miércoles 20.11.2019

Lawfare. La judicialización de la política en América Latina

El Lawfare es el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político

En un artículo del periodista polaco Maciek Wisniewski, titulado Las (in) justicias pude leer lo siguiente.Imagínense a dos mandatarios. El mandatario X acusado de recibir supuestamente de una empresa a cambio de contratos gubernamentales un lujoso departamento amueblado al gusto de su (fallecida ya) esposa –que al final no es tan lujoso, tan amueblado, ni, desde luego, tan suyo- fue condenado a 12 años de cárcel por corrupción en una verdadera “Bliztkriegjurídica” y ya lleva cuatro meses tras las rejas. ¿Las pruebas? Inexistentes. Bastaron las palabras. Unas (¡Yo se lo di!) de un empresario corrupto, que a cambio gozó –por supuesto– de una generosa reducción de su propia sentencia Y otra –¡Culpable!– de la boca de un juez justiciero que, si alguien se tomara en serio el significado de la justicia, debería cambiar inmediatamente su toga por el uniforme carcelario.

Por otro lado está el mandatario Y, quien desde hace años está siendo investigado –junto con su esposa– por fraude al Estado y prácticas incompatibles con la función pública, o sea –cortesía del traductor de Google– la más descarada y desvergonzada corrupción común y corriente. El mandatario Y, se trata de Benjamín Netanyahu. Por supuesto está libre y sigue al frente del gobierno de Israel. Pero no es de este ínclito personaje del que quiero hablar. Lo haré de Lula.

El profesor de la Universidad Federal de Río Grande del Norte en Porta Alegre, Andrés Ferrari Hainestiene un artículo muy clarificador sobre el apresamiento de Lula, titulado Un proceso judicial falso. “En su acusación contra Lula, el juez Moro escribió: “Los costos de la reforma llegaron a 1.104.702,00 reales e incluyeron la instalación de ascensor privado, cocina, armarios, readecuación de dormitorios, ampliación del deck, y, hasta, electrodomésticos”. En la grabación de la audiencia frente al juez se ve que Lula le retruca con una foto de la escalera de su casa, en la que reside desde hace casi veinte años manifestándole que para subirla su fallecida esposa Marisa debía tomar medicación: “Le parece que si no puse ascensor en dónde resido desde hace casi veinte años lo voy a poner en un departamento que ni es mío”.

Si se le hubiese permitido a Lula y a sus abogados inspeccionar el triplex por el cual se lo sentenció a prisión, Lula podría haber respondido con un simple: “No hay ascensor privado en el triplex”. Y también, no hay reforma ni electrodomésticos. Una farsa que no sólo denuncia a parte importante del Poder Judicial brasileño, al menos, pero también a grandes medios de comunicación. ¿Cómo se explica si no que la revista Veja o el sitio R7 del canal de Televisión Record hayan publicado antes “imágenes del lujoso triplex de Guarujá” - que ahora rápidamente han retirado de internet? También O Globo informó que “el departamento pasó reformas –que incluyeron la instalación de un ascensor privado y un área gourmet– que también las pagó la constructora”, aclarando que no sucedió lo mismo con otros inmuebles del mismo edificio. 

El MST (Movimiento de los Trabajadores sin Tierra) argumentó –antes de difundir imágenes del departamento– que la invasión obligaría a saber quién era el verdadero dueño del triplex. Veja respondió que “la sentencia no condenó a Lula por poseer formalmente el inmueble, considerando que, a pesar de que el mismo está a nombre de la constructora, le fue prometido al petista y reformado a su gusto, para posible transferencia posterior”. Es decir, como destaca el sitio 247, el medio argumenta que Moro condenó a Lula por un crimen que sería cometido en el futuro. Ya el Estado de San Pablo había expresado, tras describir las fastuosas reformas, que “oficialmente el inmueble está en nombre de OAS (la constructora), pero la Fiscalía ve indicios de que pertenece al expresidente y su mujer”. 

Sólo así se entiende el uso de la expresión “convicción” que se utilizó al verificar la culpabilidad de Lula. De hecho, Moro hizo uso de la reforma para afirmar, con convicción, que constituía prueba de que el triplex era de Lula. El sustento de la reforma fue la confesión –como supuesto responsable en aplicar la reforma– de Léo Pinheiro quien luego de su declaración inicial en la cual no apuntó a Lula, Moro lo sentenció a 16 años y 4 meses de prisión –luego aumentados a 26 años–. Al cambiar su declaración e incriminar a Lula, esta condena se reduce a 2 años y medios.

