Cuando faltan casi dos semanas -7 de diciembre- para que se cumpla la fecha en la que el gobierno argentino considera que debe comenzar el desmantelamiento del Grupo Clarín, en cumplimiento de la Ley de Medios, el grupo mediático ha pedido a la Corte Suprema que intervenga, ante lo que considera “un ostensible estado de indefensión y privación de justicia”. En los últimos dos meses el gobierno logró apartar a 10 jueces ligados a la causa, en la que Clarín pide la inconstitucionalidad de dos artículos de la Ley de Medios. Los jueces se fueron por recusaciones, denuncias y renuncias provocadas por amenazas de juicio político.
Clarín asegura que el gobierno ha intentado en más de una oportunidad que la causa pase al fuero en lo Contencioso Administrativo federal, donde tiene mayor influencia política, a pesar de que el fuero natural es el Civil y Comercial. El abogado del Grupo Clarín, Damián Cassino, dijo también que el gobierno ha intentado una última medida dilatoria, al impulsar que el AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual), el organismo encargado de implantar la Ley de Medios, pida ser parte de la causa, retrasando de esta manera la posibilidad de dictar una sentencia sobre el fondo del asunto, ya que hay que resolver antes si es pertinente esta pretensión.
Por esta situación, Clarín pide que se retrase la entrada en vigor de la ley más allá del 7 de diciembre, prorrogando la medida cautelar aún vigente, a la espera de que la Sala 1 del fuero Civil y Comercial se pronuncie sobre el fondo de la cuestión.
El ministro de Justicia, Julio Alak, criticó a Clarín por lo que considera una maniobra para lograr una cautelar eterna y consideró inviable su presentación ante la justicia. En conferencia de prensa -en la que solo pudieron preguntar los medios oficialistas-, Alak dijo también que “el Grupo Clarín pretende que no ejerzamos el derecho de recusar a los jueces”, añadiendo que era la cámara de lo Civil y Comercial había demostrado afinidades con el Grupo.
El ministro de Justicia afirmó también que Clarín pretende hacer lo que tanto criticó al gobierno, un per saltum, es decir, saltar por encima de las instancias judiciales para que sea directamente el Tribunal Supremo el que se ocupe del tema.
Y en medio de esta batalla entre el gobierno de Cristina Fernández y su principal enemigo, al que acusa de ser el verdadero jefe de la oposición, salta al campo de juego un actor inesperado: Telefónica, propietaria del Canal 11 (Telefé) de Buenos Aires y de otros 8 canales en el interior del país. De acuerdo a la Ley de Medios no podría ser titular de ninguna licencia televisiva, por partida doble: es accionista de una empresa prestataria de un servicio público y tiene más del 30 % que se le permite al capital extranjero.
Pero para el gobierno el Canal 11 es aliado político. La poca audiencia que suman la televisión pública –Canal 7- y los otros canales que le responden, tanto en abierto como por cable, hacen al canal de Telefónica más valioso: es el único que puede arañar audiencia a los opositores Canal 13 y TN, el primero en abierto, el segundo un todo noticias por cable, propiedad del Grupo Clarín.
Telefé afirma en una nota oficial que ha documentado “ante las Autoridades y Organismos competentes que no poseen participación alguna, ni relación accionaria o ejecutiva, con ninguna prestadora de un servicio público, nacional, provincial o municipal”. Pero en la página web de la empresa figuraba que el canal pertenecía al Grupo Telefónica desde el año 2000. Referencia que fue borrada en las últimas horas. Para el gobierno argentino, tampoco hay ningún problema con Telefónica. Martín Sabbatella, titular del AFSCA, declaró que Telefónica de Argentina “no tiene medios en el país, no tienen vínculo societario con Telefé (Canal 11), son empresas autónomas”.
Otra empresa con capital español afectada por la ley argentina es PRISA, que tiene en Argentina Radio Continental, una AM con cobertura en capital federal y el conurbano, además de Radio Estéreo, emisoras que en su momento compró a Telefónica. A PRISA le cabe la prohibición de no poseer más de un 30 % de las acciones, por ser de capital español.
La Ley de Medios fue aprobada hace tres años, pero Clarín planteó la inconstitucionalidad de dos artículos, que le obligan a desprenderse de parte de sus canales de televisión, emisoras de radio y empresas de cable. Los límites impuestos por la ley son de 10 licencias de radio, 24 licencias de televisión por cable, una de televisión vía satélite, 35 % de cobertura en televisión abierta y 35 % de abonados a la televisión por cable.
El gobierno rompió con el Grupo Clarín en 2008, cuando se produjo el conflicto con el campo, a propósito del aumento de las llamadas retenciones móviles, impuestos a la exportación. Desde entonces, la idea de acabar con Clarín ha corrido paralela a la construcción de un gran conglomerado mediático para la defensa del “modelo nacional y popular”, que vive fundamentalmente de los enormes recursos del Estado, vía publicidad oficial.
Desde hace casi cuatro años “Clarín miente” es el lema machaconamente repetido por el gobierno. En un viaje oficial a Angola, hasta se llegaron a repartir calcetines a niños del país con ese eslogan. Y el nombre de Héctor Magnetto, director ejecutivo del Grupo Clarín y que era desconocido para el gran público hasta ese momento, se convirtió en el enemigo número 1.
