@jgonzalezok | Una de las principales consecuencias que tuvieron las recientes elecciones argentinas –falta la segunda vuelta para definir la presidencia- fue el hundimiento del peronismo en sus distritos más emblemáticos. En concreto en la provincia de Buenos Aires y, sobre todo, en el conurbano. Allí, viejos caudillos llevaban décadas manejando a su antojo sus circunscripciones, ayudados en ocasiones por bandas de matones llamadas también barrasbravas, que lo mismo sirven para controlar las hinchadas de los clubes de fútbol que para hacer trabajos sucios en la política.
Su inminente y traumática salida por decisión de los votos, está provocando imágenes poco edificantes, más propias de otros tiempos: intendentes (alcaldes) que meten a miles de personas como trabajadores en la planta permanente (plantilla), aumentos exorbitantes de sueldo, rapiña de los bienes del propio municipio –muebles, computadoras, televisores, aparatos de aire acondicionado, etc.- y abandono de servicios como la recogida de basura o atención médica, para perjudicar a sus sucesores.
En el municipio de Malvinas Argentinas, su alcalde, Jesús Cariglino, que llevaba en el cargo desde 1995, dispuso aumentarse el sueldo un 150 % antes de irse, con lo que ganará más que la propia presidente. El aumento, suspendido por la Justicia, incluía a todo el personal jerárquico del municipio. Y, como regalo envenenado a su sucesor, decidió aumentar la plantilla del municipio con 3.000 nuevos trabajadores fijos.
El historial de Cariglino, un antiguo panadero de origen peronista que se había resistido al kirchnerismo, y que en los últimos meses pasó por el PRO de Mauricio Macri y el Frente Renovador de Sergio Massa, incluye una detención en el 2003, acusado de estafa, defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. Y durante su gestión en el municipio tuvo decenas de causas judiciales en su contra.
Algo parecido sucede en Merlo, también en el conurbano bonaerense, donde el intendente es todavía Raúl Othacehé, también conocido como el Vasco, en el cargo desde el año 1991. Sus orígenes políticos están en la ultraderecha peronista, aunque acabó aliado del kirchnerismo. Manejó siempre el territorio imponiendo el terror, con bandas armadas que amenazaban a sus opositores.
Fue derrotado por Gustavo Menéndez, también kirchnerista, que denunció la destrucción de documentos y el impulso a la toma de terrenos. Funcionarios y punteros políticos los estarían vendiendo a los más necesitados. Esta toma de terrenos y casas sociales a medio construir pretendería crear una situación de caos y ocultar un posible desfalco con esas viviendas. Othacehé también duplicó la plantilla municipal y aumentó el sueldo a los concejales oficialistas en un 70 %, con efectos retroactivos desde el mes de junio.
Esta transición traumática entre teóricos aliados de un mismo partido, el oficialista Frente para la Victoria (kirchnerista), recuerda lo que pintó hace años la famosa novela de Osvaldo Soriano, No habrá más penas ni olvido, en la que retrató las violentas luchas de peronistas de izquierda y de derecha en los convulsos años 70.
En La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, que el oficialista Pablo Bruera perdió ante el candidato de la oposición, Julio Garro (Cambiemos), camionetas municipales se llevaron hasta algunos juegos para niños en distintas plazas de la ciudad.
En Morón, feudo de Martín Sabatella, un aliado del kirchnerismo duro, donde venció un candidato del opositor Cambiemos, se cerraron los consultorios de maternidad de alto riesgo y se cancelaron cirugías programadas, con el falso argumento de que “el nuevo gobierno está evaluando a quién atender y a quién no”. Es la campaña del miedo de cara a la segunda vuelta de las presidenciales del próximo día 22 de noviembre, que impulsa la idea de que si gana el opositor Mauricio Macri se viene el más feroz neoliberalismo, se acaban los planes sociales y los subsidios.
Por parte oficial, ni el todavía gobernador de la provincia de Buenos Aires, el candidato presidencial Daniel Scioli, ni la presidente, Cristina Fernández, se hacen cargo de la situación. Scioli se declaró contrario a las tomas ilegales, pero subrayó que hay que analizar si se trata de un tema político o surgió a partir de necesidades habitacionales de la gente.
La presidente publicó en las últimas horas una larga serie de mensajes en la red social Twitter, pero no hizo la menor referencia al tema. Casi todos fueron para destacar el número de argentinos que están viajando al exterior, a pesar del cepo cambiario, y el consumo de bolsas de cemento.