Del mismo Andrés Ferrari Haines es otro artículo Por eso está preso. “Circula por los medios sociales, dado que no existe prueba alguna de corrupción salvo “convicción” e “indicios”, la lista de crímenes de Lula que obligaron a la Justicia brasileña a condenarlo a prisión que, por alguna razón, los principales medios informativos del país no mencionan. Se trata de una larga lista de programas y políticas sociales y económicas, de inversión pública y de igualdad racial, social y regional que han dislocado la trayectoria historia secular de Brasil. Un reciente estudio de FLACSO-Brasil y CLACSO, Faces da desigualdade no Brasil presenta datos inapelables de los delitos cometidos durante el período 2002-2015 bajo los gobierno del PT. En ese período, pasó de 10,7 a 39% los jóvenes más pobres, que ingresaban a la escuela secundaria a la edad correcta (aumento del 264%. Casi 4 veces más jóvenes de 15 a 17 años, entre el 5% más pobre de la población, estaban en la enseñanza media o posterior en 2015, si se compara a 2002. Mientras que el acceso a la enseñanza superior en general casi se duplicó, para el 20% más pobre se multiplicó 23 veces. En 2002, menos del 7% de los más pobres concluían la primaria; en 2015, 30,3%. La mortalidad infantil (en niños menores de 1 año) cayó, de 2002 a 2015, de 23,4 por mil nacidos vivos a 12,9 (45%). La cobertura en atención básica de salud aumentó del 31,8% al 63,2%. El crecimiento del ingreso real en la población fue 38%, pero para el 20% más pobre fue casi 4 veces más rápido que para el 20% más rico, beneficiado con aumento real de 25,6% por encima del promedio de la población. El salario mínimo aumentó más del 70% por encima de la inflación y se generaron 20 millones de empleos formales para todos los niveles de calificación. En suma, el Gobierno Lula redujo la extrema pobreza en Brasil al 3%, el menor índice de la historia. La inmaculada gestión Temer está corrigiendo las consecuencias de estos delitos. Así, este año 326.000 familias en situación de extrema pobreza perdieron acceso al programa de ayuda que se había creado (Bolsa Familia). El aumento del salario mínimo (45 millones de personas) para este año fue 1,81% –el  menor en 24 años– llegando a R$ 954, bien inferior a los R$ 3.7600 que el Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos considera actualmente mínimo necesario. En el último, casi 1,5 millón de brasileños cayeron en la pobreza extrema, sumando ahora casi 15 millones en total. El desempleo que tuvo su pico inferior (6,8%) en 2014 se encuentra en 12,7%. Son más de 13 millones de personas en esta situación, casi el doble.

Mas, todo lo ocurrido con Lula lo podemos entender en el artículo publicado por  El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG)  titulado Lawfare. La judicialización de la política en América Latina. 

El Lawfare es el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno (incluidos familiares cercanos), de forma tal que éste sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba. El objetivo: lograr que pierda apoyo popular para que no disponga de capacidad de reacción. El término “describe un método de guerra no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar” y es utilizado con este sentido en Unrestricted Warfare, un libro de 1999 sobre estrategia militar. En 2001 el concepto comienza a ser manejado en ámbitos diferentes a las Fuerzas Armadas Estadounidenses, tras la publicación de un artículo escrito por el General de Fuerza Aérea, Charles Dunlap, de la Duke Law School. Estados Unidos (por medio de la USAID) es uno de los principales proveedores de asesoría para la reforma de los aparatos jurídicos en América Latina y el Departamento de Justicia estadounidense ha estrechado en los últimos años los vínculos con los aparatos judiciales de la región en la lucha anticorrupción. 

Los aspectos fundamentales del Lawfare son: 

1) El rol del Poder Judicial: El PJ se ha convertido en los últimos años en un potente espacio desde donde desplegar, casi sin limitaciones, estrategias de desestabilización y persecución política, hasta colocarse muy lejos del principio republicano del equilibrio de poderes. Es el único que no deriva de la voluntad popular sino de complejos mecanismos de designaciones políticas y concursos, sumado a privilegios que los demás poderes no tienen. Esto le permite operar políticamente bajo un completo manto de institucionalidad. Se persiguen objetivos similares a los que otrora buscaban las Fuerzas Armadas: deslegitimar y perseguir figuras políticas populares opuestas a sus intereses. Lo hacen a través de “expertos”, que manejan un lenguaje técnico objetivo (el lenguaje jurídico), que se jacta de no estar “contaminado” por la política.  

