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domingo. 04.12.2022
CRóNICAS DE AMéRICA LATINA | JAVIER M. GONZáLEZ

Clarín presenta un plan de adecuación voluntaria a la Ley de Medios

El Grupo Clarín seguirá su lucha ante la justicia para defender sus derechos después de que se declarase constitucional la Ley de Medios argentina.

clarin

Seis días después de que la Corte Suprema de Justicia de Argentina fallase a favor de la constitucionalidad de los artículos cuestionados de la Ley de Medios, el Grupo Clarín ha presentado un plan voluntario para adecuarse a lo que establece la ley en materia de licencias audiovisuales. Para cumplir con las limitaciones impuestas por la norma, Clarín propone desmembrar el actual conglomerado en seis diferentes unidades empresarias -que los medios ya empiezan a denominar 6 miniclarines- cada una de ellas respetando los límites impuestos por el artículo 45 de la ley.

Los titulares de estas nuevas unidades serán definidos a medida que avance el proceso de adecuación, anunció Clarín. El reparto podría ser entre socios y familiares, un modelo que ya fue adoptado por el grupo mediático Vila-Manzano –reparto entre socios, amigos e hijos- y que está pendiente de aprobación, pero que no fue objetado hasta ahora por el gobierno. La Ley de Medios, de hecho, no pone límites en este sentido.  

El presidente de la AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual), Martín Sabbatella, declaró que la ley era antimonopólica, por lo que podría haber una solución de ese tipo, mientras generen unidades de negocio distintas. “No pueden compartir las camionetas o los estudios de grabación”, dijo a modo de ejemplo. Y advirtió que “si hay gato encerrado (…) si quieren burlar la ley, no se les va a permitir”.

El especialista en medios del diario La Nación, José Crettaz, escribió que nada impediría a las seis nuevas empresas asociarse, vender de manera conjunta alguno de sus productos –como hacen ahora Telefónica y DirecTv- o comprar de la misma forma algunos insumos. Incluso podrían seguir creciendo hasta los topes previstos por la ley: “es decir, podría ser más grande, no ya con una sola cabeza, sino con cuatro o seis”.  

El 82 % del actual Grupo Clarín es propiedad de Ernestina Herrera de Noble (viuda del fundador), Héctor Magnetto (CEO de la compañía), Lucio Pagliaro y José Antonio Aranda. Los cuatro, junto con los hijos de Ernestina, Felipe y Marcela, podrían repartirse las nuevas empresas, una solución que algunas fuentes dicen que no disgustaría al gobierno.

La primera de las empresas escindidas incluirá los buques-insignia del grupo, Canal 13.-el segundo en audiencia de televisión abierta en la capital-, el canal de cable todo noticias TN y radio Mitre, la de mayor audiencia del país. Se incluyen en este grupo algunos otros canales y radios del interior del país.  

En el caso de Cablevisión, la empresa que proporciona el servicio de televisión por cable y que es la principal fuente de ingresos de Clarín, el grupo mediático tratará de conseguir una extensión de licencias, como ya hizo alguno de sus competidores. Se trataría de cubrir más ciudades con una sola licencia. Una incongruencia de la ley es que  considera a la empresa DirecTV como detentadora de una sola licencia, aunque cubre todo el país ya que utiliza el satélite, mientras que otras empresas suman licencias por cada una de las localidades, incluso de pequeña población.

Según un comunicado del Grupo Clarín, el plan de adecuación fue presentado “tras el avance de facto e ilegal“  sobre sus licencias. Nada más conocerse el fallo de la Corte
Suprema, el titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, había anunciado que se procedería a una adecuación de oficio y que sería el gobierno el que decidiría qué empresas se venderían para adecuarse a la norma.  Clarín considera que la AFSCA actuó con una política de hechos consumados al comenzar a tasar sus licencias y anunciar que podría apoderarse de sus activos, algo que para el grupo mediático sería “una lisa y llana confiscación”. 

El Grupo Clarín reclama los mismos plazos que han tenido las demás empresas, alegando que si la justicia le otorgó en su momento medidas cautelares, hasta que se produjo la decisión de la Corte Suprema, sólo ahora debe comenzar a contarse el tiempo previsto en la ley.

La estrategia del grupo mediático pasa también por cuestionar al titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, un diputado kirchnerista sin experiencia anterior en el sector. Para ello recuerda que la sentencia del Tribunal Supremo exige que la autoridad de aplicación sea independiente, imparcial y con solvencia técnica, “que pueda asegurar un tratamiento transparente e igualitario de la ley”. Sabbatella termina su período al frente del organismo en el mes de diciembre, aunque puede ser nombrado por la presidente para un nuevo mandato.

Sabbatella ha colonizado la AFSCA con cientos de militantes de su propio partido, Nuevo Encuentro, aliado del kirchnerismo. Y hay denuncias de que los nuevos empleados, que han desplazado a los técnicos, entregan el 8 % de su salario para el partido.

Al margen de la presentación de este plan voluntario, Clarín anunció que sigue estudiando recurrir a tribunales internacionales, con el argumento de que los artículos cuestionados encierran supuestos de censura indirecta, silencian y discriminan medios críticos y vulneran derechos adquiridos.

Ahora le corresponde a la AFSCA contestar si acepta el plan presentado por Clarín. Dispone para ello de cuatro meses, aunque el titular del organismo, Martín Sabbatella, anunció que podrían decidir en un tiempo menor.

Al margen del fallo de la Corte Suprema y los pasos futuros del Grupo Clarín, una entrevista del presidente del Tribunal, Ricardo Lorenzetti con el periódico Perfil, ha echado un manto de dudas sobre el proceder de la Corte. Lorenzetti admitió que se entrevistó en numerosas ocasiones con la presidente, Cristina Fernández, y con Carlos Zannini, su principal hombre de confianza. No fueron entrevistas meramente institucionales, sino que hablaron de las causas.

El periodista Pepe Eliaschev (radio Mitre y Perfil), recordó que los integrantes del tribunal llegaron a un acuerdo en febrero de 2004: para evitar suspicacias, “cuando los litigantes y profesionales soliciten audiencia con alguno de los jueces del tribunal, ella tendrá lugar siempre con la presencia de la contraparte o de su letrado”. Claramente, Lorenzetti tuvo reuniones con Zannini sin la contraparte, aunque después intentó matizar lo publicado.

Clarín presenta un plan de adecuación voluntaria a la Ley de Medios