaría a las ocho de la mañana del día siguiente, trece de enero. Aceptadas éstas el general López Domínguez entró en Cartagena ese día al frente de sus tropas. 

La represión​

El final de la aventura cantonal implicó, en la mayoría de las zonas afectadas, una intensa represión, así como la marginación del republicanismo intransigente.

La represión tiene, en todos los lugares, la misma secuencia metódica por parte de la autoridad militar que restablece el orden: desarme de los voluntarios, visitas domiciliarias en busca de armas y sospechosos, cierre de centros políticos y nombramiento de concejales. 

En el caso de Cartagena, los términos de la capitulación concedidos por el general López Domínguez se pueden considerar razonables dadas las costumbres al uso en la época.

García Ruiz encarceló y deportó a cientos de personas anónimas sin otra acusación que la de ser cantonalistas, internacionalistas o simplemente agitadores, y sin que en las actas conservadas figure si fueron o no sometidas a juicio. 

Una parte importante de los deportados fueron enviados a las colonias de las Filipinas y las Marianas, esta últimas situadas en medio del océano Pacífico por lo que estaban prácticamente incomunicados y sus familias carecían de noticias de ellos. Se estima que fueron unas 1.400 personas las que sufrieron este tipo de penas. 


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El cantonalismo en España