2) Ajuste estructural y lucha anti-corrupción: El proceso de recorte del Estado y lo público impulsado por las Instituciones Financieras Internacionales y organismos bilaterales estadounidenses desde principios de los ’80 en América Latina, incluyó la reforma jurídica como parte de la batalla contra la “ineficiencia del Estado”. Se sostiene que la corrupción en el Estado debe ser extirpada apelando a las “buenas prácticas” del sector privado (eficiencia y transparencia) para desplazar la “lógica” de lo público, asociada al derroche y a la mala gestión de “los políticos” (léase: militantes, gente con trayectoria en partidos políticos), apostando a la formación de técnicos (apolíticos). La persecución judicial se ha exacerbado contra funcionarios de gobiernos donde el Estado recuperó su protagonismo en materia económico-social, agrandando al Estado y revalorizando lo público. A su vez, la corrupción va ocupando los primeros puestos entre las principales preocupaciones de los latinoamericanos, igualando a los problemas económicos.

Además tampoco debemos olvidar la presión militar, de triste recuerdo en Brasil. Como señala Stella Calloni. “¿Puede un Supremo Tribunal Federal en un país funcionar como si nada hubiera sucedido, después de que al menos tres generales, uno de ellos el actual jefe del ejército, advirtieran públicamente que si el ex presidente Lula no iba preso, se verían obligados a dar un golpe militar?” 

Que el neoliberalismo se ha expandido e impuesto por todo el mundo y que solo en algunos países sudamericanos se le ha hecho frente en los tiempos recientes es un hecho claro. En Grecia Tsipras sucumbió.  Me estoy refiriendo a la Venezuela de Chaves; el Brasil de Lula y de Dilma Rousseff; el Ecuador de Daniel Correa; la Bolivia de Evo Morales y Avaro García Linera; la Argentina de Cristina Kischner. Evidentemente que han cometido errores, pero lo que sí han hecho políticas dirigidas a combatir la desigualdad, basadas en los principios de la justicia social. Otra cosa es que los grandes medios de comunicación las hayan ocultado. Por ello, me parece oportuno recordar algunas actuaciones políticas de Evo Morales de un artículo propio de diciembre de 2009 titulado La nueva Bolivia de Evo Morales, publicado en El Periódico de Aragón. Ahí va: 

“Todo lo que está ocurriendo en la Bolivia de Evo Moraleses muy interesante. Llegó al poder en el 2006 con el 53,7 % del electorado y, desde entonces, el país andino vive una ilusionante transición política. Pretende refundar Bolivia con criterios de soberanía nacional, desarrollo solidario y justicia social. Su Nueva Bolivia se fundamenta en varios ejes: una nueva Constitución, que entró en vigor en febrero pasado; el control de los recursos naturales bolivianos en manos de empresas extranjeras, una reforma agraria, acabar con el secesionismo y el monopolio del poder político de la oligarquía conservadora que siempre ha dominado el país, así como una política exterior opuesta al imperialismo de los EE.UU. Hasta estos momentos estos objetivos parece que se van cumpliendo. 

Acaba de producirse un nuevo triunfo electoral de Evo en la más estricta legalidad democrática. La misiones de observadores enviadas a Bolivia por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE) acaban de señalar que las elecciones generales del país, como "muy positivas". Los resultados para Evo no pudieron ser más favorables: una cómoda reelección con un 62% de los sufragios y la mayoría en ambas cámaras de su partido político, Movimiento al Socialismo (MAS). Por otra parte, la oposición regional a Morales quedó debilitada. Esta apabullante victoria cabe entenderla como un incuestionable mensaje de apoyo a las reformas económicas y sociales prometidas por Morales. El pueblo ha dejado bien claro que apuesta por una Nueva Bolivia y ha dicho "no" a aquellos que durante décadas sumieron al país en la pobreza. Como también ha aprobado la gestión realizada hasta ahora, caracterizada por el desarrollo de programas sociales y económicos a favor de los más pobres, olvidados durante décadas, financiados con los recursos naturales de los hidrocarburos. Con el Bono Juancito Pinto, se beneficia a los escolares de Primaria dándoles 200 bolivianos, para que compren útiles escolares y puedan invertirlo en su educación, y así combatir el absentismo escolar. Con el Plan Nacional de Alfabetización, se pretendía que "La educación convirtiera a esas mayorías excluidas en ciudadanos, con todos los derechos que esto implica". En la madrugada del día 20 de diciembre de 2008, Bolivia vivió una jornada histórica: el país fue declarado "territorio libre de analfabetismo" y se convirtió en la tercera nación latinoamericana que se proclamaba libre de analfabetos, después de Cuba --en 1961-- y de Venezuela --en 2005--. Era el gran sueño de Evo. "Quiero ser presidente para acabar con el analfabetismo en Bolivia",le dijo a un periodista, cuando aún era candidato a la presidencia. La madre de Evo fue analfabeta. Su padre, semianalfabeto, y varios de sus familiares no sabían leer ni escribir cuando llegó al poder. Evo dijo que se ha tenido que esperar "casi doscientos años de la vida republicana" para acabar con el analfabetismo. "Yo he leído libros, en los que se cuenta que a los primeros aymaras que aprendieron a leer les sacaron los ojos y a los que empezaron a escribir les cortaron la mano". "Esto ha terminado", sentenció Morales. La Renta Dignidad, un beneficio universal y vitalicio que entró en vigor en enero de 2008 y que ha supuesto el pago de 2.400 bolivianos anuales a todos los mayores de 60 años que no reciban una renta mensual y 1.800 bolivianos a aquellos que sí tengan un ingreso. En mayo pasado se instauró el Bono Juana Azurduy de Padilla, con la finalidad de bajar los niveles de mortalidad y que cubrirá al 74% de las familias que no tienen acceso a la seguridad social a corto plazo. El objetivo central es resolver las complicaciones derivadas del embarazo y el parto, evitar la mortalidad infantil, mortalidad materna y desnutrición. Las mujeres gestantes recibirán 50 bolivianos por cada control prenatal de los previstos y 120 bolivianos si reciben asistencia de los centros de salud del Estado en el parto. Las mujeres percibirán también un pago de 125 bolivianos por cada control bimestral al que presenten a sus bebés hasta los 2 años. 

