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lunes 16/5/22
CRÓNICAS DE AMÉRICA LATINA | JAVIER M. GONZÁLEZ

El Gobierno argentino reabre su guerra contra el Grupo Clarín

Desmantelará de oficio el grupo y rechaza su adecuación voluntaria a la Ley de Medios.

clarin, cristina fernández

@jgonzalezok / La cruenta guerra que mantuvieron el gobierno argentino y el Grupo Clarín, a propósito de la Ley de Medios, se ha reiniciado. Parecía zanjada desde febrero de este año, cuando el grupo mediático presentó su plan de adecuación a la norma, después de que en octubre del año pasado la  Corte Suprema declarase su constitucionalidad. Clarín aceptaba dividir el grupo en seis unidades de negocio distintas, lo que fue aceptado por el AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual), la autoridad de aplicación de la ley.

Sin embargo, siete meses después, y cuando se daba por superado el conflicto, la AFSCA anuncia que el plan presentado por Clarín no se ajustaba a la ley y que se actuará de oficio para tasar y licitar los medios hasta adecuar a la compañía con la ley. Martín Sabatella, el titular de la AFSCA, aseguró que se habían encontrado anomalías entre los integrantes de las seis unidades en que se había dividido el grupo. En concreto, aseguró que habría socios cruzados en dos de estas unidades.

Otra de las supuestas maniobras del Grupo Clarín estaría ligada a las condiciones de venta de las otras unidades, aunque hasta ahora no había ninguna objeción a las mismas y fueron aprobadas en las Asambleas del Grupo Clarín, donde el Estado tiene una participación minoritaria. Lo que ahora se objeta es que los compradores no podrán venderlas antes de seis años y que solo el grupo podría readquirirlas en ese plazo. “Eso no es vender de verdad”, dijo Sabatella.

Sin dar mayores detalles, la iniciativa del gobierno supone que será él  el que decida qué medios debe vender Clarín y a quién se los va a adjudicar. El plazo estimado sería de seis meses a un año.

Los dos miembros de la oposición que integran el directorio de la AFSCA, que están en minoría, se abstuvieron ya que fue una votación a ciegas. Uno de ellos, Gerardo Milman, dijo que recibieron el expediente, de más de mil hojas, solo una hora antes de votar la decisión y que ni siquiera los consejeros oficialistas habían tenido tiempo de examinarlo. 

El Grupo Clarín respondió que irá a la justicia para resguardar sus derechos y el cumplimiento del plan de adecuación aprobado. Aseguró que su propuesta se ajusta estrictamente a la ley. Y calificó de “persecución inédita” la actitud del gobierno, no solo contra Clarín, sino contra todas las voces disidentes.

La presidente de la Fundación Libertad de Expresión + Democracia (LED), Silvana Giudici, denunció que el presidente de la AFSCA, Martín Sabatella, consultó con la presidente la decisión sobre Clarín, sugiriendo que la Corte Suprema “debería tomar nota de la falta absoluta de independencia de la AFSCA”. Giudici, que fue también presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, subrayó que mientras con Clarín se avanza con la adecuación forzosa, “en el resto de los grupos ni siquiera se expiden”. Sin nombrarlos alude, entre otros casos, al caso de Telefónica, que es propietario de varios canales de televisión, entre ellos Telefé, cuya línea editorial es complaciente con el gobierno.

El momento en que se produce este avance del gobierno de Cristina Fernández contra Clarín es sumamente sugestivo. En momentos en que las dificultades económicas son cada vez más acuciantes, agravadas por el conflicto con los fondos buitre, la estrategia parece ser multiplicar los conflictos y movilizar a la militancia. En cuestión de días, la presidente sugirió que podrían atentar contra su vida y apuntó a los EEUU. En el ámbito interno, el adjetivo de buitre empezó a ser lanzado a diestra y siniestra para adversarios políticos, dirigentes empresariales, sindicalistas opositores y, sobre todo, a la prensa independiente.

Más allá de la Ley de Medios, el gobierno ha perdido la batalla mediática. A pesar de los ingentes recursos con que alimenta los medios oficiales y los afines, las audiencias son esquivas. Valga como ejemplo Radio Mitre, la principal emisora del Grupo Clarín, que es líder absoluta de audiencia en todas las franjas horarias. Y, en algunos casos, con más del 50 % de la audiencia total. La tirada de los medios oficialistas es ínfima en relación a los tres principales diarios independientes, Clarín, La Nación y Perfil,

Junto a esto, el gobierno no escatima recursos para su propia construcción política. Un reciente informe de Hernán Reyes, del Frente Amplio-UNEN, destacó el ingente esfuerzo de propaganda que está haciendo el kirchnerismo a través del gasto en publicidad oficial, para defender sus políticas. En diez años, el presupuesto destinado a este fin ha aumentado de forma progresiva, pasando de 39 millones de pesos en 2003 a 3.193 millones en 2013. Más allá de los ajustes por inflación, está claro que el crecimiento ha sido monumental.

“Esto muestra con claridad cómo fue perfeccionándose la utilización de la publicidad  como medio de construcción del relato kirchnerista”, asegura dicho informe. La cifra gastada en el 2013 es veinticinco veces inferior a la que se destina al Sedronar, el organismo encargado de coordinar las políticas contra las adicciones. Y en el presupuesto del 2015 es superior al presupuesto de tres ministerios, Industria, Cultura y Turismo.

La oposición ha denunciado reiteradamente la falta de neutralidad del titular de la AFSCA, Martín Sabatella, que es mucho más que un funcionario. Es uno de los dirigentes políticos más importantes del kirchnerismo y tiene una intensa actividad política, que mantiene en paralelo con su rol de funcionario.

El pasado sábado, por ejemplo, fue el principal orador del acto en el Estado de Atlanta, organizado por su partido, Nuevo Encuentro. En el mismo dijo que su fuerza política “está a disposición de la presidenta” y planteó que el gran desafío de las agrupaciones políticas que apoyan al gobierno es que “las convicciones de Néstor y Cristina queden en la Casa Rosada después de diciembre de 2015”, en referencia a la fecha en que Cristina Fernández termina su mandato.   

El Gobierno argentino reabre su guerra contra el Grupo Clarín