En medio del escándalo que los medios y periodistas involucrados se esmeran en silenciar, el juez Claudio Bonadío volvió a procesar a Cristina Kirchner, esta vez con pedido de prisión preventiva y desafuero
El 25 de agosto de 2018 nuevatribuna.es publicaba un artículo titulado “América Latina, del golpe blando al Lawfare”, en el que se pormenorizaba en la práctica de criminalización del oponente y la demonización de líderes populares impulsada por las derechas de la región. Lo que ya habían denunciado medios como la Televisión rusa RT, Telesur Venezuela, The New York Times y hasta la mismísima conservadora CNN, se ha hecho visible en Argentina, dejando al descubierto una trama mafiosa que, con la complicidad de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, involucra a jueces, fiscales, medios de comunicación hegemónicos y funcionarios del oficialismo.
El término “lawfare” (guerra judicial) comenzó a sonar fuerte en estos últimos meses y llegó a sumarse al debate político en países como Ecuador, Brasil y Argentina: Reorganización del aparato judicial, acusaciones mediáticas de mucho impacto (aunque de nulo sustento) y, por supuesto, una prensa que toma partido activo en la causa.
La incontinencia verbal de un ejecutor de esta práctica en Argentina, ha revelado el modus operandi a través del cual el oficialismo pretende encarcelar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuyas probabilidades de ganar las próximas elecciones generales son altas.
Los audios y videos que publicara en febrero el periodista Horacio Verbitsky son la prueba irrefutable del accionar delictivo del “grupo de tareas” que, hasta ahora en las sombras, armaba causas contra opositores y funcionarios del gobierno kirchnerista, muchos de los cuales ya están en prisión. Se trata de una red de espionaje ilegal de grandes magnitudes. El juez Alejo Ramos Padilla, quien presentó material suficiente para denunciar este entramado, señaló que “estasOperaciones exceden a nuestro país y puede poner en peligro las relaciones con países como Uruguay, Venezuela, Irán, Israel y Estados Unidos, a cuyos servicios de inteligencia aseguraba responder el falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio quien contaba con membretes de la representación diplomática norteamericana en la Argentina, además del ministerio de Seguridad israelí”
Los embates judiciales contra Cristina Fernández de Kirchner no han cesado desde que Mauricio Macri asumió la presidencia de la Nación. En las cintas que demuestran la complicidad del Estado con el espionaje ilegal, queda expuesto el nivel de connivencia de miembros del gobierno con los jueces y fiscales que impulsan causas contra la ex mandataria. Inmediatamente después de la exposición de Alejo Ramos Padilla en el Congreso de la Nación, Mauricio Macri ordenó iniciar el juicio político contra el juez que investiga la mayor trama de espionaje ilegal de la historia del país.
En medio del escándalo que los medios y periodistas involucrados se esmeran en silenciar, el juez Claudio Bonadío -uno de los principales protagonistas de esta práctica, mencionado en audios como operador del oficialismo- volvió a procesar a Cristina Kirchner, esta vez con pedido de prisión preventiva y desafuero. Es el octavo procesamiento que recae sobre la actual senadora nacional en la causa que investiga a ex funcionarios y a un grupo de empresarios por la importación con presuntos sobreprecios de buques de gas natural licuado (GNL).
Pese a que una pericia oficial determinó que la prueba principal en la causa Gas Natural Licuado -que motivó al juez Claudio Bonadio a estrenar la denominada “doctrina Irurzun” a través de la cual justifica la detención de ex funcionario que “por sus contactos, lazos o relaciones creadas por el poder que tuvieron, puedan entorpecer el avance de una causa”- fue técnicamente mal confeccionada, con valores erróneos para los cálculos, referencias documentales inexistentes y presumiblemente plagiadas de sitios de internet como “El Rincón del Vago” y que el propio perito Daniel Cohen, que la formuló, fue procesado por el juez federal Sebastián Ramos, Bonadio insiste en la detención de Cristina Fernández de Kirchner. Es el lawfare en su máxima expresión.