Todas estas medidas realizadas son muy claras de las preocupaciones sociales del Gobierno de Evo. 

Y en otro artículo del mismo periódico de 5 de enero de 2013 titulado El expolio de Evo Morales destaco lo siguiente:

“Ha sido noticia que el presidente boliviano Evo Moralesha nacionalizado cuatro filiales de Iberdrola, en concreto dos de las principales distribuidoras de electricidad en La Paz, 'Electropaz', y en Oruro, 'Elfeo', además de una empresa de servicios y una gestora de inversiones. Como no podía ser de otra manera ha sido fuertemente criticado por el gobierno de Rajoyy por la gran mayoría de los medios de comunicación españoles. Lo que callan, y no por desconocimiento, es que en La Paz, la tarifa eléctrica urbana en promedio era de 0,63 bolivianos (0,09 dólares) por kilovatios/hora, mientras que en el área rural era de 1,59 bolivianos (0,23 dólares). Según el mismo Evo "Habían hablado con la empresa para que igualase la factura a todos, que asumiera su responsabilidad social llevando el tendido eléctrico a todos los lugares. "Cuatro meses de negociación sin resultado", "Y como no han querido buscar esta equidad, igualdad en el consumo de energía eléctrica, obligados hemos tenido que nacionalizar". Señaló que se decidió expropiar porque la constitución promulgada en 2009 señala que los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones "son un derecho humano" y su provisión debe responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria; con participación y control social, y un derecho humano no puede ser negocio privado". "Esta nacionalización está orientada justamente para buscar la igualdad y acabar con la extrema pobreza". Por ende, tal decisión es además de ética, impecable desde el punto de vista jurídico. No hace otra cosa que exigir el cumplimiento constitucional”. Produce sonrojo esto con el expolio al que nos están sometiendo las Eléctricas en España.

Me parece claro que las políticas de Evo Morales, como también las  Chaves, Correa, Lula son antineoliberales. Para evitar la expansión de esta resistencia antineoliberal hacia otros países desde los poderes hegemónicos políticos, económicos, mediáticos y académicos se emprendió una campaña brutal. Si no se puede por la vía electoral, como en Argentina o Ecuador, se recurre al ámbito de la justicia, como acabo de mostrar y explicar en las líneas precedentes. Lo que supone una auténtica perversión de la democracia.

Como conclusión a todo lo expuesto resulta muy interesante la lectura del libro, publicado por CELAG y descargable en red.  Las Vías abiertas en América Latina. Siete ensayos en busca de una respuesta. ¿Fin de ciclo o repliegue temporal? Es un análisis crítico sobre la situación actual, así como una reflexión sobre estrategias cara el futuro desde planteamientos progresistas, que ya dan por finiquitados los grandes medios de comunicación, al servicio de los poderes económicos. El coordinador de la obra es Emir Sader, y participan 8 pensadores, entre los cuales está el vicepresidente de la Bolivia, Álvaro García Linera.

Lawfare. La judicialización de la política en América Latina